LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN. Parlamento de Uruguay aprueba la ley represiva y ajustadora de Lacalle Pou

La Ley de Urgente Consideración (LUC), buque insignia del Gobierno derechista de Luis Lacalle Pou, obtuvo este miércoles su visto bueno después de que el Senado uruguayo aprobara las modificaciones acordadas por la Cámara de Representantes.

Este paquete legislativo de unos 475 artículos incluye asuntos que van desde la "flexibilización de la legítima defensa policial", es decir la legalización del gatillo fácil hasta un ataque al derecho de huelga, prohibiendo las ocupaciones de los lugares de trabajo. Se trata de un paquete de políticas abiertamente neoliberales, represivas, ajustadoras y privatizadoras.

La LUC fue aprobada por 18 votos de la coalición de centro-derecha que gobierna Uruguay desde el 1 de marzo, incluido el de la presidenta de la Cámara y vicepresidenta del país, Beatriz Argimón, mientras que los 12 senadores del Frente Amplio votaron en contra. Sin embargo, la bancada del FA aprobó la mitad de los artículos de la LUC en la discusión artículo por artículo.

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Esta ley fue el eje de la campaña electoral de Lacalle Pou en octubre pasado y de la "coalición multicolor", que incluye a sectores de extrema derecha y de militares como los de Cabildo Abierto.

Apenas terminada la votación, Lacalle Pou escribió en su cuenta de Twitter: "El Parlamento acaba de aprobar finalmente la #LUC. El reconocimiento al trabajo de todos los legisladores que le pusieron esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora. Gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular que hace muchos años comprometimos".

En los últimos meses distintas movilizaciones tuvieron lugar para rechazar el intento de avanzar con esta ley de perfil claramente derechista y liberal.

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Uno de los aspectos centrales es la seguridad y la represión con propuestas que apuntan a la criminalización de la pobreza y el control social: garantías para la policía, normas que favorecen el gatillo fácil, aumento de penas y condenas, recortes a las garantías individuales y los derechos democráticos son las principales medidas que se plantean.

La ley también cercena la protesta social, al limitar el derecho de huelga. Para esto la derecha también hizo uso de un decreto frenteamplista que prohibía los piquetes como forma de lucha, dándole ahora rango de ley.

En otras áreas, la ley termina con algunos controles financieros sobre el pago electrónico lo que favorece la irregularidad y el trabajo informal, así como también un menor control acerca de los activos económicos de los empresarios.

El área educativa es una de la que tiene más extensas referencias en la Ley de Urgente Consideración, y entre otras cuestiones da mayor peso a representantes de la educación privada, así como también elimina los consejos de educación en distintos niveles y con ello, la representación de los trabajadores en dichas instancias. Y deja abierta la puerta a una mayor mercantilización y lógica lucrativa.

El avance meteórico de la derecha para aprobar en tan pocos meses un ataque de semejante magnitud muestra el rol de las direcciones sindicales, como la PIT-CNT que decidieron darle su momento de luna de miel al nuevo Gobierno, sin llamar a una lucha seria para enfrentar en las calles esta ley ajustadora y represiva. La política de la central sindical ha acompañado a la política de “reducción de daños” y acuerdos parlamentarios impulsada por el Frente Amplio.

También deja en claro que en 15 años de gobiernos frenteamplistas, el más de derecha entre los "posneoliberales" de la región, no modificaron siquiera tímidamente la estructura socio política del país. Sobre esto se apoya ahora la derecha tradicional para avanzar en tan solo unos meses, con un programa que recuerda a lo peor del neoliberalismo noventista.