El bono joven para el alquiler aprobado hoy por el Congreso de ministros quiere venderse como una gran política cuando la Ley de la vivienda, descafeinada hasta el infinito, aun no fue llevada al Consejo de Ministros. Esta medida, en concreto una ayuda directa a inquilinos de entre 18 y 35 años que acrediten rentas de trabajo inferiores a los 23.725,8 euros al año, será concedida solo a aquellos cuyo alquiler no supere los 600 euros. Aunque deja a las comunidades autónomas la puerta abierta a subir ese límite a 900 euros como mucho, la referencia es un precio que en ciudades como Barcelona y Madrid no alcanzan más que para alquileres muy precarios. En definitiva, una medida que no ayuda a los jóvenes a salir de la precariedad, pero si beneficia a los tenedores de viviendas.
Irene Olano Madrid
Martes 18 de enero de 2022
Si algo hemos aprendido a lo largo de estos dos años de Gobierno “progresista” es que sus medidas sociales siempre vienen con trampa. El Ingreso Mínimo Vital, que pretendía llegar a miles de personas en situación de vulnerabilidad se trató finalmente de una ayuda por debajo del salario mínimo y de difícil acceso, cuya solicitud requería varios trámites telemáticos y requisitos difíciles de cumplir. El resultado ha sido que la medida ha dejado fuera de la ayuda a muchas familias en situación de vulnerabilidad extrema, en un país como es el nuestro con un porcentaje de población en riesgo de exclusión social que supera el 25%.
También hemos visto como el Gobierno vendía medidas como la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) como lo más progresista, mientras ocultaban lo más obvio: que la prometida derogación de las reformas laborales del PP y del PSOE se ha desvelado como una estafa, una nueva reforma laboral que mantiene lo esencial de las anteriores. Esto en un momento en el que la inflación que mide el IPC se sitúa ya por encima del 6%, lo que supone que la mayor parte de la población trabajadora ha perdido poder adquisitivo en los últimos años.
A esta batería de medidas con trampa se suma ahora la ayuda al alquiler propuesta en 2021 y aprobada hoy por el Consejo de ministros. Una ayuda de 250 euros a todos los jóvenes de entre 18 y 35 años que vivan de alquiler y que hoy hemos conocido que excluye aquellos alquileres superiores a 600 euros, es decir, a la gran mayoría. Y esto es así por considerarse que quien se va a vivir a pisos de más de este precio descarta voluntariamente opciones más económicas.
La realidad es que, en numerosas ciudades, como Barcelona, Madrid o San Sebastián no existen alquileres por ese precio a no ser que se quiera vivir en un coqueto estudio de 10m2 abuhardillado y sin ventanas (¡ideal para parejas!). El máximo establecido de 900 euros al que podrían subir las comunidades autónomas que así lo estimaran tampoco cubre el precio medio del alquiler en estas ciudades, que en diciembre de 2021 se situaba en 1831 euros en Barcelona, 1653 euros en Madrid y más de 1200 euros en San Sebastián, Girona y Palma de Mallorca. La idea que está transmitiendo el Gobierno es que las y los jóvenes que a duras penas nos emancipamos debemos irnos a pisos minúsculos, mal comunicados o compartidos con dos, tres, cuatro o más personas. Y si optamos por una opción de alquiler más digna, somos una especie de privilegiados. Una verdadera infamia, cuando la realidad que vive la mayoría de la juventud es la de la precariedad laboral extrema, que junto a las condiciones abusivas de los alquileres (como las ilegales fianzas de varios meses que siguen estando a la orden del día) y la subida de servicios y productos básicos, hacen muy difícil hacer frente al pago del alquiler.
Pero este no es el único problema que existe con la medida del gobierno. Como ya señalamos en este artículo , las medidas de ayuda al pago como el bono del alquiler o los ERTE que se negociaron con el Estado de Alarma y que se han prorrogado hasta hoy son medidas que generan un gasto público que se transformará en poco tiempo en deuda, y todo para pagar a empresarios y rentistas. Es decir, el Gobierno aprueba una ayuda para garantizar a los caseros que reciban su pago, no para que las y los inquilinos vivan en mejores condiciones.
Una medida más coherente, considerando que muchos pisos son propiedad de fondos buitre, bancos y grandes propietarios, sería la de regular el precio máximo del alquiler y expropiar todas las viviendas vacías en manos de banqueros y especuladores para dar una alternativa habitacional a quienes tienen mayores dificultades para acceder a un alquiler o una hipoteca. Pero esta medida es incompatible con Gobierno que por mucho que se diga “progresista”, trabaja para las empresas y el IBEX 35, no para la clase trabajadora y los sectores populares.
