Daniel Salaverry, personaje de derechas y de filiación neoliberal, que se inició políticamente en el APRA, luego pasó por el fujimorismo donde ocupó cargos relevantes para terminar junto al ex presidente Martin Vizcarra, acaba de ser nombrado como presidente de Perupetro, una de las pocas empresas públicas vinculadas a la explotación de los recursos energéticos. Esta es una nueva concesión de Pedro Castillo a los empresarios y a los sectores conservadores y neoliberales del país y del extranjero.
José Rojas Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú
Domingo 9 de enero de 2022
Este domingo 9 de enero, el presidente Pedro Castillo junto al Ministro de Energía y Minas designaron a Daniel Salaverry a la presidencia de Perupetro, empresa pública que se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú.
Daniel Salaverry, quien en la última contienda electoral fue candidato a la presidencia por el partido derechista Somos Perú de Martin Vizcarra, y a quien también se le conoce por su militancia en el aprismo y en el fujimorismo por cuya fuerza política llegó a presidir el Parlamento, tuvo un acercamiento político a Pedro Castillo y ha Vladimir Cerron desde la segunda vuelta, incluso, apenas se supo de la victoria definitiva de Castillo, sectores periodísticos influyentes lo voceaban para ocupar cargos ministeriales u otros puestos relevantes en la estructura del estado, sin que esto llegue a concretarse hasta el pasado domingo 9 de enero.
El contexto político en el cual se da este nuevo nombramiento se caracteriza por la profundización de la crisis política del ejecutivo ya que Castillo viene siendo investigado por casos de corrupción y la derecha aprovecha la fragilidad del gobierno para condicionar la agenda y el derrotero del autodenominado “gobierno popular”, el mismo que no muestra reflejos y solo atina a orillarse más a la derecha.
Según informes periodísticos, el nombramiento de Daniel Salaverry se da luego de que este personaje sostuviera una reunión el día sábado 8 de enero con el mandatario Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, donde, según el registro oficial de visitas del Ejecutivo, Salaverry llegó a Palacio de Gobierno a las 9:15 para visitar a título personal al mandatario y se retiró a las 10:55 a.m., después de más de hora y media.
En esta reunión se habría sellado un acuerdo político entre Castillo y los sectores a los que representa Daniel Salaverry, los mismos que están vinculados estrechamente al empresariado y a las visiones neoliberales del quehacer económico y político del país. Como consecuencia de este acuerdo, se emite la resolución suprema N° 002-2022-EM, publicada en el diario oficial El Peruano, que oficializa la designación de Salaverry y lleva las firmas del presidente Castillo y del ministro de Energía y Minas, Eduardo González.
De esta manera, Pedro Castillo incorpora formalmente nuevos aliados de derecha a su frágil gobierno, así pues, a los partidos derechistas Alianza para el Progreso del millonario Cesar Acuña y al partido Morado del ex presidente Sagasti, se suma ahora el también partido derechista Somos Perú, del cual, como ya vimos, hacen parte Daniel Salaverry y el ex presidente Martin Vizcarra responsable - como se recuerda - del sobre endeudamiento del estado peruano con el FMI y del escándalo del vacunagates.
Esta iniciativa de Pedro Castillo termina defraudando, una vez más, las expectativas de millones de peruanos de los sectores populares que votaron por él en la primera y segunda vuelta electoral creyendo que su gobierno llevaría adelante medidas de cambio, tanto en materia económica (enfrentando los privilegios de los ricos y las políticas neoliberales), como en materia política (cambiando la Constitución de 1993). Sin embargo, nada de esto se ha materializado hasta ahora, sino todo lo contrario, ya que se han mantenido los privilegios de los grandes empresarios y el ejecutivo ha renunciado a cualquier intento de cambiar la Constitución. Todo esto está directamente relacionado a la estrategia conciliadora del gobierno para con los empresarios nacionales y extranjeros, lo cual se ha convertido en su principal chaleco de fuerza.
