Pese a que aún no hay una solicitud, “se están analizando los procedimientos”, aseguró el presidente peruano. En su paso por Argentina señaló que su decisión “será noticia en algún momento”.
Kevin Wright @kevouv
Jueves 16 de noviembre de 2017
Foto: El País: Manifestantes en Lima contra el indulto a Fujimori. GUADALUPE PARDO REUTERS.
El viernes, al final de su intervención en el Foro Iberoamérica realizado en Buenos Aires, Kuczynski, mostrando indicios tácticos discursivos de preocupación, afirmó en referencia al genocida encarcelado: “Alberto Fujimori nos hizo entrar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) -por sus siglas en inglés- y ahora está en la cárcel. Está enfermo y vamos a ver, pues, qué hacemos. Eso será noticia en algún momento”. Dándole aún más ambigüedad política a un asunto que debería estar fuera de discusión, por respeto a las víctimas que acumuló el ex mandatario en los años de ejercicio del poder, justificándose tras el manto burgués de la lucha contra el terrorismo.
De este modo, el presidente del Perú ha retomado uno de sus tópicos recurrentes desde junio: el posible indulto a Fujimori, quien en 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno (en el período 1991-1992). “Se están analizando los procedimientos”, dijo el jefe de Estado una vez llegado a su país, dejando abierta nuevamente la posibilidad de liberar “por cuestiones de salud” al anciano opresor.
De acuerdo a la Constitución, el presidente tiene la potestad de conceder indultos y conmutaciones de pena y, para ello, los solicitantes deben presentar un formulario a la Comisión de Gracias Presidenciales, una dependencia del Ministerio de Justicia. Sin dicho documento no se inicia el trámite y en el caso del líder del fujimorismo, no hay aún tal solicitud.
Esta es la carta que PPK viene jugando específicamente para hacer uso del poder que así obtiene frente a la oposición de Fuerza Popular, y su lideresa Keiko Fujimori, quien ostenta la mayoría en un congreso minoritario para el oficialismo.
“Mi despacho no tiene ninguna petición de indulto y tampoco hay una junta médica que evalúe ese expediente en específico”, dijo el pasado 12 de octubre el Ministro de Justicia, Enrique Mendoza.
Horas después, en consonancia con la táctica de su jefe, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, indicó en Lima que “el indulto no está en la agenda del gabinete”. La Premier reaccionó así debido a que a un sector del partido fujimorista, Fuerza Popular, especialmente a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, le “incomoda” que el Ejecutivo trate públicamente el asunto y no se concrete, como ocurrió durante el Gobierno de Ollanta Humala.
En el Foro Iberoamérica, el jefe de Estado peruano abordó asuntos de política internacional y economía regional, y cuando comentó que participaría pronto en la Cumbre de APEC, en Vietnam, cambió al tema del indulto. El sábado, durante una entrevista en la emisora Radioprogramas, dijo -en tono justificativo- que aludió al tema porque antes de subir al estrado, alguien le hizo la pregunta.
Kuczynski insistió en que “es un tema estrictamente médico, no legal. Todo eso lo tiene que decidir una comisión médica, no es una comisión de juristas”, y matizó: “será noticia en un sentido o en otro”.
Las víctimas del Gobierno de Fujimori y las excusas de PPK
El presidente peruano se comprometió durante la campaña electoral de 2016 a no indultar al genocida y firmó un compromiso con familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta (cometidas por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército que asesinó extrajudicialmente a civiles, alegando operaciones contrasubversivas). La historia sí tiene memoria. Y el pueblo también.
En julio de 2016, en una entrevista con el diario EL PAÍS, al día siguiente de asumir el mando, PPK reiteró que no indultaría al político, pero que si el Congreso presentaba un proyecto de ley para que personas en grave estado de salud pudieran cumplir el resto de su condena en detención domiciliaria, lo aprobaría. Pareciera que le enciende una vela a dios y otra al demonio.
Rememoramos. El viernes 3 de noviembre se cumplieron 26 años del asesinato de 16 personas, entre ellas un niño de ocho años, en el patio de una casa de Barrios Altos, una zona empobrecida del centro de Lima. El Grupo Colina disparó armas con silenciador, justificando que en el lugar se reunían miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso. Sin embargo, ninguna de las víctimas tenía vínculo con la subversión de acuerdo a la sentencia del Poder Judicial y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una de las sobrevivientes de la masacre, Rosa Rojas, quien perdió a su esposo y a su hijo en la misma atrocidad, lamentó con bronca la afirmación del mandatario peruano:
“Qué pena que este presidente toque cada vez nuestro dolor, metiendo el dedo en la llaga a nuestras heridas, hablando constantemente del famoso indulto. Hoy lo hizo nuevamente en Argentina, no sé qué opina de nosotros, de las madres y las mujeres que hemos estado luchando contra la impunidad, buscando democracia, buscando tranquilidad. Pido que esto calme”.
El expresidente, Fujimori (1990-2000), ha sido también condenado por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, y por casos de corrupción y robo. Además, está pendiente el inicio del juicio oral en su contra por el asesinato de otras seis personas a manos del Grupo Colina en Pativilca, en el norte de Lima.
Una maniobra burguesa para obtener la aprobación de las leyes que favorezcan al empresariado y ahoguen al pueblo del Perú y sus trabajadores y trabajadoras aún más en la miseria social y en la opresión. Un genocida debe terminar sus días en la cárcel, que encima es de lujo. La movilización social será la única manera de ponerle freno a la táctica del oficialismo de ganarse la aprobación de los proyectos antipopulares en el congreso, a costa de liberar a un asesino del pueblo.
