México vive una fuerte crisis política luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El ejército, en especial el Batallón 27, está implicado directamente en la detención y desaparición forzosa de los normalistas de Guerrero. A unos días de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego de la presentación del informe de expertos de esta instancia se volvió a poner en duda la versión “histórica” de la PGR.
Sergio Abraham Méndez Moissen México @SergioMoissens
Martes 6 de octubre de 2015
El cinismo del régimen asesino a debate
Como hemos insistido en otras notas de Izquierda Diario el régimen político mexicano intentó callar la indignación y descontento imponiendo una supuesta verdad “histórica” en la que los 43 normalistas de Aytozinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula con la participación del grupo de narcotraficantes “Guerrero Unidos”.
Diversas voces han demostrado la imposibilidad de esta “verdad histórica”. Desde Jorge Montemayor de la UNAM que demostró que es químicamente imposible la cremación de 43 cuerpos en un basurero, las investigaciones de Proceso junto a la Universidad de Berkeley y Anabel Hernández que hicieron públicas los audios del C4 de comando radial entre policías municipales y el Ejército están implicados en la masacre de Iguala y en la desaparición de los 43.
Los familiares de Ayotzinapa han denunciado que los normalistas habían sido hostigados y amenazados por miembros del Batallón 27 y este grupo especial, además, es tristemente célebre por su participación en la guerra sucia y en la desaparición de cientos de luchadores sociales.
Recientemente el gobierno intentó a un año resolver la enorme crisis política abierta por la desaparición de los 43 explicando que los restos de Yoshivani Guerrero De la Cruz fueron identificados, junto a los de Alexander Mora, por investigadores de Insbruck. Sin embargo, los familiares de los 43 no creen en el gobierno y piden que se investigue al ejército. La CIDH además mostró en su informe final de investigación que existen más irregularidades de la versión de la PGR presentada por Murillo Karam: las prendas de los normalistas fueron entregadas a los familiares, ni más ni menos que por el gobierno, existe evidencia de la participación del ejército y exigen investigarle.
La CIDH emitió su informe in loco y detalló que “se constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.”
El año de la masacre de Iguala demostró que existe aún un enorme descontento e indignación tras la desaparición de los 43. Decenas de miles de jóvenes, mujeres, trabajadores y pueblo pobre salimos a las calles este 26 de septiembre del 2015 a plantear que: Fue el Estado. Ayotzinapa es una muestra fundamental de la violencia de Estado contra los trabajadores, la juventud, el pueblo pobre el país.
Dos respuestas
El régimen político ha presentado dos respuestas. Primero una negativa rotunda para investigar a los militares implicados en la masacre de Iguala. Es más, la Secretaria de la Defensa Nacional, detalló que “Debido a las circunstancias sociales que vive el país, informar adónde fueron enviados o si no fueron enviados a ninguna parte los elementos del 27 batallón de infantería pone en peligro sus vidas, pues los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en relación con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, tienen diversas aristas.” Los datos sobre qué hicieron los miembros del Batallón 27 serán guardados por 12 años. Esto constituye un rotundo NO a las peticiones de familiares y de la CIDH.
Por otro lado este domingo Peña Nieto presentó una propuesta de Ley de Desaparición Forzada en México que pretende presentar a la opinión pública y a los medios internacionales que existe un fenómeno de desaparición forzada de personas en el país.
Según datos de La Jornada la propuesta de ley, que será presentada en el Senado, sugiere que la “erradicación de la desaparición forzada consiste en elevar las penas a los responsables de la desaparición forzada de personas, la creación de un fondo nacional de búsqueda, la formación de unidades especializadas en búsqueda de personas, un registro único de desaparecidos. Se integra el aumento de la sentencia de más de 100 años de cárcel a involucrados en desaparición forzada y en el ocultamiento de restos biológicos así como en la participación de enterramiento de fosas clandestinas.”
Según información oficial hay más 26 mil 599 expedientes de denuncias de personas desaparecidas. La entidad con más casos es Tamaulipas, con 5 mil 411. Según La Jornada la nueva ley busca “la creación de un sistema nacional de búsqueda, en el que participen autoridades gubernamentales, familiares, víctimas y grupos de la sociedad civil; plantea elevar las penas (hasta 100 años) para los responsables de estos delitos; considera la formación de unidades especializadas de búsqueda a escala federal y estatal, las cuales deberán operar con base en protocolos especializados, e incluye la construcción de un solo registro de desaparecidos a escala nacional.”
El cinismo del gobierno de México ha llegado a tal grado que instaurarán el 26 de septiembre día nacional de la desaparición forzada.
La justicia no vendrá de los verdugos
En México se han instalado fenómenos abiertamente reaccionarios: más de 25 mil desaparecidos, fosas clandestinas, masacres a manos del ejército (Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Ostula, Iguala), más de 160 mil muertos, con tintes de limpieza social y desplazamiento forzado.
Como hemos planteado en otras notas de Izquierda Diario “La subordinación económica, política y en materia de seguridad de México a Estados Unidos se ha agudizado, haciendo posible la descomposición estatal en curso y la expresión cada vez más profunda de monstruosos fenómenos sociales como la desaparición forzada de 43 estudiantes” De ahí que la justicia ante los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 no vendrá del régimen asesino responsable directo de la desaparición de los 43.
La nueva ley de desaparición forzada resulta cínica ante los hechos de los últimos meses. ¿Cómo vendrá la justicia de un régimen responsable de quitarle el rostro a Julio César Mondragón? ¿Cómo vendrá la justicia del gobierno de Peña Nieto cuando el Ejército está implicado en la masacre de Iguala?
La única justicia para las grandes mayorías y el castigo para los responsables de desapariciones, asesinatos y el feminicidio, sólo vendrá de derrocar a este régimen podrido e irreformable. En México urge impulsar la más amplia movilización en las calles, encabezada por la clase trabajadora y poniendo en práctica sus métodos de lucha como el paro y la huelga, para echar abajo todas las reformas estructurales. Hay que luchar por un gobierno obrero y campesino, que resuelva todas las demandas de los trabajadores, el pueblo pobre y los pueblos originarios en perspectiva de hacer real una segunda revolución mexicana: esta vez obrera.
Con información de La Jornada
