Lo dice una resolución conjunta de los ministerios de Salud y Trabajo, publicada este viernes en el Boletín Oficial. Incluye a grupos de riesgo. El peligro de la “economía a pleno”.
Ulises Valdez @CLAVe
Viernes 9 de abril de 2021 10:28
Este viernes se publicó la Resolución Conjunta 4/2021 en el Boletín Oficial. ¿Qué dice? Que “los empleadores podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores” que hayan recibido “al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida” contra el covid-19.
La resolución aclara que las patronales, incluido el propio Estado, podrá obligar a regresar a sus puestos “independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”. O sea que incluye a trabajadores y trabajadoras de más de 60 años y otras incluídas hasta hoy como “grupos de riesgo”. Las únicas excepciones son quienes tienen inmunodeficiencias congénitas, enfermedades oncohematológicas, desnutrición grave y determinados casos de VIH.
En el caso del personal de salud, el más expuesto, tendrá que completar las dos dosis.
El objetivo de la norma queda claro en la letra de la resolución: “es necesario implementar estrategias que permitan recuperar la capacidad” productiva de los diferentes sectores, al mismo tiempo que “establecer las condiciones”. O sea, poner la economía “a pleno” como dijo esta semana Alberto Fernández y piden los empresarios. Que estemos ante un “tsunami” de casos, como reconoció el gobernador Kicillof, no parece importar.
Entre los considerandos sorprende la visión que tiene el Gobierno de la situación del plan de vacunación. Señala que “con los resultados disponibles al momento, las vacunas utilizadas en Argentina demostraron una adecuada eficacia para la prevención de las formas graves y de la muerte por la enfermedad, lo cual disminuye el riesgo y posibilita el retorno de los trabajadores y las trabajadoras a sus lugares de trabajo”.
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Lo cierto es que en Argentina el plan de vacunación lamentablemente viene fracasando: se inoculó cerca del 2 % de la población y un porcentaje también muy bajo recibió una sola dosis, cuando se había prometido estar a esta altura del año en un porcentaje mucho mayor. Más aún, la crisis de las vacunas se da mientras Argentina lleva exportado a México componentes para fraccionar 40 millones de vacunas y no recibió ni una sola dosis de esa producción. Son las que se producen en el laboratorio mAbxience ubicado en Garín, a pedido de AstraSeneca.
También con sorpresa la resolución firmada por los ministerios de Salud y Trabajo aseguran que ya hay “protocolos específicos para cada sector a fin de prevenir y cuidar la salud del personal”. No es lo que piensan la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en fábricas, escuelas y medios de transporte, que vienen denunciando que se han transformado en “focos de contagio” a pesar de que los gobiernos apuntes a las conductas individuales y las reuniones sociales.
Lo cierto es que en el apuro para poner la economía “a pleno”, la resolución refleja un peligro para la población en general y trabajadora en particular.
Como venimos reflejando, la decisión de postergar la aplicación de la segunda dosis ante la falta de vacunas, es cuestionada desde sectores científicos. Incluso en las resoluciones oficiales se toma un plazo de tres meses para espaciar las vacunas cuando los propios asesores del Gobierno y hasta los laboratorios reconocen que esos plazos podrían diferir según las vacunas.
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Como reflejamos en La Izquierda Diario hace pocos días, hay varias preocupaciones en torno a esa estrategia:
Como viene planteando la izquierda, “si bien la vacunación no impedirá, muy probablemente, la llegada de la segunda ola, como lo demuestran Chile y otros países, hasta ahora hay evidencia de que previene las complicaciones más graves, derivadas de la enfermedad y mitiga sus efectos, por lo que aliviaría la presión sobre el sistema de salud y reduciría la mortalidad, frente al aumento significativo de contagios que llegó a gran parte del cono sur”.
Sin embargo, el plan de vacunación oficial, junto a estas medidas a pedido de los empresarios, están lejos de estos objetivos.
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Como plantea el proyecto de Nicolás del Caño (PTS-FITU), es urgente que se declare de utilidad pública el laboratorio mAbxience, ubicado en la localidad de Garín, junto con el uso de toda la capacidad técnica-científica del país y la inversión que sea necesaria en los laboratorios públicos, para concluir el proceso de envasado en el país, de manera tal de poder acceder de manera masiva a la vacuna que debe ser considerada un bien social.
Esa medida, junto al respeto de las licencias para quienes están dispensados, la creación de comisiones de seguridad e higiene independientes en cada lugar de trabajo, la restitución del IFE de $ 40.000, entre otras, son las únicas que pueden proteger la salud y la vida de las grandes mayorías.
