Al igual que en Chile y Perú, la medida busca paliar la grave situación económica y social de millones ante la pandemia frente al abandono del Estado. Tendrán que devolverlos para no perder parte de la jubilación.
Sábado 14 de agosto de 2021 00:24
La cámara de diputados aprobó anoche el proyecto de ley para autorizar el retiro de aportes de las AFP. Masistas y derechistas aprobaron esta ley por unanimidad. Se busca incorporar más de 4000 millones de bolivianos a la economía ante más de un millón y medio de posibles beneficiarios.
El proyecto autoriza el retiro de un máximo de 15.000 bolivianos de las cuentas personales, así como los mayores de 50 años que solo tengan aportes inferiores a 10 mil bolivianos podrán retirar la totalidad de sus aportes. Solo podrán acceder a esta posibilidad quienes estén sin aportes desde el año 2020.
Con esta medida el Gobierno pretende incorporar mas de 4000 millones de bolivianos a la circulación, lo que permitirá dar un impulso suplementario a la maltrecha economía nacional. La unanimidad en el tratamiento del proyecto de ley obedeció a la exigencia de la oposición parlamentaria de no mencionar las palabras de fraude o de golpe de Estado, exigencia aceptada por el MAS y que permitió viabilizar su tratamiento.
La exigencia de devolución de aportes tuvo sus primeras expresiones en Chile y luego Perú, ante el abandono por parte del Estado de la grave situación económica y social en que quedaron millones de trabajadores y trabajadoras ante la pandemia y el colapso económico provocado.
Esta medida, aunque permite aliviar la situación de familias que no cuentan con recursos ni trabajo, establece un manto de sombra sobre el futuro de las jubilaciones de aquellos que retiren estos aportes al perderse la fracción solidaria en lo que sería sus futuras jubilaciones. Es por esta razón que la Ley establece que los que retiren aportes deberán reponer estos retiros apenas consigan trabajo a riesgo de ver sustancialmente disminuidas sus jubilaciones a futuro.
Aunque esta medida es sentida como un alivio por casi un millón y medio de personas que podrán acceder a los retiros, es el resultado de que durante el Gobierno de Evo Morales, pese a algunas tímidas reformas, mantuvo el sistema de capitalización individual establecido por el Gobierno de Sánchez de Lozada a mediados de los años 90, luego de liquidar el régimen solidario que estaba vigente desde los años 50.
Fue el MAS que con la reforma impulsada el 2013 estableció una jubilación de privilegio para los integrantes de las FF.AA., quienes reciben una jubilación equivalente al 100% del total ganado en actividad, mientras que el resto de la población debe recibir rentas sustancialmente inferiores.
Recordemos que el MAS aprobó la reforma de la ley de pensiones luego de una feroz represión a los trabajadores mineros, fabriles, maestros y salubristas ante las huelgas de mayo y junio de ese año, huelgas que solo fueron levantadas gracias a las prebendas y corrupción de los dirigentes de la COB (Central Obrera Boliviana) y a una brutal represión, particularmente al sindicato de trabajadores mineros de Huanuni que ese año habían impulsado la lucha por un Partido de Trabajadores (PT) independiente del Gobierno y de la oposición derechista.
Las diferencias en el trato otorgado a las FF.AA. con respecto a la policía, fueron alimentando la animadversión de esta última fuerza represiva que durante el golpe de Estado de octubre-noviembre del 2019, exigió un tratamiento similar, iniciando el golpe con un motín policial que se generalizó a todo el territorio nacional.
