Tras el sismo de 7.1, Peña dio la orden de ejecutar los planes MX y el DNIII. Militarización para proteger la propiedad privada y sofocar el descontento.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 20 de septiembre de 2017 02:03
Mientras se dan a conocer más casos de personas atrapadas en edificios colapsados y se multiplican las brigadas de trabajadores, jóvenes y colonos voluntarios que encabezan los rescates, la salida del gobierno de Peña es la militarización.
Son los soldados, marinos, policías que obstaculizan las tareas de rescate, mientras faltan elementos básicos como grúas y maquinaria para retirar los escombros que aprisionan a gente atrapada, como en la fábrica textil de la calle Chimalpopoca y Bolívar, en la colonia Doctores.
Esto es parte del Plan MX, “un Plan Maestro de Respuesta Federal en caso de contingencias mayores o emergencias” cuyo objetivo, según la versión oficial “es proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos”. Es un plan que se conjuga con el Plan DN-III, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Plan de Marina y el Plan de Apoyo a la Población Civil de la Policía Federal.
En huracanes, inundaciones, deslaves y sismo, el gobierno hace este despliegue de fuerzas represivas. El plan DN-III-E establece los lineamientos de las operaciones conjuntas entre el Ejército y la Fuerza Aérea mexicana para “auxiliar” a la población civil en caso de desastres naturales o situaciones de emergencia y riesgo.
En la fase de auxilio del Plan DN-III-E, las prioridades cínicamente demuestran los intereses del gobierno. Las fuerzas armadas deben resguardar a la población y a la planta productiva de las patronales, y cooperar con las fuerzas públicas para preservar la actividad económica. Subordinado a esto se encuentra la búsqueda, salvamento y rescate, la asistencia médica y el reparto de ayuda humanitaria.
Son los mismos militares y elementos policiales los que una y otra vez reprimen la protesta social y llevan adelante masacres como la de Nochixtlán en 2016, durante la lucha contra la reforma educativa.
Ante sismos de gran magnitud, se desata la crisis porque la clase trabajadora y los sectores populares se ven obligados a vivir y laborar en edificios y zonas altamente vulnerables.
Primero porque las constructoras tienen todo tipo de facilidades para edificar viviendas de interés social con materiales de mala calidad y sin aplicar normas de construcción que soporten sismos.
Segundo, porque para los empresarios lo único que importa son sus ganancias millonarias. No se conforman con pagar salarios bajos y degradar las condiciones de trabajo de las mayorías. Así es que fábricas, establecimientos educativos privados y oficinas tampoco cuentan con las medidas de seguridad necesarias para resistir los temblores.
Ante la tragedia, lo fundamental es profundizar y ampliar la conmovedora solidaridad de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes que nos organizamos para ayudar en las brigadas de rescate y albergues. ¡Que todos los militares, los marinos y la policía vuelvan de inmediato a los cuarteles! Ninguna confianza en el gobierno asesino e indolente de Peña Nieto y las trasnacionales.
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