En Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes, del Partido Acción Nacional, anunció el plan DN-III-E frente a la inminente impacto de Katia este viernes 8 de septiembre. ¿Qué implica?
Miércoles 6 de septiembre de 2017
Ante la tormenta tropical Katia, que probablemente se desarrolle COMO huracán clase 1, el gobierno de Veracruz y la sexta región militar, a cargo del Comandante Juan Manuel Rico Gómez, han anunciado la activación del Plan DN-III-E.
Casi un millón de veracruzanos se encuentra en la zona de riesgo. El comité de emergencia de Veracruz definió la evacuación de la mayor parte de pobladores hacia los albergues ya instalados. En especial las poblaciones de Nautla, Cazones, Gutiérrez Zamora y La Antigua se encuentran en riesgo debido a los ríos cercanos y sus probabilidades de desbordarse con las intensas lluvias.
El plan DN-III-E establece los lineamientos de las operaciones conjuntas entre el Ejército y la Fuerza Aérea mexicana para “auxiliar” a la población civil en caso de desastres naturales o situaciones de emergencia y riesgo. En los casos de desastre de gran magnitud, se despliega la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre.
En la fase de auxilio del Plan DN-III-E, las prioridades cínicamente demuestran los intereses del gobierno. Las fuerzas armadas deben resguardar a la población y a la planta productiva de las patronales, y cooperar con las fuerzas públicas para preservar la actividad económica. Subordinado a esto se encuentra la búsqueda, salvamento y rescate, la asistencia médica y el reparto de ayuda humanitaria.
El riesgo de más militarización
Desde hace diez años México es un país militarizado so pretexto de la “guerra contra el narco”. Esa década ha significado el fortalecimiento de los cárteles y sus vínculos con los empresarios y altos funcionarios de gobierno, el blanqueamiento de miles de millones de dólares y su inyección en el sistema financiero, el financiamiento de campañas electorales con dinero de organizaciones criminales.
Pero también significó el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas, por lo menos 30 mil desaparecidos (más el aumento de los casos de desaparición forzada), la ejecución de alrededor de 200 mil personas (tanto por los grupos criminales como por las fuerzas represivas), y la extensión de fenómenos aberrantes como el juvenicidio y el feminicidio.
Son estas fuerzas armadas las que ahora, presume el Gobierno, acudirán al rescate de la población. Ya en Haití, tras la ocupación militar por los estragos del terremoto en 2010, vimos las consecuencias de la militarización con la excusa de auxiliar frente a una situación de desastre. Los cascos azules de la ONU y los ejércitos ocupantes han desarrollado redes de prostitución que controlan ellos mismos, son miles las denuncias por extorsión que se pagan con favores sexuales a quienes quieren desplazarse por el territorio, se ha disparado una epidemia de VIH/Sida y la situación de violencia y violación de derechos humanos se ha agravado escandalosamente.
En México el Gobierno usa como excusa el riesgo de los huracanes para militarizar zonas rojas y lugares con recursos estratégicos. Busca mantener a raya el sufrimiento y la desesperación de miles de personas de pocos recursos, pobres y de familias trabajadoras.
El principal problema frente a los desastres naturales surge porque los poblados de las capas más vulnerables de la población se ven obligados a instalarse en las zonas periféricas, sin acceso a servicios básicos ni agua potable, con alto riesgo de deslaves e inundaciones.
El gobierno y los organismos públicos, con tal de obtener ganancias millonarias, ordenan las ciudades a modo de favorecer los intereses de los grandes constructoras e inmobiliarias.
No es “natural” que el gobierno retrase la implementación de planes de contingencia, ni que autorice la construcción de proyectos inmobiliarios y obras con alto riesgo que deforestan, erosionan el suelo y contaminan los mantos acuíferos. Tampoco la gentrificación que construye ciudades para los ricos y expulsa a los pobres y trabajadores a las periferias, a las barrancas y cerros con alto riesgo de deslave e inundación.
No hay “accidentes naturales” ni algo de “fortuito” en los desastres que golpean a la población empobrecida. Hay, por el contrario, un jugoso negocio de millonarias ganancias para los dueños del territorio, que se eleva sobre el presente, la salud y la vida de los afectados.
Un plan de urbanización a largo plazo solo puede implementarse sobre la base de la planeación y administración de los proyectos inmobiliarios por parte de los trabajadores y pobladores, por fuera de las ganancias de las inmobiliarias y las constructoras.
Es necesario implementar impuestos progresivos a las grandes fortunas de los empresarios como Slim, que se enriquecen arriesgando la vida de los que menos tienen, y financiar así los planes de auxilio y asistencia necesarios para mitigar los daños de fenómenos naturales que podrían prevenirse.
Se trata de medidas que solo puede llevar adelante un gobierno obrero y popular, que sea independiente de los empresarios, de las trasnacionales y de las órdenes que emanan de Washington.
