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Red Internacional
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Análisis. Paradoja en forma de DNU: ¿el Estado somos todos?

El presidente Alberto Fernández prohibió los despidos y suspensiones hace más de un mes. Desde el Observatorio de Despidos de La Izquierda Diario analizamos el rol del Estado y las contradicciones entre los decretos dictados y la realidad de miles de trabajadores y trabajadoras.

Lautaro Nogueira @Lautinogueira - Sociólogo UNLP

Viernes 8 de mayo de 2020 16:02

Durante las últimas dos décadas que han pasado desde el comienzo del milenio contamos con numerosos ejemplos que certifica lo que Lenin escribía hace más de 100 años: “El Estado es producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables” ("Estado y Revolución")

La crisis del 2008 estallaba a partir de la caída de unos de los bancos más grandes del mundo debido a la explosión de lo que se conoce como la burbuja financiera. El Estado norteamericano ante esta crisis opta por el salvataje de los bancos para intentar evitar que la caída sea en efecto dominó inyectando cantidades exorbitantes de dólares a costa incluso de desfinanciarse. Esto muestra la irracionalidad de los Estados que destinan los fondos no para la inversión productiva sino para la recompra de sus propias deudas y acciones para continuar con la rueda financiera, lo cual llevaría a una crisis social en escala en los demás Estados nacionales, consecuencias que sufrimos hasta la actualidad.

Hoy podemos ver cómo los Estados nacionales cumplen las mismas funciones que en todas las crisis. Los datos posteriormente expuestos demuestran cómo el Estado argentino destina la mayor parte de sus recursos al pago de la deuda y a subsidios a las grandes empresas en detrimento de las condiciones de vida de millones.
En los últimas días, la CGT y la UIA, negociaron con los grandes grupos empresarios una reducción salarial del 25% y la posibilidad de suspender a trabajadores y trabajadoras en todo el país. Está claro el accionar de las cúpulas sindicales de la CGT que, en vez de proteger los derechos y los intereses de los trabajadores y trabajadoras acceden a un acuerdo que beneficia los intereses de los empresarios a costa de la clase trabajadora.

Vale aclarar que, a todo esto, el presidente Alberto Fernández calificó como “histórico” el pacto firmado por los sindicatos, festejando públicamente, y refiriéndose al impuesto a los grandes empresarios como un “aporte excepcional”.
No contento con este beneficio el Frente de Todos junto a Cambiemos se negaron a discutir el proyecto presentado por el FIT-U para discutir el impuesto a las grandes fortunas.

Esto deja a las claras que el Gobierno está tomando medidas que no hacen más que favorecer a los grandes empresarios, cargando toda la crisis económica a los hombros del pueblo trabajador, que ya no posee ni siquiera la protección de las direcciones sindicales, que dicen defenderlo.

En cuanto a la realidad del pueblo trabajador, podemos observar que los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales golpean de a oleadas a millones de familias. Los empresarios descargan la crisis y el Gobierno, además de permitirlo, se suma al ataque. El porcentaje de suspensiones por parte del Estado representa un 25,27% del total, es decir, 1 de cada 4 trabajadores que sufren suspensiones corresponde al Estado. Si consideramos el total de los ataques (despidos, suspensiones y “otros ataques” retraso en el pago, incumpliendo de aumentos, etc.) el porcentaje es 10,24% sobre el total, es decir, 1 de cada 10 trabajadores afectados. Es paradójico, que sea el mismo Estado el que efectúe despidos y rebajas salariales en todo el país, siendo el mismo el que los prohibe a partir del decreto emitido el 1° de abril.

El Gobierno, desde la primera semana del mes de abril, ya lleva comprometiendo 514.000 millones de pesos de Anses para proteger la ganancia de los grandes empresarios. Esto son 14 veces la cantidad de dinero asignada para el ingreso familiar de emergencia, para el que solo se otorgaron 36.000 millones de pesos. Mientras el gobierno salva a los grandes empresarios, miles de trabajadoras y trabajadores se quedan sin ingresos a lo largo de todo el país y muchos ni siquiera pueden acceder a los $10.000 que verdaderamente son una miseria.

A modo de conclusión

Una de las cosas que comúnmente se enseña en toda escuela de cualquier país del mundo es que el Estado es el que representa el “interés general”, que está para defender los intereses comunes de toda la población. Pero la población no es un todo homogéneo y este es el punto de partida de la crítica de Marx. La sociedad está dividida en clases sociales y la historia de la lucha de clases nos ha demostrado una y otra vez que el Estado no somos todos, sino que es una institución creada con fines específicos.

Actualmente el Observatorio de Despidos que se realiza en este medio indicó que alrededor de 2,5 millones de trabajadores sufrieron algún tipo de ataque a su salario, tanto económico como contractual. Como para coronar este ataque a la clase trabajadora hace escaso días Alberto Fernández sostenía que “ahora la clase trabajadora gasta menos” intentando justificar el recorte del 25 % a los salarios que pactó el gobierno con la UIA. Bien sabemos que la realidad del pueblo trabajador no es para nada holgada sino que todo lo contrario.

En el año 2019 hubo aproximadamente un 50 % de inflación, si a eso se le suma la de este año, más el aumento que hubo en todos los productos y servicios esenciales nos da como resultado que el salario real no para de caer, es decir, mayores miserias para los que hacen girar la rueda.

Como vemos el Estado no acciona frente a la avanzada patronal, sino que los premia con subsidios que de conjunto suman 500 mil millones de pesos, mientras que los jubilados deben agolparse en grandes filas para cobrar un salario de miseria que ronda los $ 20.000 o jóvenes y desempleados esperando cobrar el IFE de unos magros $ 10.000.

Lo que intentamos dejar en claro en estas líneas es que las irracionalidades de este sistema tienen su propia lógica como también sus defensores y sus beneficiarios. Para aquellos que se preguntan qué podemos hacer...
La respuesta es clara, preparar desde ahora una salida hacia un nuevo orden social donde lo que hoy unos pocos consideran racional deje de serlo y lo que ellos dicen que es utópico se vuelva real, para eso, hay que afectar sus intereses materiales.
La clase obrera tiene que organizarse para enfrentar este sistema irracional y derrotar esta ofensiva, más aún en tiempos de crisis como la del coronavirus, donde el Estado muestra su verdadera rol de opresión de clase.