Ayer los dirigentes de los gremios nacionales docentes acordaron una “ actualización” del 10 % con el gobierno nacional que lleva el piso salarial a $ 27.500 a partir del 1ero de diciembre, lo cual en muchas provincias no implica ningún aumento salarial. La Ctera y el resto de los gremios pactan salarios por debajo de la línea de pobreza de forma totalmente inconsulta.
María Díaz Reck Docente y congresal de Suteba La Plata
Martes 1ro de diciembre de 2020 14:53
Foto: Ambito
Las paritarias a la baja son parte del ajuste sobre el salario y las jubilaciones que lleva adelante el gobierno para cumplir las exigencias del FMI.
En la reunión, realizada en el Palacio Pizzurno, participaron representantes de la CTERA, UDA, SADOP, AMET, CEA y de los Ministerios de Educación (Nicolás Trotta) y de Trabajo ( Moroni).
Allí también se renovó por cuatro meses más el pago de la suma extraordinaria "FONID-suma extr.2020/2021" de 4.840 pesos en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 1.210 pesos, la cual será abonada en diciembre, enero, febrero y marzo.
Esta “actualización” que avala Ctera impone la sobrecarga laboral para llegar a fin de mes, mientras legitima la subocupación y desocupación creciente en la docencia con la suspensión de nombramientos y creación de cargos en pandemia.
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Este acuerdo contrasta además con el dato del valor de la Canasta de Consumos Mínimos que elabora la Junta interna de ATE-Indec,donde indica que ningún trabajador debería ganar menos de $ 76.500, para un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar.
Realidades paralelas
Mientras las conducciones sindicales pactan salarios de miseria para el conjunto de los trabajadores de la educación, son estos quienes a lo largo de este año se pusieron al hombro la tarea de la continuidad pedagógica. Con recursos propios, precarización y trabajando muchas más horas que en las clases presenciales.
10 en hipocrecía
En el acta acuerdo firmada ayer se afirma que "El conjunto de estrategias, políticas y acciones desplegadas en el marco de la emergencia y la excepcionalidad que afectó al sistema educativo en su conjunto, por imposición de la Pandemia por COVID-19, permitieron garantizar el derecho a la educación y asegurar la continuidad pedagógica, siendo ello posible por el compromiso de docentes, profesoras y profesores, equipos escolares, directivos, supervisores, autoridades educativas, familias y alumnos y alumnas de todo el país". Más falsedades no se consiguen. Afirman que se garantizó el derecho a la educación, cuando hay miles que no pueden continuar estudiando porque no tienen datos, wifi, una computadora o celu, o directamente no tienen un hogar donde puedan hacer las tareas.
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La precarización educativa, que viene sufriendo la escuela pública gobierno tras gobierno, se profundizó en el marco de la pandemia. Hoy hay miles de estudiantes “ desvinculados” de la escuela. La “mágica” respuesta a esta crisis en Buenos Aires fue la ocurrencia de Kicillof de crear planes de precarización docente como el PIEDAS y el ATR, gran ingenio con tal de que cierren los números de ajuste fiscal que pide el FMI. En otras provincias no existió este tipo de planes y miles de docentes quedaron sin ingresos.
Los resultados del Operativo Aprender 2019 dan cuenta de la baja tasa de finalización del secundario en tiempo y forma en el país. Solo tres de cada diez estudiantes egresan a término.
En Argentina un 48,7% de estudiantes no tiene computadora y un 47% no cuenta con WiFi en su casa, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Es decir que casi la mitad de los chicos en edad escolar no cuenta con los recursos para poder acceder a la modalidad virtual que se viene aplicando desde la suspensión de clases en marzo, a causa de la pandemia del coronavirus. Ni hablar de que hay miles de niñas, niños y adolescentes que ni siquiera tienen una casa donde vivir, como vimos en Guernica, y en otras tantas tomas de tierras, donde la receta de los gobiernos es el desalojo y la represión.
Un presupuesto del FMI
El presupuesto nacional 2021 establece un ajuste del 9,5 % en términos reales del gasto primario respecto a 2020, incluyendo una reducción del gasto en salud de 9,4%, elimina el IFE, incorpora $27000 millones a las Fuerzas Armadas, etc, mientras niegan medidas de fondo para solucionar la problemática de vivienda, salud, y educación. Con el impacto de la devaluación, millones ven afectadas sus condiciones de vida y licuación de salarios.
No invirtieron un centavo en conectividad, dispositivos para docentes y estudiantes. En sus últimas declaraciones el ministro de educación Trotta plantea que “ en marzo se volverá a la presencialidad”. Las escuelas se siguen cayendo a pedazos, como en el mes de marzo, y las condiciones de infraestructura son pésimas.
Para defender la educación pública y los derechos de los pibes y de los trabajadores de la educación necesitamos que el sindicato deje de ser funcional al ajuste del gobierno. Pero Sonia Alesso, Baradel y el resto de los dirigentes sindicales hoy funcionan como correa de transmisión de las políticas del gobierno.
Para que no siga profundizando esta catástrofe educativa, es urgente que se destine presupuesto a educación, sobre la base del no pago de la deuda, impuesto a los bancos y grandes fortunas. Exigimos un plan de obras para poner las escuelas en condiciones, dispositivos y conectividad gratuita para todos alumnos y docentes, creación de cargos, ningún docente sin cargo, ningún estudiante sin docente! Un salario de cuarentena de 30 mil pesos cómo mínimo para los docentes sin trabajo y becas para todos los estudiantes en los que en su hogar el ingreso sea menor a la canasta familiar. Se necesita además un plan de viviendas. ¡Ningún alumno sin techo!
