Desde la ONG Emprender con Alas denuncian que se ignora el "daño humano que se está provocando con la aplicación de esta ley. Hay daños a la autoestima, casos de violencia intrafamiliar y sentimientos de culpabilidad”
Sábado 15 de junio de 2019
El ambiente en los liceos y colegios de Santiago centro está enrarecido de estrés e incertidumbre. ¿La razón? Casi un centenar de expulsiones en las que ya se ha aplicado la cuestionada ley dejan en claro que la "adecuada inserción en la comunidad escolar” que se promete en la misma no es más que un engaño.
Estudiantes han denunciado interrogatorios por parte de inspectores para señalar a compañeros que participen de manifestaciones tal como en dictadura, así como el "relleno" de los libros de notas con el fin de impedir que los expulsados sean recibidos en otro centro educativo.
Luego de una expulsión y al momento de postular a otro establecimiento, se busca el nombre de la/el estudiante en un registro. De haber sido expulsado de alguno de los liceos conocidos por movilizarse, cuentan apoderados, se les niega la posibilidad de matrícula.
Lo anterior supone una marginación traumática y un abandono criminal por parte del estado. No por nada es común la asociación de este proceso a los registros penales, porque a las y los estudiantes movilizados les están "manchando los papeles".
¿Quién rompe y quién paga?
A esos mismos liceos conocidos por movilizarse contra las leyes del gobierno, como el Instituto Nacional o el Liceo 1, los rodean diariamente carabineros que revisan las mochilas de estudiantes y desalojan las tomas con armas de fuego y gas lacrimógeno para golperalos, detenerlos y amedrentarlos así como a destruir los establecimientos. Todo bajo órdenes del alcalde Felipe Alessandri (RN), redactor e impulsor de Aula Segura y un alfil de Piñera -algo así como un mini-Hinzpeter- en represión.
Es en estos operativos donde la política -o más bien modus operandi- de "rompe paga" de Alessandri hace su gracia: tras los destrozos cometidos por Fuerzas Especiales dentro de los liceos, amenaza a apoderados y familiares de las y los estudiantes con demandas de millones de pesos, impagables para la mayoría de quienes acceden a la educación pública. Es decir, que el gobierno rompa y las familias paguen. ¿Qué tal?
Esto no se queda sin consecuencias para el cotidiano de estudiantes y sus apoderadas y apoderados. Por el contrario, la imposibilidad de continuar los estudios y el constante amedrentamiento policial llena a cursos enteros y a las familias de incertidumbre y estrés. Los 3eros medios del Darío Salas, por ejemplo, cuya presidenta del centro de estudiantes fue expulsada y luego reincorporada por un fallo judicial, empezaron el año con "35 estudiantes y ahora asistimos solo 12. La depresión y la pena es cada vez mayor y sabemos de varios que están pidiendo apoyo por esto. En cuartos medios están asistiendo muy pocos”, según la misma presidenta Allison Estay.
¿Y el MINEDUC?
Hasta ahora y según apoderados de los distintos liceos afectados, no ha existido ningún tipo de acercamiento por parte del Ministerio de Educación. Pero no olvidemos que la ministra de Educación Marcela Cubillos (UDI) ha sido la principal impulsora de la ley Aula Segura junto a Alessandri, y que junto al gobierno y la derecha vienen impulsando todo un abanico de reformas que atacan al conjunto de la masa trabajadora y la juventud del país para darle más ganancias a los empresarios y empeorar la vida de la gran mayoría.
Una estrategia para vencer al gobierno
Hoy, sin embargo, las y los profesores vienen mostrando un ejemplo enorme de disposición a la lucha contra el gobierno, con masivas marchas de gran apoyo popular a lo largo del país que exigen demandas históricas que el mismo ministerio elige ignorar. Esta fuerza plantea la posibilidad -y la necesidad urgente- de unificar de una vez por todas las luchas de profesores y estudiantes universitarios y secundarios, contrario a la ya probada y fallida estrategia de "unidad de la oposición" con la que el Partido Comunista y el Frente Amplio separan las movilizaciones y demandas "por movimiento" para buscar alianzas parlamentarias con sectores como la DC que nada tienen que ofrecer a quienes nos movilizamos.
Una fuerza unificada a lo largo del país, de estudiantes y docentes, sumando a su vez a trabajadores de sectores fundamentales para el país como el cobre o los puertos, y junto a los pañuelos verdes, es lo que permitirá la reincorporación de los expulsados e impedir que FF.EE. siga transformando los liceos en campos de batalla, así como la instauración de una total autonomía de los espacios educativos y la elección democrática de autoridades, formas de funcionamiento y mallas curriculares.
Pero esa fuerza de millones "queda grande" incluso para todas esas demandas. Con esa fuerza de millones podríamos frenar todas las reformas precarizadoras y represivas de la derecha con movilizaciones conjuntas, e incluso vencer al gobierno y, por qué no, conquistar un gobierno de las y los trabajadores que rompa con el sistema capitalista.
