Familiares y víctimas del crimen social de Once pidieron al juez federal, Claudio Bonadio, que el exministro de Planificación y actual diputado nacional por el FpV sea llamado a juicio oral.
Rosa D’Alesio @rosaquiara
Jueves 4 de agosto de 2016
Foto: Fuente Infobae
Acusan a Julio De Vido por delitos de defraudación pública y descarrilamiento agravado. El exministro está procesado en la causa por el choque ocurrido en Once, el 22 de febrero de 2012, donde murieron 51 personas, y decenas de pasajeros sufrieron traumatismos severos, muchos de ellos tuvieron que padecer internación hospitalaria prolongada.
El abogado Leonardo Menghini, quien representa a nueve familias de víctimas, realizó este pedido a partir que la investigación fue cerrada por el juez Bonadio el 14 de julio pasado, tras la confirmación del procesamiento a De Vido por parte de la Cámara Federal porteña. El pedido de la querella se extiende a Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren). Ambos, De Vido y Simeonoff, después que la Cámara Federal confirmara los procesamientos, fueron embargados por 600 millones de pesos.
Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, cuando ratificaron el procesamiento, señalaron que: "Existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA, sin perjuicio de lo cual -y pese a tener dicha potestad- no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio".
El juez Bonadio pidió opinión a las querellas, familiares, Oficina Anticorrupción –también querellante– y el fiscal federal Ramiro González. Luego el juez pedirá opinión a las defensas de De Vido y Simeonoff. El exministro k, enfrentará así el primer proceso oral en su contra con una pena que va de 2 a 11 años de prisión.
Condenados
El choque de la formación Sarmiento, en la estación de trenes de Once, no fue una tragedia, tampoco un accidente. Fue un crimen social, porque como dicen los familiares de las víctimas sobre De Vido y Simeonoff, ambos "tenían pleno conocimiento" del estado de los trenes a la fecha del choque. 51 personas murieron por la complicidad de los funcionarios políticos con la concesionaria. Los Cirigliano se enriquecieron a costa de la desinversión casi absoluta en mantenimientos y mejoras en las obras y las propias formaciones de trenes.
El año pasado fueron condenados por este crimen, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi –quienes dependían de De Vido– a seis y ocho años de prisión respectivamente, junto a otros 18 ex directivos de TBA, y el maquinista.
Familiares y amigos de las víctimas, acompañados de distintas organizaciones sociales, impidieron que este crimen quedara impune. Lograron que fueran condenados parte de los responsables políticos entre los acusados.
Los mecanismos de corrupción y encubrimiento que organizaron entre funcionarios estatales y directivos de la empresa concesionaria TBA fueron tan evidentes que durante el juicio quedó demostrado que el tren Chapa 16 debía estar inactivo. En este crimen volvió a dejar expuesto, al igual que con el asesinato de Mariano Ferreyra, que el esquema de negociado otorgaba pésimos servicios para los usuarios, tercerización para los trabajadores del ferrocarril y grandes subsidios para las empresas ligadas a los funcionarios de turno.
Julio De Vido, masacre de once, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi
Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
