DESALOJO ILEGAL. PepsiCo: las fuerzas de seguridad también reprimieron a periodistas

Fotografía:Enfoque Rojo

Nadie se salvó de la brutalidad del operativo montado por las fuerzas de seguridad en los alrededores de la planta de Pepsico, en la localidad de Florida. Ayer, en el desalojo ilegal a los trabajadores que ocupaban pacíficamente la fábrica, en lucha por sus puestos de trabajo, la Policía Bonaerense y la Gendarmería nacional golpearon también a referentes de la política y a periodistas.

Te puede interesar: La batalla de PepsiCo: una jornada de lucha ejemplar contra la represión y los despidos

Aldo Romano, trabajador de Crónica, relató ante los medios cómo la policía le impidió el paso, cuando intentaba trabajar en la cobertura de los hechos. El hombre se trasladó para recoger un trípode, una de sus herramientas de trabajo, cuando se encontró rodeado por un cordón policial que no lo dejaba cruzar para regresar a su puesto, junto al camarógrafo que lo aguardaba. En medio del forcejeo, Romano recibió golpes por parte de los efectivos, que pegaban con los escudos y patadas. Un policía rompió con su bastón la cámara de otro periodista. Según relató Romano, todo el tiempo les solicitaba que lo dejaran pasar, que necesitaba volver a trabajar junto a su compañero, el camarógrafo.

Podés leer: Reporteros gráficos y periodistas opinan sobre el “protocolo antipiquetes”

Quizás las agresiones ejercidas contra los trabajadores de la comunicación ayer, sean una muestra de la concepción del Gobierno de Cambiemos, respecto de la "seguridad" y la "protección" al periodismo. En febrero del año pasado, el ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, presentó el protocolo antipiquetes, un procedimiento para desalojar cortes con el objetivo de impedir la protesta social. Entre sus artículos, este protocolo estipulaba una serie de restricciones a la actividad periodística. Con la excusa de "salvaguardar" la integridad de los trabajadores de los medios, el Gobierno pretendía con la nueva normativa, establecer una especie de corralito para los periodistas. De aplicarse esto, constituiría una grave violación a la libertad del ejercicio periodístico. El protocolo de la cartera de Bullrich solo pretendía mantener a los periodistas alejados de los hechos, para que no pudieran registrar la brutalidad con que proceden las fuerzas de seguridad.

La masacre de Avellaneda, en la que efectivos de la maldita Bonaernese asesinaron a los manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, es un claro ejemplo del rol que pueden cumplir periodistas y reporteros gráficos en episodios de represión.

Leé también: Pepe Mateos y la Masacre de Avellaneda: la fotografía como poderosa herramienta política

Como se evidenció ayer, ante la imposibilidad de aplicar el protocolo, lejos de pensar en la integridad del personal de los medios de comunicación, la reacción de policías y gendarmes ante quienes asistieron para efectuar la cobertura de los hechos, también fue la represión.