Censo. Paro cívico de la derecha boliviana: ¿nueva asonada golpista?

El censo de población y vivienda que debía efectuarse en noviembre de este año, se convirtió en un nuevo punto de cruce entre el oficialismo y la oposición en Bolivia. El Gobierno de Arce firmó un decreto postergando el mismo hasta 2024 mientras que la oposición de derecha exige que se realice en 2023. El resultado del censo definirá entre otras cosas la redistribución de recursos para los gobiernos regionales según la nueva demografía y datos poblacionales, como así también la cantidad de escaños parlamentarios. Sin embargo, la derecha organizada en los Comités Cívicos, como el de Santa Cruz, no solo piensa en esto cuando reclama una rápida realización del censo, sino que busca una causa que le permita volver a tomar las calles y reorganizarse tras la debacle sufrida luego del golpe de 2019.

Es por esto que el pasado 30 de septiembre las instituciones cívicas cruceñas realizaron un cabildo que definió una huelga indefinida desde este sábado, en caso de que el censo no se realice el próximo año.

Luego de infructuosas gestiones para intentar llegar a un acuerdo entre el gobierno central y los cívicos cruceños, la medida de fuerza departamental se mantiene. El Gobierno de Arce ha llamado a rechazar este nuevo "intento golpista", como calificó la convocatoria al paro regional indefinido, afirmando que lo que se busca es desestabilizar su administración y sabotear los esfuerzos de recuperación económica. Por su parte, algunos ministros de Gobierno afirmaron que saldrán a desbloquear las vías si se producen intentos de garantizar el paro mediante el uso de la fuerza, además de responsabilizar a los cívicos y al gobernador Camacho de la violencia que pueda producirse en Santa Cruz. Por su parte, el cívico y golpista, Rómulo Calvo, ha responsabilizado al Gobierno si llegaran a producirse heridos y muertos durante la protesta cívica.

La convocatoria a este paro regional se produce en un contexto político sumamente fluido, en un marco de profunda debilidad de las instituciones estatales pero también del sistema de partidos políticos, caracterizado por una extrema fragmentación y ausencia de proyectos de mediano a largo plazo, con el único partido de alcance nacional, el MAS, que evidencia día a día un nivel de fragmentación y de disputas internas que se trasladan a la gestión de gobierno.

El desempeño económico, con bajos índices de inflación y crecimiento moderado con respecto a la región viene actuando de amortiguador de las profundas contradicciones sociales y políticas, las que fueron abiertas con el golpe de estado de noviembre del 2019. El índice de inflación es uno de los más bajos de la región (1,9% a septiembre), así como la balanza comercial viene mostrando saldos favorables que alientan la llamada recuperación económica misma que, de todas formas, no alcanzará al crecimiento necesario que hubiera permitido pagar un segundo aguinaldo. Sin embargo, la demanda creciente de dólares que el Banco Central de Bolivia (BCB) se ve obligado a satisfacer para mantener la estabilidad del tipo de cambio respecto al dólar, amenaza no solo las reservas internacionales que vienen en caída hace varios años, sino que empuja al Gobierno del MAS a desplegar una política pragmática que busca reducir el déficit fiscal mediante ajuste a los trabajadores y trabajadoras.

Lo vemos con el despertar de nuevos conflictos sociales como es la resistencia de mineros, fabriles y asalariados en general al Decreto Supremo (DS) 2248 que excluye a las y los trabajadores de la administración de sus propios fondos de pensión y no, como afirmó cierta prensa interesada, de que es un rechazo a la administración estatal. O también en el rechazo a medidas claramente neoliberales y anti obreras como es la extensión del Estatuto del Funcionario Público a diversas reparticiones, como lo sucedido con la nueva NAABOL (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), y la amenaza de su aplicación en otras empresas estatales lo que significa la imposición de un régimen de trabajo que despoja de los más básicos derechos laborales como el derecho a la organización sindical, a la estabilidad laboral, indemnizaciones, entre otros.

Te puede interesar: ¡Basta de ataques antiobreros en NAABOL!

Lo mismo sucede con el rechazo a la exigencia gubernamental, mediante DS 4783, que establece que las empresas estatales remitan sus utilidades al gobierno central. Esta medida es rechazada por las y los trabajadores ya que apoyados en experiencias pasadas temen que las mismas conduzcan al vaciamiento de las empresas estatales. Es decir, consideran este decreto como una medida que impide la inversión productiva en las propias empresas. Pero, además, afirman claramente que no se trata de que las empresas estatales no cumplan con sus obligaciones, todo lo contrario, los trabajadores afirman que han cumplido, y lo siguen haciendo, con todas las obligaciones tributarias, con el pago de regalías al Estado y además con el aporte para el pago de bonos sociales como el Juancito Pinto, entre otros.

Te puede interesar: Un paso adelante pero insuficiente. Trabajadores mineros de Huanuni tomaron la COB y acusan de traidores a los dirigentes

El surgimiento creciente de mayor conflictividad en sectores obreros y populares que por la naturaleza de sus demandas no puede ser asociada a la movilización derechista de cívicos y del conservador y golpista gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es un nuevo elemento que contribuye a la fluidez de la situación política nacional y es el resultado de una orientación pragmática y tecnocrática del Gobierno de Arce.

¿Cuáles son las razones para un paro indefinido? La derecha cruceña y la derecha política ¿apuestan a transformar este conflicto en un todo o nada? ¿no arriesgan su propia existencia política con una medida que claramente está por encima de su verdadera relación de fuerzas? Por su parte, las organizaciones sociales y sindicales vinculadas al MAS en sus diversas alas, han convocado a un “Cabildo del pueblo” para este viernes 21 de octubre en el Chiriguano, también en la ciudad de Santa Cruz, para rechazar la medida de fuerza de cívicos y de la gobernación cruceña. ¿Será el anticipo de enfrentamientos?, ¿podrá el cabildo del pueblo contrapesar al cabildo cívico y sus medidas de fuerza?. ¿Qué debería hacerse si la racista Unión Juvenil Cruceñista (UJC) despliega bandas violentas durante el paro? Estas son algunas de las interrogantes que expresan un escenario de profunda polarización política y social así como la debilidad estructural de las instituciones estatales cada vez más cuestionadas, tanto por derecha como por izquierda.

Lejos de lo que Camacho, Calvo y toda la derecha viene afirmando sobre el censo como motor fundamental de la anunciada medida de presión, lo cierto es que luego del Gobierno de Áñez y del triunfo electoral de Arce- Choquehuanca, en octubre del 2020, la derecha política que llevó adelante el golpe de estado ha quedado profundamente fragmentada, casi sin capacidad de resistencia a los juicios que se han abierto con motivo del golpe, las masacres del 2019 y la corrupción desatada durante el Gobierno de Áñez. Hoy hay una treintena de detenidos preventivamente entre civiles y militares por estos juicios que son exigidos al gobierno de Arce por parte de las asociaciones de familiares y víctimas del golpe, así como por diversas organizaciones sociales y sindicales.

La derecha quiere iniciar una gimnasia de movilización callejera que le permita ir construyendo algún tipo de unidad no solo para evitar nuevas detenciones, como la del mismo presidente cívico Rómulo Calvo o incluso del gobernador Luis Fernando Camacho. Para este escenario es que apuestan a poder reconstruir el bloque social y político que permitió el golpe de estado del 19. Sin embargo, los riesgos son altos: en la misma Santa Cruz, la existencia de una enorme masa de trabajadores y trabajadoras que no se referencian en el comité cívico, que necesitan trabajar para llevar el pan día a día y que aun depositan expectativas en el Gobierno de Arce, nos ofrece un escenario impredecible de lo que pueda suceder con este nuevo paro cívico.

Los transportistas cruceños acaban de llegar a un acuerdo con el ministerio de gobierno para garantizar el transporte público durante las jornadas de paro cívico, así como diversos sectores sociales han declarado que ante el menor intento de la UJC de violentar las calles se movilizarían para impedir la imposición cívica-derechista. Mientras tanto, el transporte pesado empresarial, es decir, los dueños de grandes camiones, acaba de declarar su apoyo a los cívicos, lo que puede significar el bloqueo de carreteras.

A horas del inicio del paro cívico cruceño, previsto para las 00:00 horas de este sábado 22 de octubre, y del vencimiento del plazo para que el gobierno retroceda con el censo y sea realizado el 2023, las posiciones parecen estar lejos de cambiar. Es decir, el paro derechista será realizado y el Gobierno parece no retroceder con sus medidas y llevará adelante su cabildo del pueblo esta tarde a partir de los 16:00.

Hasta aquí lo cierto es que lo que viene pasando los últimos meses y semanas parecen recordarnos a la “Bolivia de siempre”. Es decir, un escenario de mucha fluidez donde la crisis de legitimidad de las instituciones estatales atraviesa todos los estratos de la sociedad, alentando las aspiraciones derechistas a hacerse cargo de la administración estatal pero también de sectores obreros, populares y campesinos a exigir cada vez más enérgicamente sus demandas. Los y las trabajadoras debemos discutir en cada lugar de trabajo y centro de estudio cómo vamos a enfrentar estos intentos de reagrupamiento derechista, de manera independiente y sin depositar confianza en el gobierno de Arce y Choquehuanca que han demostrado con creces estar más preocupados en tender puentes a los golpistas más que a derrotarlos.

Te invitamos a que veas nuestro programa #AbriendoBrechas #Programa36 en el que conversamos sobre la fluida situación nacional: