Al término de la primera Evaluación del Desempeño Docente, que se aplicó entre el 14 de noviembre y el 13 de diciembre de 2015, la SEP no cuenta con recursos para defenderla como parte de un proceso de mejora de la calidad educativa. Sin embargo, fanfarronea acerca del alto número de participantes en la misma y continúa con su lógica de implementar la reforma educativa por la fuerza.
Jueves 24 de diciembre de 2015
La Secretaría de Educación Pública (SEP) declaró en un comunicado que el porcentaje promedio de participación en 27 entidades federativas y en el Distrito Federal fue prácticamente del 95 por ciento.
Ya que la meta prevista de participantes docentes y evaluadores para este proceso (en el ciclo escolar 2015-2016) era de 152 mil ocho personas a nivel nacional, de los cuales 131 mil 556 aplicaron la evaluación de desempeño docente (20 mil 452 no acudieron al examen).
El discurso oficial, apoyado por los medios de comunicación al servicio del gobierno, es que los maestros tienen el derecho a ser evaluados y quieren participar en este proceso, criminaliza a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como si no estuviera conformada por maestros y apoyada por diversos sectores de trabajadores, estudiantes y organizaciones que han salido a protestar en contra de la reforma educativa.
El gobierno utilizó como pretexto las movilizaciones, desconociendo el derecho de protesta de la población, para llenar las calles de policías, gendarmería y militares, queriendo obligar a los docentes y a la población disidente a guardar silencio y acatar sus planes de llevar a cabo la evaluación punitiva.
Para el gobierno, los ataques de los aparatos represivos durante el proceso de la evaluación fueron culpa de los maestros, y los medios los llamaron enfrentamientos, cuando los maestros no contaban con el armamento de un cuerpo entrenado de policía. Despedidos, heridos, presos y un muerto es el saldo del llamado derecho a evaluarse, como aquí lo mencionamos.
Incongruencia en las cifras
De acuerdo a la información proporcionada por Paréntesis, el reporte del número de participantes en los Estados aumentó con respecto a las primeras declaraciones, que ya de por sí eran cuestionables, sobre todo en los Estados más combativos como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
El conteo final incluye a los 2 mil 170 docentes convocados para alcanzar una certificación como evaluadores por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), estableciendo en 149 mil 838 el número de maestros frente a grupo y directivos seleccionados por las autoridades para participar en el proceso de evaluación, lo que deja un incremento de 89 sustentantes de acuerdo con los datos de la SEP, los cuales ascendían a 149 mil 749 educadores programados para la evaluación.
La misma redacción da cuenta de los casos por entidad: en Michoacán la dependencia informó que el pasado 22 de noviembre fueron evaluados mil 639 docentes y 480 reprogramados (sin especificar la fecha de aplicación). En el recuento final del pasado 13 de diciembre, señaló que la participación fue de mil 674, lo que implica 35 maestros adicionales. No obstante, las cifras estimadas por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al cierre del proceso de registro en esa entidad, fueron de 5 mil 742 profesores de educación básica; 867 de media superior, y 431 directores de formación básica.
En cuanto a los maestros evaluados en Oaxaca, la SEP informó el pasado 28 de noviembre que participaron 2 mil 635 sustentantes de formación básica y media superior, pero la cantidad final fue de 2 mil 737, es decir, 102 más.
En Guerrero, cuando se aplicó la evaluación que habría sido reprogramada para 577 docentes, el 11 de diciembre -debido a las protestas que hubo dentro de las instalaciones de la evaluación el 3 de diciembre anterior- la SEP afirmó que con esta cifra se alcanzaron los 2 mil 537 de los programados el 3 de diciembre, a los que se sumaron 135, lo que dio un total de 2 mil 672, pero en el conteo final, dado el 13 de diciembre, la cantidad aumentó a 2 mil 808, lo que implica 136 profesores adicionales.
En Chiapas, entidad donde el proceso de evaluación se realizó el 8 de diciembre, pese a que estaba programado para una fecha posterior, la SEP reportó mil 309 docentes examinados, pero el 13 de diciembre, el número final se incrementó a mil 368, es decir, 59 más.
Fracaso en la logística
“A lo largo del año, más de 360 000 docentes de educación básica y media superior presentaron evaluaciones de ingreso, promoción y permanencia. Estos datos muestran que la Reforma Educativa está en marcha”. Fueron las palabras del comunicado emitido por el INEE, institución que además tuvo que aceptar la existencia de diversas fallas en la evaluación del desempeño docente.
El INEE responsabilizó a las entidades federativas de la tardía notificación de la evaluación a varios profesores, lo que les dejó muy poco tiempo para prepararse, señalando que las listas de participaciones tuvieron que ser validadas en varias ocasiones.
Hubo maestros a quienes no les llegó su notificación por correo y se enteraron al último momento que habían sido seleccionados, hubo dificultades técnicas al momento de subir las llamadas “evidencias” a la plataforma digital. A la hora de la aplicación del examen hubo fallas incluso en la entrega de las claves para poder acceder a la plataforma.
En las entidades en las que la disidencia fue mayor, los maestros tuvieron que partir desde muy temprano, en la madrugada, de sus casas para ser trasladados a las sedes de la evaluación y resolver un examen de más de ocho horas de duración. Además de que a otros les cambiaron de último momento la sede de aplicación del examen, sedes que estaban bastante retiradas, tanto de sus hogares como de las sedes incorrectas a los que los maestros acudieron, lo que les impidió llegar a la hora de comienzo de la aplicación, mientras que a otros, las computadoras se les trabaron y ya no pudieron continuar contestando el examen.
Arbitrariedad en la aplicación de la reforma
Bajo estas condiciones, es un descaro que el gobierno pretenda establecer la diferencia entre docentes idóneos y no, de entre los que acudieron a la evaluación. El examen es arbitrario, por tanto, los despidos que se deriven de este proceso también lo son.
La ley establece que quienes resulten no idóneos, tendrán la posibilidad de presentar el examen dos veces más y si no lo pasan serán movidos de sus puestos de trabajo. Mientras que quienes falten tres días en un mismo mes o quienes no se presenten a la evaluación después de ser notificados, serán despedidos, a menos que presenten un justificante, lo que les daría oportunidad de presentar el examen en una fecha posterior.
Ante la amenaza del gobierno de despedir a los maestros que no aprueben la evaluación, la CNTE propone llevar a cabo un paro nacional en cuanto se conozca al primer docente despedido por las autoridades educativas. Las limitaciones de los recursos jurídicos muestran la necesidad de impulsar una gran movilización en las calles, de miles de maestros junto a otros trabajadores y sectores democráticos para detener la represión, liberar a los presos, evitar los despidos y echar abajo la reforma. Los resultados de la evaluación docente serán publicados por la Secretaría de Educación Pública el 15 de febrero de 2016.
Con información de colectivo Insurgencia Magisterial, Paréntesis y Quadratin.
