Frente al proyecto de Rodríguez Larreta de “Ley de Seguridad Pública”, el diputado del PTS-FIT denuncia que el macrismo “quiere más control social” y que el FpV está dispuesto a acompañarlo.
Miércoles 12 de octubre de 2016
El viernes pasado el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Martín Ocampo se presentó en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia, Presupuesto, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura porteña. Allí realizó una exposición sobre el proyecto de nueva Ley de Seguridad Pública. El diputado del PTS-FIT Patricio del Corro habló con La Izquierda Diario sobre las intenciones del PRO.
¿Cuáles son los puntos salientes de la nueva ley que propone el PRO?
Lo central que desprendemos del proyecto y de la exposición de Ocampo es que buscan “saturar” los barrios con más policías. ¿Cómo lo van a hacer? Según plantean, no será incorporando más efectivos a los que ya hay con la Federal y la Metropolitana juntas, alrededor de 26.000. El aumento de uniformados en la calle lo lograrán porque quienes hoy realizan tareas administrativas cumplirán funciones en la “calle”. Las tareas administrativas serán llevadas adelante por civiles. Ante la pregunta de varios diputados el ministro se negó a responder en detalle cuál sería la “estructura” de la nueva fuerza, cuántos efectivos irán a tareas de calle, cuantos a infantería o a investigación científica. Pero el espíritu es el que planteé antes.
Rodríguez Larreta habla de una policía de “proximidad” o “cercanía” ¿Qué quiere decir?
Larreta lo presenta como una policía que va a estar “cerca de los vecinos” pero es algo bien distinto. Basta recordar que a la Metropolitana también la definían de esa manera y fue creada según el modelo de los “mossos de scuadra”, la policía autónoma de Cataluña, utilizada para perseguir inmigrantes.
Además de los aspectos represivos sobre trabajadores o sectores en lucha, el PRO quiere que la nueva policía “limpie” de pobres la Ciudad y mantenga un control social.
Esto se refuerza con la política privatizadora del PRO, que remata las tierras de la ciudad para promover grandes emprendimientos inmobiliarios de lujo, mientras permanecen los asentamientos y las villas de emergencia. Una especie de guetos donde recluyen a los que menos tienen.
En nuestra Ciudad los inmigrantes pobres son un blanco claro a reprimir, pero no son los únicos. Recordemos lo que ha sucedido con los pibes de La Poderosa, a quienes torturaron y amenazaron de muerte. Casos como estos son cotidianos, sólo que unos pocos salen a la luz.
Con el aumento de su control social buscan barrer de la ciudad a los trabajadores precarizados, como vemos a diario con los vendedores ambulantes, a los jóvenes y a los pobres. En lo que va del año, hasta tuvimos el caso escandaloso de que junto a la Gendarmería reprimieron alevosamente a una murga de niños. Los argumentos son siempre los mismos, que buscan bandas “narcos”. Esto es una excusa porque al narcotráfico no se lo combate, en ese gran delito siempre están involucrados los mismos policías.
El jefe de Gobierno reconoce que no va a ser fácil el “ensamble”. ¿A qué se debe tanto conflicto interno?
Sin embargo, como se sabe, la clave del negocio de los uniformados está en lo que “recaudan” ilegalmente en la calle regenteando distintos delitos como el robo de vehículos, secuestros extorsivos, trata de personas, narcotráfico, la venta de protección. La policía no combate el delito, lo administra.
Es sabido que cada comisaría adquiere su “valor” según los negocios que maneje. Cuando está disconforme con el poder político o cuando el mismo Gobierno busca crear un clima reaccionario que exija mano dura, la fuerza abre la canilla de la inseguridad, liberando el patrullaje de determinadas zonas.
Lo que está en disputa son intereses materiales muy fuertes y lo que discute el PRO no es cómo terminar con ese manejo sino cómo hacerse de algún control en uniformados que hasta hace muy poco formaban parte de una fuerza nacional.
¿Cuál fue el papel de la oposición en la reunión con Ocampo?
En el caso del Frente para la Victoria también hubo acuerdo con la nueva Ley, aunque presentaron algunos puntos para reformarla, basándose en el Acuerdo de Seguridad Democrática impulsado por el CELS en 2009 y que fue firmado por sectores del kirchnerismo como Agustín Rossi, Héctor Recalde y Martín Sabbatella, por Felipe Solá (hoy en el Frente Renovador), Ricardo Alfonsín de la UCR y organizaciones de centroizquierda.
Por ejemplo hicieron hincapié en la necesidad de un jefe civil, a lo que Ocampo respondió que el Gobierno se niega, porque “puede ser un civil o no”. Nosotros nos preguntamos cómo es posible “controlar” (por más civiles que pongan a su frente) a una banda de delincuentes con licencia para matar que constituye la principal fuente de inseguridad de la población.
Nadie puede esperar que la Policía registre los casos de gatillo fácil y sus negocios ilícitos. Resulta una ilusión “reformar” a una institución corrupta, hoy unificada. La política del FpV, que de todos modos acuerda en general con el proyecto del PRO, sólo busca hacerle algún cambio cosmético a esta nueva fuerza represiva.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
