El presidente Castillo da luz verde al ejército para que pueda reprimir en las calles de Lima y Callao. Esta medida se da en un contexto marcado por el incremento de la conflictividad social en el interior del país y por la profundización de la crisis económica y el aumento de la pobreza a raíz de la mantención de las políticas de ajuste neoliberal.
Jueves 4 de noviembre de 2021
Mediante la resolución suprema N° 191-2021-IN, el ejecutivo presidido por Pedro Castillo autorizó la participación de las fuerzas armadas “en apoyo a la Policía Nacional del Perú, con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales a las Regiones de Lima y Callao”.
El argumento del cual se vale el ejecutivo para llevar adelante esta medida represiva tiene que ver, a decir del oficialismo, con el “incremento del delito común y el crimen organizado relacionado con el narcotráfico”.
La norma publicada este martes 2 de noviembre en el diario El Peruano señala que también se prestará apoyo “en la ejecución de operaciones policiales a las Regiones de Lima y Callao”.
Esta medida permite la intervención y actuación de las FF. AA. en conjunto con la Policía Nacional. En su artículo primero, la norma precisa que este apoyo institucional será por el término de 30 días calendario. En el artículo tercero se faculta a que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan emplear y hacer uso de la fuerza.
Organismos de derechos humanos han mostrado su preocupación y rechazo ante esta medida, como es el caso de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes mediante un comunicado exigen la derogatoria de la resolución suprema N° 191-2021-IN.
Desde Amnistía Internacional Perú también han mostrado su preocupación y han publicado en su facebook una nota donde señalan que el mantenimiento del orden público debe estar a cargo de la Policía Nacional mas no del ejército.
A pesar de ello el ejecutivo persiste en esta medida populista, sin tomar en cuenta las causas reales del incremento del delito común, las cuales tienen que ver con los problemas estructurales de desempleo, pobreza y las profundas desigualdades sociales, las mismas que, con la crisis económica dinamizada por la pandemia sanitaria y por las medidas pro empresariales que mantiene el gobierno de Castillo, se han agudizado afectando sobremanera a la población de los barrios populares y empobrecidos.
En relación al supuesto combate al narcotráfico, cabe mencionar que este y otros negocios ilícitos que generan exorbitantes ganancias, se dan porque los grandes productores y comercializadores actúan con la complicidad de los altos mandos policiales, militares y los políticos de turno.
La izquierda reformista y los ministros aplauden esta medida
El congresista Roberto Sanchez, presidente de Juntos por el Perú, frente electoral y político del cual es parte la organización que lidera Verónika Mendoza y la actual ministra de la Mujer Anahí Durand, ha mostrado abiertamente su apoyo a esta medida calificándola de ser una “necesaria decisión”.
La lucha contra Delincuencia y Crimen se refuerza con esta correcta y necesaria decisión de @presidenciaperu en apoyo a la ciudadanía y la @PoliciaPeru@MindefPeru @PedroCastilloTe @DiarioUnoPeru @tromepe @Politica_LR @Politica_ECpe @diariocorreo @Agencia_Andina pic.twitter.com/v3R2siL3Po
— Roberto Sánchez P. (@RoberthoSanchez) November 2, 2021
La ministra de Trabajo, Betsy Chavez también se ha mostrado a favor de sacar a los militares a la calles y a señalado en su cuenta de twitter que con esta medida garantizan que la “seguridad sea efectiva para todos los ciudadanos de Lima y Callao”
📍SEGURIDAD CIUDADANA🇵🇪💪#Contraladelincuencia
📝Con esta medida garantizamos que la SEGURIDAD sea efectiva para todos los ciudadanos de Lima y Callao. Esperando se extienda por todo el territorio patrio. @presidenciaperu @MindefPeru @MininterPeru pic.twitter.com/TAq28gvZYg
— Betssy Chavez (@BetssyChavez) November 2, 2021
Recordemos que esta medida se da en un momento donde, a raíz de la crisis económica, se vienen dando una serie de conflictos sociales en el interior del país como claramente lo pusieron en evidencia las últimas luchas de los comuneros de Aquia y del corredor minero contra la minera Antamina o la lucha de los pueblos originarios del oriente peruano contra la explotación petrolífera.
No podemos perder de vista también, que este tipo de acciones solo se comparan con las iniciativas tomadas por los gobiernos conservadores del continente, quienes suelen recurrir a “la mano dura” y al “gatillo fácil” para enfrentar a la juventud en los barrios pobres, sin embargo, en el caso peruano la “particularidad” radica en que quien la implementa aquí es un gobierno que se autodenomina “gobierno del pueblo” y que es apoyado por la mayoría de los partidos de la izquierda reformista y por la burocracia sindical. Además de ello, este gobierno hasta la fecha no ha hecho otra cosa que renegar de sus ya tibias promesas de campaña y ha mantenido incólume el piloto automático neoliberal.
