Espionaje. Pegasus: Escándalo por espionaje alcanza a políticos de alto perfil en México

Como detallamos aquí, este programa espió a por lo menos 189 periodistas, 65 altos cargos de empresas, a 85 activistas de derechos humanos y a más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos jefes de Estado y de Gobierno, ministros y diplomáticos de todo el mundo.

El escándalo tras la salida a la luz de más de 50 mil números telefónicos que, por todo el globo, fueron espiados en países como Argentina, Arabia Saudí, Marruecos, Hungría y la India llegó a México con fuerza, toda vez que concentra la mayor cantidad de números intervenidos, con por lo menos 15 mil personas. Entre ellos destacan, por ejemplo la periodista Carmen Aristegui, la esposa del periodista Javier Valdés, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y del mismo equipo de Andrés Manuel López Obrador.

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Así, el jefe del Ejecutivo anunció la entrega de toda la documentación relacionada con el caso a la Fiscalía General de la República, al tiempo en que señalaba las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como las que encabezaron esta política represiva en contra de activistas y figuras críticas. Por su parte, políticos de alto perfil como Miguel Ángel Osorio Chong han sido cuestionados, debido a la importancia del cargo que ostentó en el periodo indicado.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, negó tener conocimiento sobre la compra y uso del malware de espionaje Pegasus durante su desempeño como secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El actual coordinador del PRI en el Senado negó también que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) hubiera realizado labores de espionaje político por medio de este programa. Aseguró que el organismo "trabajaba dentro del marco de la ley" y rechazó los señalamientos en contra de éste. Aunque defendió su labor, negó conocer la trayectoria de sus excolaboradores, como del exdirector del CISEN Eugenio Imaz.

Muchos de los exfuncionarios señalados ya enfrentan acusaciones o investigaciones por corrupción, desvío de recursos o delincuencia organizada. 

Tomás Zerón, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, es otro de los implicados en la red que hizo posible la contratación de Pegasus durante la administración de Peña Nieto, según informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 

El exsecretario de defensa Salvador Cienfuegos, detenido el año pasado en Estados Unidos acusado por vínculos con el crimen organizado, estuvo implicado en las transacciones que, entre 2014 y 2016 permitieron la compra del software a la Procuraduría General de la República. Esta sería la segunda vez que el Ejército se vio implicado en la adquisición de programas de espionaje bajo la gestión de Cienfuegos, según detalló en una investigación Animal Político. El otro programa es "Hacking Team" (adquirido en 2015). 

El almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Secretaría de Marina también estaría implicado en pagos a empresas que permitieron la compra del programa entre 2013 y 2014. 

Gobiernos como los de Javier Duarte (actualmente preso por lavado de dinero) en Veracruz y de Manuel Velasco en Chiapas inyectaron dinero a una de las empresas vinculadas a la compra de Pegasus. Eruviel Ávila también entregó recursos para este propósito en 2013, cuando fue gobernador del Estado de México. 

Titulares de Hacienda, como Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya aprobaron pagos directos entre 2015 y 2018. 

Genaro García Luna, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Elías Beltrán son otros de los personajes bajo cuya gestión al frente de distintas dependencias de seguridad, inteligencia e investigación, se llevaron a cabo transferencias de recursos para financiar la adquisición de Pegasus. 

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A pesar de los discursos gubernamentales que justifican la adquisición de este tipo de programas en pos de más "seguridad", lo cierto es que quienes fueron objeto de vigilancia fueron periodistas, defensores de derechos humanos y personajes incómodos para los distintos gobiernos; cabe señalar que en el contexto mexicano son justamente estos gremios lo que encabezan las listas de persecución y asesinatos políticos.

Una vez más el caso Pegasus se pone sobre la mesa, lo cual vuelve a hacer evidente que el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales es un tema pendiente.