Partidos con representación en el Congreso, desde el alcalde de Lo Barnechea Cristobal Lira (UDI) hasta Karol Cariola (Partido Comunista) han declarado por qué están a favor del despliegue de militares en las calles para "combatir la delincuencia", cabe preguntarnos; ¿Ha funcionado esta medida? ¿Qué consecuencias podemos esperar?
Domingo 17 de marzo de 2024
Desde que el martes pasado el Alcalde de maipú (sucesor de Cathy Barriga) Tomás Vodanovic, en una reunión con Carolina Tohá (Ministra del interior) le manifestó que son necesarias 3 medidas para combatir el crimen organizado en la comuna, entre ellas el despliegue de militares en puntos estratégicos para "liberar a las policías", distintos representantes de los partidos tradicionales han llamado al gobierno a aplicar la misma medida.
¿De qué se trata la solución que propuso Tomás Vodanovic? El militante del Frente Amplio aseguró que llevando a militares a puntos como salidas de metros, sectores de carreteras, fuera de edificios públicos, se puede "liberar" o desocupar a Carabineros en la comuna para combatir el crimen organizado.
Una formula planteada en abstracto que en palabras suena lógica pero que aplicada a la realidad sería un desastre que sólo podría contribuir al fortalecimiento del narcotráfico, la adquisición de armamento de guerra por las bandas criminales y ataques violentos no sólo entre éstas sino hacia la población civil.
Desde la promulgación de la ley Naín Retamal los partidos en el Congreso vienen haciendo una especie de acuerdo transversal sobre que financiar de manera creciente (este gobierno progresista se felicita señalando que han sido quienes más han invertido en la institución de Carabineros en la historia de Chile) y legislar para privilegiar a los funcionarios de las fuerzas armadas y las policías por sobre la población civil es una receta que mágicamente termina con el crimen organizado.
Además de aumentar el presupuesto en un 5,7% este año para "orden público y seguridad" el gobierno ha tomado una serie de medidas en este sentido, recordemos la reavivación de una institución de la dictadura llamada Consejo de Seguridad Nacional. El gobierno ha tomado en su programa las presiones de Chile Vamos y Republicanos, contradiciendo declaraciones previas, como de la vocera Camila Vallejo, quien tiempo atrás había declarado que dicho organismo no sería convocado.
El afán por involucrar a las Fuerzas Armadas en las decisiones políticas del país han sido una exigencia de la derecha desde la vuelta a la democracia. Los militares protagonistas de la dictadura, como el ex general Eduardo Iturriaga, hoy condenado a años de prisión por múltiples secuestros, asesinatos y torturas, declaraban aún en 1989 en el diario La Nación: "En cada Chileno hay un militar y no le quepa duda que si volviera a ocurrir lo acontecido en 1973, el ejército nuevamente tomaría el poder".
A 50 años de la dictadura militar pinochetista, las conmemoraciones del "nunca más" hechas por Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático contrastan con azuzar a los perros más rancios del empresariado Chileno, la derecha golpista. Hacer consejos donde los generales actuales de las F.F.A.A aseguran no tener capacidades para volver a las calles (bien quedó demostrado con las violaciones a los derechos humanos causadas el año 2019) y aún así, insistir en militarizar "infraestructura crítica" es decir, puntos estratégicos y concurridos en las ciudades más pobladas, como una solución a un problema que es en primera instancia, económico y social.
El narcotráfico es un negocio y puede combatirse como tal
El fenómeno de militarización y escalada en medidas que reprimen a la población civil (como las cárceles superpobladas de Bukele) no es sólo algo que pasa en Chile, tenemos el ejemplo de Argentina, donde está el gatillo fácil y Bullrich después de su protocolo antiprotesta está pensando en militarizar sectores como Rosario en respuesta al crimen organizado. En Israel está lleno de militares cumpliendo funciones de policías y la crisis humanitaria ha llegado al nivel de un genocidio en curso contra el pueblo palestino.
Así en todo el mundo la burguesía ha mostrado la fórmula de más dinero en policías, más dinero en militares y garantías para reprimir, como una solución mágica para combatir el crimen organizado. El resultado ha sido un aumento en las relaciones entre bandas criminales y altos funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad y la escalada en el poder de fuego del narco.
En Chile, CIPER revisó las condenas dictadas por la Corte Marcial entre 2012 y 2022, y en al menos 15 casos hay pruebas o fuertes indicios de que armas robadas por funcionarios de Carabineros y militares tenían ese destino. En seis de estas causas la justicia militar pudo registrar el nexo con delincuentes, incluidos narcotraficantes.
El narcotráfico es un negocio, que se adapta a las leyes y que sabe sortear las medidas de persecusión y militarización en los lugares donde operan. La periodista Alejandra Matus ha investigado el negocio ilegal del narcotráfico y propone levantar el secreto bancario, una medida que no gastaría ninguna bala más y que sería más efectiva y barata que el gasto millonario en instituciones corruptas como Carabineros y la PDI (cuyo ex director se encuentra formalizado).
Pero el interés económico es más grande, mientras se lava dinero incluso en puertos como en San Antonio, con el grupo Von Appen mirando pacientemente y recibiendo beneficios, el foco del régimen está puesto en repetir fórmulas que aumentan el problema.
El narcotráfico en un negocio, mientras recluta a miles de jóvenes que se sienten atraídos al dinero que pueden ganar en unas pocas horas, en contraste al desempleo y el sueldo mínimo por trabajar 8 incluso hasta 10 horas diarias, el gobierno podría avanzar en un sueldo que esté por encima de la inflación y en empleos públicos para la juventud marginada.
Para acabar con un negocio ilegal como el de las drogas, también se puede legalizar aquellas, atacando así de fondo toda las redes paramilitares y de sicariato que acompañan al narcotráfico. La marihuana es una droga que tiene usos medicinales y recreativos, también otras pueden simular a drogas que se venden hoy para generar adicción y negocio, simulando sus efectos, pero no sus horribles consecuencias, en la sociedad y en la salud.
Las medidas anteriores atacarían un negocio que en Chile es floreciente, mientras se llenen las calles de militares y Carabineros, no se atacará a bandas criminales que se adaptan y coordinan a nivel nacional e internacional, éstas, como los empresarios legales, moverán sus centros de operaciones, como fábricas donde no les convienen las condiciones laborales de los trabajadores y las mueven a países donde pueden explotar más.
Es necesaria la coordinación de la población para repudiar su instalación desde un principio, el desmantelamiento del negocio y la administración de una alternativa sana, gestionada por trabajadores y las comunidades que hoy sufren con el crimen organizado.
