El cuestionamiento a las prácticas de corrupción existe en la ciudad. Es una de las reivindicaciones más sentidas por los capitalinos. Pero, ¿en qué consisten estas propuestas del partido liderado por Andrés Manuel López Obrador?
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Viernes 13 de mayo de 2016
El combate a la corrupción y la rendición de cuentas son los principales caballitos de batalla del Morena en la campaña electoral hacia la Constituyente.
Propone la creación de un organismo autónomo denominado “Consejo de Honestidad, Austeridad, Participación Ciudadana y Control Social”. Se integraría con cinco titulares electos por voto directo en las urnas. Su función: impulsar la intervención de los capitalinos para que se realicen “auditorías ciudadanas, investigaciones sobre actos de corrupción, y actuación en todo procedimiento y proceso que tenga que ver con actos u omisiones de corrupción pública, privada o social”.
También incluye entre sus propuestas la revocabilidad del mandato de los funcionarios públicos y la reducción a la mitad de los salarios actuales de los funcionarios y establece un tope de 30 salarios mínimos para los salarios más altos.
En el punto 10 de su plataforma a la Constituyente, “Finanzas públicas, distribución del presupuesto”, Morena plantea “Al desarrollo económico local concurrirán, con responsabilidad social, los sectores público, social y privado.” Sin embargo, en otro documento “100 razones para votar por Morena”, propone justo lo contrario: “En la Ciudad de México quedan abolidas las asociaciones público-privadas.”
Pues es un poco confuso. ¿Se incluirá o no al sector privado en el desarrollo económico local? Si no hay ruptura con el capital privado, no habrá forma de terminar con la corrupción, como desarrollaremos más abajo.
¿Cómo se puede terminar con la corrupción?
Muchas compañeras y compañeros ven con esperanza estas propuestas. ¿Pero alcanzan para desmontar el complejo entramado que existe entre los funcionarios públicos de alto rango y las empresas, tanto las de capital nacional como las extranjeras?
El “Consejo de Honestidad, Austeridad, Participación Ciudadana y Control Social” que propone Morena no es una idea nueva.
En Ecuador, durante la primera administración de Rafael Correa –hoy por su tercer mandato y cuestionado por su política de ajuste tras el devastador sismo que sufrió el país sudamericano– se creó en 2008 una nueva constitución que estableció como una de las cinco funciones del Estado la de Transparencia y Control Social.
Esta Función creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –compuesto por siete consejeros–, cuyo principal objetivo es promover la participación social. Sin embargo, aun así los nombres de varios funcionarios públicos del gobierno del otrora progresista Correa aparecieron en la lista de los Panamá Papers.
Según señala el diario El Telégrafo, Carlos Pólit, contralor general de Ecuador, se detectaron “irregularidades ‘importantes’ en las declaraciones patrimoniales de antiguos y ‘posiblemente’ actuales funcionarios de Petroecuador.” Se trata de funcionarios vinculados a la empresa offshore Arkdale Investments Limited, relacionada con empresas contratistas de Petroecuador. Parece que el control social y la participación ciudadana no funcionaron bien.
Este caso, que recuerda los negocios de Grupo Higa y de tantos otros con funcionarios mexicanos, vuelve a demostrar que hay un vínculo indisoluble entre la corrupción y el capitalismo.
Los gobernantes administran territorios y recursos al servicio de potencias imperialistas y trasnacionales o importantes compañías nacionales. Como la reforma energética, redactada por Hillary Clinton, votada en el Congreso. Y aplicada, con el costo brutal de la tragedia de Pajaritos, en Coatzacalco, Veracruz.
A cambio de administrar los negocios capitalistas, los funcionarios reciben cuantiosos salarios y prestaciones que las y los trabajadores de a pie ni siquiera logran imaginar. Pero además los empresarios entregan generosos presentes, como la casa blanca de Angélica Rivera, la primera dama.
Para garantizar los derechos de los de abajo
Reducir los actuales salarios de los funcionarios públicos a la mitad no es suficiente. Sergio Abraham Méndez Moissen, de la fórmula 5, Plataforma Anticapitalista, sostiene que hay que ir por más. “Para desaparecer los negocios entre los empresarios y el gobierno capitalino hay que terminar con los privilegios de los funcionarios. Que todos cobren igual que una maestra”, señala el joven candidato que vive del magro salario percibido por los profesores de asignatura de la UNAM.
Es imprescindible terminar de raíz con los negocios entre funcionarios y empresarios, que pretenden imponer una ciudad a su medida, con zonas exclusivas mientras devastan el medio ambiente y avanza el deterioro de la infraestructura urbana en las zonas más populosas de la capital.
Para eso se requiere el concurso de la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y los pueblos originarios. Méndez Moissen propone convocar la elección de una Asamblea Comunal Soberana conformada por un representante cada mil electores, elegidos por voto directo y con mandato revocable, con plenos poderes para lograr un plan de obras públicas racional de desarrollo urbano al servicio de los intereses de la mayoría de la sociedad. Para que la participación de los de abajo se haga efectiva.
En esta asamblea debe resolverse un Ejecutivo, que responda ante la misma. Los funcionarios electos por ésta deben ser revocables y con un salario igual que el de una maestra.
No alcanzan medias tintas para defender en forma consecuente los derechos de los trabajadores, las mujeres, la juventud y los pueblos originarios. Es necesario romper abiertamente con el capital privado y movilizar activamente a las mayorías, cosas que Morena no está dispuesto a hacer.
Para que la voz de los de abajo llegue a la Constituyente, el próximo 5 de junio vota la fórmula #5, Sergio Abraham Méndez Moissen, en la boleta.
Consulta acá las propuestas de la Plataforma Anticapitalista.
