Después del informe realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto al caso de Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas y se asesinaron de seis personas, la respuesta por parte de los partidos patronales y el gobierno federal ha intentado desviar y apagar cualquier posibilidad del resurgimiento de la movilización de los cientos de miles que siguen exigiendo la aparición con vida de los estudiantes y, no confían en la investigación de las instituciones del Estado.
Lucía Rodríguez México D.F.
Martes 22 de septiembre de 2015
El informe del GIEI brindó elementos que desnudaron la participación de la policía municipal, estatal y federal, junto al ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, además visibilizaron el ocultamiento y manipulación de información y evidencia por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). A la par de ello derribaron la llamada “verdad histórica” -respecto a la cremación de los normalistas desaparecidos en el basurero de Cocula- con la que el régimen pretendió cerrar la crisis abierta tras el crimen ocurrido el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Mientras la PGR salió en defensa de su montaje, ocupando un informe de una universidad de Austria sobre la coincidencia parcial de una prueba genética, que vinculaba uno de los restos supuestamente cremados en el basurero de Cocula con el estudiante desaparecido Jhosivani Guerrero de la Cruz y detuvo al supuesto autor intelectual de la desaparición de los normalistas, conocido como el GIl, quien se encuentra en el penal del Altiplano desde el pasado viernes. Los partidos políticos patronales que son cómplices del crimen de Iguala han salido hipócritamente a plantear la necesidad del esclarecimiento del caso mediante la reapertura de la investigación y la creación de una fiscalía especializada para la investigación del caso de Ayotzinapa.
El pasado 10 de septiembre la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, dijo que era necesario que se vuelvan a realizar las investigaciones. A la par de ello los representantes parlamentarios del PAN, PT y PRD en el Senado de la República propusieron crear una fiscalía especial dependiente de la PGR para la investigación del caso y la Cámara de Diputados instaló la Comisión Especial para seguir la investigación presidida por la diputada del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez. El PRI, aunque inicialmente había apoyado la propuesta, finalmente se alineó con Peña Nieto, quien se opuso a la creación de la fiscalía especial.
Ante la hipocresía del PAN y el PRD que proponen crear la fiscalía especializada para la investigación del caso de Ayotzinapa ligada a la PGR, que se ha encargado de manipular la información y limitar la investigación, el PRI responde cínicamente que por el “gasto” que implica crear una fiscalía únicamente para esta investigación, que supondría crear fiscalías para la investigación de otros casos, lo único a lo que su gobierno se plantea acceder es a la creación de una fiscalía general para los casos de desapariciones.
Políticas del congreso: Lavarse la cara y actuar cínicamente
Estos planteamientos provenientes de las entrañas del régimen asesino que perpetró el ataque a los estudiantes normalistas y se dedicó a reprimir las movilizaciones que exigían su aparición con vida.
Es la política de la llamada guerra contra el narco iniciada desde el 2006 por el gobierno panista de Felipe Calderón y continuada por el gobierno priista de Peña Nieto, la que ha causado más de 200 mil muertos, 25 mil desaparecidos y 50 mil desplazados, además de miles de violaciones a derechos humanos. Esta política ha sido utilizada para la persecución de luchadores sociales, garantizar el despojo a las comunidades y aplicar las reformas estructurales que aumentan la explotación y la subordinación al imperialismo estadounidense.
Es la asociación de los grupos criminales con las diferentes instituciones del Estado y los partidos políticos, que permitió la desaparición de los estudiantes, la que desnudó lo más degradado del PRD, terminando de aniquilar su posición como “partido de izquierda”, demostrando su alianza con el PRI y el PAN para proteger los intereses de la burguesía a costa de la represión y el asesinato de la población. Es el PRD un año después que queriendo lavarse la cara, plantea que pretende presentar una demanda de juicio político contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, cuando son defensores de los mismos intereses y perpetuadores del mismo crimen.
La participación de otras instituciones como el ejército y la policía federal en el crimen de Iguala desnuda la degradación del sistema político en su conjunto. Recientemente el periódico el País, partiendo de los datos del C-4 (sistema de coordinación de seguridad nacional) dio a conocer que la comunicación entre la agencia de inteligencia y los miembros del 27 Batallón de infantería del ejército era constante y se tenía conocimiento de todos los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre del año pasado.
Las reaccionarias declaraciones sobre el informe del GIEI, han provenido también de otras figuras del régimen. Samuel González Ruiz, extitular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR) pidió el retiro del GIEI de la investigación denunciando un uso político de la información por un supuesto uso de la investigación a favor de Emilio Álvarez Icaza, secretario técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a esas declaraciones se sumó Miranda de Wallace.
El régimen pretende a toda costa desviar el descontento que sigue latente ante la desaparición de los 43 normalistas. A casi un año de Ayotzinapa, los familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos junto con organizaciones sociales y de derechos humanos plantean una gran movilización para el 26 de septiembre, saliendo con la denuncia entonada por miles de ¡Fue el Estado! y demandado la aparición con vida de los desaparecidos.
La verdad, la justicia y la aparición de los estudiantes no puede venir del régimen asesino, solo será producto de la movilización unitaria e independiente a los partidos del congreso. Sergio Moissen, por el Movimiento de los Trabajadores Socialistas apuntó a la necesidad de que todas las organizaciones políticas y sindicales que se reclaman democráticas se movilicen el próximo 26 de septiembre, como primer paso para construir la unidad de todas las luchas que se enfrentan a los ataques del régimen político. Además agregó que es el movimiento obrero quien se debe apostar a poner en pie un paro nacional hasta que aparezcan los 43 normalistas.
