Una tradición que se remonta desde la mitad del siglo XIX, y que hoy se transforma en un derroche de corrupción y privilegios, atravesados por los escándalos de Milicogate, la impunidad de los genocidas y las pensiones millonarias.
Miércoles 20 de septiembre de 2017
Esta tradición comienza a mediados del siglo XIX cuando la Academia Militar, creada por Bernardo O’Higgins en 1817, realizaba sus ejercicios militares de entrenamiento, lo que atraía a la ciudadanía a observarlos. Pero, sería en 1915, bajo el mandato de Ramón Barros Luco, que se declaró legalmente el 19 de septiembre como el “Día de las Glorias de Ejército”.
Pero no está de más preguntarnos: ¿Qué “Glorias de Ejército” se celebran? Estas “glorias” están manchadas con sangre y repletas de dinero, que arrastran un historial de asesinatos de obreros y obreras, de pueblos originarios, de personas inocentes, y de grandes privilegios comparados con la mayoría de la población chilena.
En la fecha que se inicia esta tradición, el Ejército ya estaba manchado con sangre mapuche, tehuelche y selk’nam, en lo denominado como “Pacificación de la Araucanía” decretado por el Estado para dominar territorios en el sur que luego fueron entregados a colonos europeos. Y a comienzos del siglo XX hay un largo y trágico historial de masacres obreras, sólo por nombrar algunas como la de 1903, una masacre contra los portuarios y obreros del carbón en Coronel, 1905 cuando se volcó al Ejército contra los manifestantes en Santiago en lo que se llamó “la huelga de la carne”, 1906 la masacre contra los obreros ferroviarios en la Plaza Colón de Antofagasta, 1907 la masacre más recordada en la Escuela Santa María de Iquique contra familias salitreras que exigían condiciones dignas de trabajo, y un largo “etc” que culmina en 1973 con el Golpe Militar que fue el gran genocidio donde se registran más de 35 mil casos de violaciones a los DDHH durante los 17 años que duró la dictadura en Chile.
Aún con estos datos sangrientos, actualmente las FFAA cuentan con un prontuario de privilegios
De la población chilena sólo el 0,3 % son militares, una minoría claramente. Los hombres se jubilan a los 53 años y las mujeres a los 50. La pensión promedio es de 886 mil pesos. Mientras que la mayoría de la población, la trabajadora, tiene como edad de jubilación los hombres 65 años y las mujeres 60. Y la pensión promedio es de 190 mil pesos.
Es más, en dictadura, el año 1975 la junta militar decreta la ley 13.196, llamada “Ley reservada del cobre”, que obliga a Codelco a entregar el 10% de las ventas anuales a las FFAA, sin mediar impuestos, con un monto mínimo de 90 millones de dólares que alcanzaría para más de 20 hospitales completamente equipados y poder financiar la educación gratuita para todos los estudiantes de las universidades estatales.
“Milicogate”, la gloria de la corrupción
La Fiscalía realizó una investigación que ya arroja los desvíos de 3.600 millones de dólares de los fondos reservados del cobre desde la cúpula militar. El ex Comandante en Jefe durante el período 2010-2014, el general Juan Miguel Fuente-Alba, es uno de los investigados, debido a un patrimonio millonario que no se condice con su renta mensual, de igual modo siendo está muy elevada, recibiendo el pago de 4 millones de pesos mensuales, lo que equivale a 16 veces el sueldo mínimo.
Y siguiendo con el historial de privilegios e impunidad, los violadores de DD.HH. presos en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, acusados de asesinato, desapariciones y tortura, reciben pensiones millonarias que superan en algunos casos los 3 millones de pesos.
Desde nuestras candidaturas obreras, de las mujeres y la juventud, rechazamos completamente el manto de impunidad que protege a las FFAA, exigimos que se acabe la Ley reservada del cobre y que se nacionalicen los recursos naturales, como el cobre, bajo administración de los trabajadores y sin pago a las empresas, para financiar nuestros derechos más básico como salud, educación y vivienda. Al mismo tiempo exigimos que haya cárcel común para todos los militares genocidas que hoy gozan de privilegios. Y que se acaben todos los privilegios a las Fuerzas Armadas.
Nancy Lanzarini
Profesora de Lenguaje y Comunicación.
