"¿Por qué en 26 años de democracia no se modificó radicalmente la legislación que cuestiona? En los primeros 4 años de transición, por temor a tocar el modelo económico impuesto por Pinochet, amparado por leyes de amarre establecidas entre la Concertación y RN (...) Tras ellos, hubo un entrecruce de intereses que evidencian hoy los casos Penta y Soquimich". Adriana Muñoz, PPD.
Domingo Lara Biólogo Ambiental
Lunes 20 de abril de 2015
Recientemente la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados presidida por YasnaProvoste (DC), que avanza en las modificaciones al Código de Aguas de 1981, rechazó la propuesta para eliminar el inciso segundo del artículo 56 que entrega automáticamente a las mineras derechos de uso sobre las aguas que pudieran encontrar durante sus faenas, sin obligación de informar a la autoridad su localización, ni solicitar su uso temporal, como exige la Ley a los demás sectores productivos.
La propuesta fue derrotada con los votos de la Alianza sumados al del PPD Jorge Insunza y la abstención del DC Mario Venegas, que generó el empate necesario para rechazar la propuesta.
Esto en el contexto de que este 22 de abril se realizara la marcha por el agua, en donde una de las principales demandas es terminar con el Código de Aguas de la dictadura.
¿Que hay detrás de la dificultad de modificar el Código de Aguas?
Adriana Muñoz (PPD), presidenta de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, afirma que la votación de los diputados evidencia “las dificultades con que avanzamos para revertir una legislación que despojó al país de un recurso esencial para la vida, dejándolo al arbitrio del mercado".
En una de las preguntas, Adriana Muñoz (PPD), resume la dificultad para legislar sobre el tema:
- ¿Por qué en 26 años de democracia no se modificó radicalmente la legislación que cuestiona?
"En los primeros 4 años de transición, por temor a tocar el modelo económico impuesto por Pinochet, amparado por leyes de amarre establecidas entre la Concertación y RN previo a que asumiera Patricio Aylwin, las cuales no eran públicas y condicionaron la transición pactada. Asumo las decisiones tomadas en un contexto incierto. Tras ellos, hubo un entrecruce de intereses que evidencian hoy los casos Penta y Soquimich. La debilidad económica de la centroizquierda y la ausencia de una legislación que financie la actividad política llevó a este entrecruce y explica el inmovilismo."
En pocas palabras lo dice todo: es el miedo a modificar la herencia de la dictadura, sumado a los intereses cruzados entre las empresas mineras, como SQM con los políticos de la Nueva Mayoría y la Derecha.
Ahora esto es solo por nombrar una arista, ya que esta ley no tendrá ningún efecto para los derechos de agua ya otorgados a perpetuidad. Que son aproximadamente un 90% de estos.
¿Cómo terminar entonces con el código de agua e la dictadura?, si quienes legislan están coludidos con los empresarios y se benefician de una legislación a medida de los empresarios.
