Pese a los esfuerzos de último minuto, el gobierno sufrió una dura derrota este miércoles en la cámara de diputados con la aprobación en general del retiro del 10% de los fondos de las AFP. Más allá de los llamados de terror sobre una supuesta “caída generalizada” en la economía, lo cierto es que la amplia presión popular demuestra una vez más la debilidad del gobierno y la fuerza social que emergió el 18 de octubre. La disyuntiva es: o se despliega esa fuerza para terminar con las AFP y para que la crisis la paguen los capitalistas, o nos quedamos con medidas parches.
Elías Ignacio Periodista
Jueves 9 de julio de 2020
Con 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones se aprobó en general la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de fondos previsionales por la pandemia, pese a los esfuerzos y tratativas de último momento del gobierno. Si bien ahora el proyecto pasará a la comisión de constitución para su discusión particular y tiene un futuro incierto, el gobierno sufrió una dura derrota.
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El odiado sistema de AFP ha usufructuado de los ahorros de las y los trabajadores desde 1980 cuando José Piñera las creó. Desde ese momento los grandes empresarios locales y multinacionales han tenido un gran fondo de capitales a su disposición para hacer lo que quieran mientras entregan pensiones de miseria.
Las cínicas celebraciones de la oposición (que ha mantenido y profundizado el sistema de AFP) y que le han votado todas las leyes de ataque de Piñera muestran la enorme presión popular que existió por la aprobación del proyecto. Es una muestra en general de la relación de fuerzas que dejó planteado para el régimen luego de la rebelión de octubre.
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Según datos de la Fundación Sol, durante este año cerca de la mitad de los pensionados reciben pensiones por menos de 49 mil pesos. Todo esto contrasta con las fabulosas ganancias que obtienen las AFP. Según datos de la Superintendencia de Pensiones las AFP tuvieron utilidades por casi US$650 millones de dólares durante 2019, un verdadero robo a plena luz del día.
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El proyecto presentado por diputados de oposición, propone el retiro mínimo de 35 UF ($1.004.173) hasta 150 UF ($4.303.600) y de todos los ahorros para quienes tengan menos de ese monto. Aunque con letra chica, como la indicación realizada por diputados UDI que implica que el retiro no correrá para empleados públicos, profesores o trabajadores de la salud que estén bajo el código del trabajo.
¿Existe realmente el “ahorro individual” en las AFP?
Uno de los argumentos centrales utilizado por la derecha en el debate del proyecto fue de no tocar los ahorros individuales de cada trabajador. Según ellos empeorarían las pensiones, como si eso ya no fuera una realidad.
Lo cierto es que no existe un supuesto “ahorro individual” sino que por el contrario los fondos de AFP se invierten de manera indiscriminada a grandes empresas nacionales y extranjeras sin preguntarle a nadie. El supuesto derecho de propiedad de cada trabajador o de tener algún tipo de decisión sobre “sus fondos” se transforma así en una ilusión ya que esos fondos están invertidos sirviendo de dinero fresco para especuladores, banqueros y empresarios de todo tipo.
De los más de US$200.000 millones de dólares que administran las AFP, un 6,1% está invertido en acciones locales, un 51,2% en bonos nacionales, y un 42,8% está en el extranjero. Mirando estos datos se desprende que el supuesto caos que generaría liquidar esos fondos es una falacia total, los fondos no representan montos significativos en las bolsas del extranjero.
Así el debate de fondo que se abre es en qué se utilizan esos fondos y quién decide. Es decir, cómo el dinero de los fondos de pensiones no se utiliza para llenarle los bolsillos a los inversores, sino que asegurar pensiones dignas y utilizar ese gran ahorro de las y los trabajadores en función de necesidades sociales, que sea decidido democráticamente por las y los trabajadores y jubilados.
Las AFP: Pilar del capitalismo chileno
Como señalamos arriba, desde su fundación en plena dictadura, las AFP se transformaron en uno de los pilares del capitalismo chileno. Se trata de un fondo general que controla seis AFP, cuatro de ellas son propiedad de capitales extranjeros. En conjunto, administran un “fondo previsional” de más de 200.000 millones de dólares, esto es, cerca del 70% del producto nacional (PIB).
¿A dónde van los fondos? 30.000 millones de dólares van a los 10 grandes bancos que operan en el país. El 30% de este fondo está invertido en EEUU y el 10% restante en el extranjero. El 15% son acciones de grandes grupos económicos, del grupo Luksic, Matte, Angelini, Paullman, Penta o SQM, entre otros. El sector financiero adquiere otro 20% de los ahorros de los trabajadores invertidos.
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En términos sencillos, cuando solo consideramos las cotizaciones de los trabajadores, lo que se observa es lo siguiente: mes a mes, a las AFP ingresan $500.000 millones y se pagan solo $200.000 millones en pensiones. Así el fondo crece cada año sumando más y más capital a disposición de diversos sectores empresarios a costa de pensiones de hambre para el pueblo trabajador.
Por esto los empresarios y sus políticos defenderán con uñas y dientes sus privilegios.
No + AFP: Por un sistema de pensiones de reparto y solidario controlado por trabajadores y jubilados
Si esta ley fue aprobada con votos de todos los sectores, es porque millones lo pedían. El fantasma de un "estallido 2.0" fue parte del debate político. Miles siguieron de manera vigilante la discusión en el parlamento. La gran disyuntiva es cómo esa fuerza se despliega para terminar con las AFP y realmente lograr que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador a partir de sus ahorros, impuestos, rebajas salariales y desempleo. Si confiamos en las frases bonitas de gente que durante años ha perpetuado este sistema, efectivamente el resultado será un mero préstamo blando con cargo al fondo de pensiones y garantía estatal. Podemos ir por más.
Es falso lo que plantean los parlamentarios del Frente Amplio de que por votar esta ley estamos en el principio del fin de las AFP. Para derribar el sistema de pensiones de la dictadura hay que enfrentar a los grandes grupos económicos y sus monopolios. Como se vio en octubre, sólo la fuerza de la clase trabajadora y el pueblo movilizado puede hacerlos temblar. Por eso resulta tan criminal la tregua que la CUT y la burocracia sindical le ha regalado al gobierno, mientras Piñera nos lleva a un país con mayor pobreza, desempleo, bajos salarios y peores pensiones.
Debemos luchar por un sistema de reparto solidario y estatal, gestionado por los trabajadores y usuarios y cuya finalidad central sea el bienestar de los miles de jubilados y jubiladas y las necesidades sociales tan apremiantes de la pandemia.
Hay que reducir el tope para la vida laboral a los 55 años y en el caso de los trabajos pesados a los 50, asegurando pensiones que no sean nunca inferiores al 80% del sueldo líquido percibido durante la vida laboral.
Para esto, hay que pelear por verdaderas medidas de fondo que afecten las ganancias empresarias, cómo un sueldo mínimo de emergencia no inferior a $500 mil pesos, el fin de los despidos financiado por impuestos progresivos a las grandes fortunas y empresas como las grandes mineras que ganan millones a costa de la vida de las y los trabajadores unido a un programa de fondo para que la crisis no la pague el pueblo trabajador sino los grandes empresarios.
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