La subsecretaría de educación superior ha dicho que este año busca una reforma a la ley de pensiones universitarias, rumbo al 38 Congreso General Ordinario del STUNAM tenemos que discutir a qué nos enfrentamos con esta reforma.
Martes 6 de agosto de 2019
El debate sobre las pensiones de los trabajadores universitarios vuelve a flote con las declaraciones de Santiago Concheiro, subsecretario de educación superior de la Secretaria de Educación Pública (SEP), que comentó que las universidades públicas “no pueden responder a compromisos especiales para todos los que tienen derecho. Estamos ante un esquema (de pensiones) imposible de mantener. No hay dinero para solventar estas erogaciones”.
No es la primera vez que la cuarta transformación abre el tema. En enero de este año, al calor del debate presupuestal, el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa aseguro que las universidades no planeaban adecuadamente sus pensiones.
Desde principios de año la Secretaria de Educación Pública junto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior aseguraron que el déficit presupuestal que tienen las universidades es culpa de las pensiones de quienes han dado su vida al servicio de la educación pública y que este año se prevé avanzar con una nueva ley de pensiones y jubilaciones para el sector.
Es decir, la cuarta transformación, lejos de revisar cuáles han sido los resultados de reformas a las pensiones y jubilaciones como el Sistema de Ahorro para el Retiro o la reforma a la ley del ISSSTE en 2007 impulsa una política que no sólo es continuidad del neoliberalismo, sino que profundiza el ataque a las pensiones de miles de trabajadores.
Por lo pronto la SEP ya amagó el rescate de las 11 universidades en quiebra técnica con una prueba piloto en el que se quiere ensayar un nuevo sistema de pensiones y jubilaciones discutido únicamente con las autoridades. Esta medida afectaría a 60 mil trabajadores pertenecientes a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios.
La respuesta de la CONTU en voz de su secretario general, el priísta Enrique Levet Gorozpe fue de desconocer los acuerdos a los que había llegado a espaldas de la base en cuanto al sistema de pensiones, asegurando que eran acuerdos “leoninos” y particularmente con el caso de las 11 universidades comentó que de llegar a septiembre sin pago puntual en las universidades la CONTU se iría a paro nacional.
Rumbo al congreso del STUNAM
Esta situación nos debe de poner en alerta, no podemos ser indiferentes en cuanto a la situación de 60 mil trabajadores universitarios cuyo puesto de trabajo, condiciones laborales y salariales corren peligro, porque si pasa el golpe a estos sindicatos de la CONTU va a pasar el golpe a las jubilaciones y pensiones de todo el gremio.
Más allá de la dirección charra y priísta de la CONTU, tenemos que ver en esos 60 mil trabajadores a valiosos aliados para los trabajadores de la UNAM, es por eso que frente a la situación actual en nuestro gremio y la amenaza de ir contra nuestras jubilaciones, es clave que este congreso discuta cómo vamos a salir a dar una respuesta con movilización unitaria para rechazar las condiciones que la SEP quiere imponer para el rescate de las universidades públicas y una nueva ley de pensiones y jubilaciones.
Resulta increíble que se hable de que el neoliberalismo terminó mientras siguen diciendo que la culpa de la crisis en el sector universitario son nuestros derechos más elementales como una pensión después de dar la vida en la universidad.
En este gobierno es insostenible la jubilación de los trabajadores pero hay miles de millones de pesos para darle continuidad a la militarización del país con la Guardia Nacional y la política de la Ciudad de México. ¿Quieren meterle la mano al bolsillo de nuestros abuelos para seguir gastando en plomo para nuestros hijos?
Desde la agrupación clasista Desde las Bases hacemos un llamado a la dirección de nuestro sindicato y a la base trabajadora para tomar decisiones contundentes en este congreso, no podemos seguir en la pasividad cuando el gobierno cuestiona nuestros derechos más elementales.
