Panorama político. Pase de la Guardia Nacional a la SEDENA: militarización de AMLO, cinismo de la derecha

Esto despertó reacciones diversas y encontradas. Los partidos de la derecha no escatimaron adjetivos. Los panistas acusaron a AMLO de “tirano”, de “abuso de poder” y de que pasará a la historia como quien “destruyó el estado de derecho” en el país, y criticaron la militarización. El cinismo panista salta a la vista si consideramos que fue bajo el gobierno de Felipe Calderón, cuando se dieron pasos acelerados en el camino de la militarización del país, con la llamada “guerra contra el narco” y el despliegue en las calles de las distintas corporaciones policiales y militares que transformaron a México en un país ocupado por sus fuerzas represivas, con terribles consecuencias: cientos de miles de desaparecidos, asesinados y desplazados, y un aumento brutal, en ese marco, de los feminicidios.

Por su parte, priistas y perredistas criticaron también la decisión presidencial; afirmaron que la Guardia Nacional fue concebida bajo la dirección de un mando civil, y que la única manera de modificar eso, en el marco constitucional, es con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo cual no alcanzaría Morena.

Estos partidos patronales y profundamente proimperialistas omiten interesadamente decir que ellos iniciaron la militarización que AMLO viene profundizando. Pretenden capitalizar a su favor, en el colmo del cinismo, el descontento que pueda generar, entre sectores de trabajadores y la juventud, este giro derechista del gobierno de AMLO.

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López Obrador: autoritarismo al servicio de la militarización

La propuesta de AMLO obedece, como él mismo ha dicho, a mantener —más allá del 2024— a las Fuerzas Armadas en las calles, integrando a la Guardia Nacional a la SEDENA y fortaleciendo así a las mismas. Muy lejos de la imagen democrática que intentó construir, Lopez Obrador no dudó en amenazar con un decreto presidencial para imponerlo; al mejor estilo de la mafia del poder priista y panista a la cual se propuso combatir, anunció una acción típicamente bonapartista y presidencialista. Sin embargo, aunque lo intentase llevar a cabo mediante el poder legislativo o judicial como reclaman priistas y panistas, se trata de una política autoritaria y antipopular, que va aún más allá en el camino de militarización que tomó su administración desde 2018, cuando impulsó la creación de la Guardia Nacional, con el voto unánime de oficialistas y opositores en el “democrático” Congreso de la Unión.

En ese momento, el gobierno pretendió defender la medida argumentando que la GN estaría bajo mando civil y que representaba un paso en la “desmilitarización” (!). Por el contrario, como afirmamos entonces, desde La Izquierda Diario Mx y el MTS, esto significó una nueva corporación policíaca-militar de más de 100,000 efectivos, con personal proveniente del Ejército y la Marina, la cual extendió su presencia y accionar en todo el país, teniendo su “debut” en la represión contra los migrantes.

A la par, el presidente presentó como “pueblo armado” a los militares; un intento de relegitimación política e ideológica de las fuerzas armadas que fue acompañada de un mayor protagonismo de los militares, a los que se les otorgó la administración de áreas que antes estaban en manos de autoridades civiles, como las aduanas y la construcción de hospitales. Todas acciones que buscan fortalecer la presencia y el protagonismo de las fuerzas armadas en la política interna, cuya coronación es el pase de la Guardia Nacional a la SEDENA.

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Esto representó una negación de las propias promesas del entonces candidato, que en varios momentos de sus campañas presidenciales aseguró que los militares regresarían a sus cuarteles. Sin embargo, estas sólo eran promesas de campaña para capitalizar a su favor y en las elecciones, el descontento social con la guerra contra el narco. De hecho, como se reveló en los Wikileaks, ya en el año 2006 AMLO le aseguró al entonces embajador yanqui en México, Tony Garza, sus planes para militarizar el país. Entonces y ahora, se trata de una política que responde directamente a los intereses del imperialismo estadounidense y a sus exigencias en materia de seguridad.

Esta medida de AMLO, se da en un contexto de aumento de la violencia en el país, a partir del accionar de los distintos carteles del narcotráfico y el llamado “crimen organizado” y del accionar de las fuerzas represivas. Esto es lo que vimos en Jalisco, Guanajuato y en Ciudad Juárez, Chihuahua, que tiene consecuencias nefastas para los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre, principales afectados por la violencia y la militarización, como testimonian las numerosas denuncias contra la Guardia Nacional y otras corporaciones militares, que afectan en particular a las mujeres y a los jóvenes. Esto es lo que ya vimos en los sexenios pasados y que ahora continúa AMLO; la apuesta de los “progresistas” de la 4T, ante esta situación, es ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas, lo cual solo puede implicar nuevos atropellos contra las libertades democráticas de la población.

Ante esto, es fundamental retomar el camino que, durante los sexenios pasados, abrieron organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas con sus demandas de: regreso de los militares a los cuarteles, desmilitarización del país y el juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales de los miles de desaparecidos y asesinados. Hay que impulsar un amplio movimiento contra la militarización, encabezado por los sindicatos, junto al movimiento de mujeres y las organizaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas, de defensa de las y los migrantes, sociales, populares y de izquierda, con independencia del gobierno y de todos los partidos patronales, que retome las calles y levante estas demandas, así como la disolución inmediata de la Guardia Nacional.

A la par, frente a frente a la situación actual, cruzada por la acción de los cárteles y la estrategia de seguridad del estado, es necesario impulsar la ruptura con los dictados del imperialismo; junto a la desmilitarización del país, legalizar las drogas y expropiar a los capitales del narcotráfico serían medidas fundamentales en ese sentido.