Derechos laborales. Paro docente en el Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero

El 3 de enero, los técnicos docentes del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Guerrero (IEEJAG) no iniciaron el ciclo escolar 2023-24 y pararon sus 12 coordinaciones en la exigencia de derechos laborales como: estabilidad en el trabajo (basificación), seguridad social, lo que implica ser afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esta situación de precarización laboral se ve agudizada en el estado producto de la emergencia humanitaria que generó el paso del huracán Otis, junto con toda la situación de violencia, desigualdad y pobreza que cruza a Guerrero.

Antecedentes de la injusticia laboral

La problemática de las y los trabajadores data de 2012, mediante una demanda para el reconocimiento como trabajadores de base, registro al ISSSTE, FOVISSSTE y demás prestaciones. Dicha demanda los llevó a tener un laudo que ganaron las y los trabajadores en 2017, mismo que fue emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, derivado del expediente 662/2013.

En él se reconoce la antigüedad y como trabajadores de base, se ordena el registro a la seguridad social de manera retroactiva, así como el pago de prestaciones, las cuales hasta la fecha han sido cumplidas parcialmente. A pesar de eso, ni el gobierno pasado encabezado por el PRI, ni el actual de la 4T, que no sólo tiene la presidencia de la República, sino la gubernatura del estado, han querido satisfacer las demandas de los trabajadores, a pesar de que el laudo les da toda la razón.

El número de trabajadores del IEEJAG que continúan siendo afectados es de 69, pues solamente los primeros 15 días de septiembre tuvieron seguro social y posteriormente fueron dados de baja del ISSSTE. Las y los docentes que padecen esta situación pertenecen a las coordinaciones de Acapulco, Chilpancingo y Altamirano, Iguala, Tlapa, Ometepec, Atoyac, Zihuatanejo, Cruz Grande y Marquelia.

De esto se percataron cuando le negaron el servicio médico a una trabajadora, lo que destapó que sólo algunos trabajadores estaban dados de alta con datos parciales, y posteriormente les dieron de baja. En este sentido, resaltan casos de trabajadores con una antigüedad de hasta 26 y 28 años, en donde las autoridades insisten en que no cuentan con los recursos para poder cumplir, aunque a los docentes se les solicitaron distintos documentos para el supuesto registro.

La precarización laboral en la educación

Las y los trabajadores reclamaron que las autoridades conocen su situación, por lo que demandan su intervención y exigen la justicia laboral que tanto les ha sido negada. Mientras tanto, en este momento se encuentran esperando respuesta de la autoridad laboral, estatal y federal.

Pero esta situación no se da de forma aislada, ya que, en abril 2022, integrantes de la sección 09 del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) de la CDMX, protestaron por los despidos de trabajadores precarizados, contratados bajo la figura de “solidarios”. Esta situación fue denunciada tanto por el personal “solidario” como por los integrantes de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación para Adultos (SNTEA), quienes también se movilizaron por violaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y por las promesas no cumplidas de las autoridades de hacer valer sus demandas.

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La situación en la que actualmente se encuentran las y los trabajadores del IEEJAG evidencia el avance de una política de precarización más general en el sector educativo, ante la cual las y los trabajadores han tenido que responder con paros y huelgas. Tal es el caso de la huelga de 50 días del Colegio de Bachilleres en la CDMX, que estalló como resultado de la negativa de la autoridad a cumplir sus demandas laborales.

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Dicha situación se replica en la educación básica, en donde la Nueva Escuela Mexicana (NEM), a pesar de su discurso progresista, mantiene el ataque contra las conquistas históricas de los trabajadores de la educación. Lo mismo podemos identificar en el nivel superior, en donde la Ley General de Educación Superior (LGES) perpetúa la precarización laboral y la exclusión de las universidades, a pesar de que diga que “garantiza derechos”.

En ese sentido, consideramos fundamental la unidad de las y los trabajadores de la educación, estudiantes, madres y padres de familia, que se manifieste en la movilización unitaria en las calles, precisamente porque hasta ahora las luchas se han dado de manera aislada, lo que les ha impuesto grandes limitaciones para satisfacer sus demandas.

Para luchar por demandas como aumento al presupuesto educativo (y no para continuar la militarización del país), por aumento salarial y por mejorar las condiciones laborales y de estudio, para lo cual es fundamental organizarnos escuela por escuela y en cada centro de trabajo y estudio, con independencia política respecto al gobierno, los partidos y las instituciones del régimen.

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