Un informe de Amnistía Internacional atestiguaría que los cuerpos represivos peruanos utilizaron fuego letal contra manifestantes, así como perdigones y gases lacrimógenos, estos últimos suministrados por fabricantes españoles. La investigación ha tenido por objeto el esclarecimiento de la muerte de 49 civiles, tres de ellos a causa de perdigones de plomo.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 6 de junio de 2023
Estas semanas fue publicado un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la represión a manifestantes en Perú por parte del gobierno golpista de Dina Boluarte. Bajo el título de Racismo letal. Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, es una investigación sobre la muerte de 43 civiles a manos de los cuerpos represivos peruanos, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023 en las principales ciudades del país. Desde la organización por los derechos humanos denuncian además la implicación del Estado español al permitir la venta de armas y material antidisturbios.
El informe es el resultado del análisis de documentación audiovisual, informes de la Fiscalía peruana, forenses, necropsias y entrevistas a las familias de las víctimas, concluye que, en primer lugar: "la Policía Nacional del Perú y el Ejército Peruano utilizaron la fuerza letal (balas) y armas prohibidas para tareas de control del orden público (perdigones) de manera ilegítima y la fuerza menos letal (gas lacrimógeno) de manera excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, innecesaria". Un hecho que "lejos de tratarse de incidentes aislados de excesos policiales y militares individuales apuntaría a una respuesta estatal deliberada y coordinada".
Una sangrienta represión que además tendría un claro sesgo racista al dirigirse "contra poblaciones históricamente discriminadas", lo que explicaría que "el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima".
Una situación que contó con la complicidad del gobierno de Boluarte, que públicamente criminalizó las manifestaciones y permitió la brutalidad represiva de policías y militartes. Además, como señala la investigación: "las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigación".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas represivas durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales", algo que también sostiene el informe de AI. Según diversas fuentes el número de personas asesinadas por la represión policial y militar podría superar las 60.
Entre las personas asesinadas, tres lo fueron por el fuego de perdigones de plomo, como es el caso de Gabriel Omar López Amanqui, un camionero de Juliaca (San Román) de 35 años que murió en enero acribillado por 72 perdigones. Desde AI denuncian que "los perdigones conllevan un gran riesgo de imprecisión, logran fácilmente penetrar la piel y no están concebidos para este tipo de funciones por lo que su uso en estos escenarios de protestas o manifestaciones debe prohibirse".
Una represión de un gobierno golpista que cuenta con el apoyo político de los gobiernos imperialistas, entre ellos el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Este mismo lunes, la ministra de Exteriores y el presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Boluarte, Ana Cecilia Gervasi y Alberto Otárola, eran recibidos por José Manuel Albares, ministro español de Exteriores, y por Teresa Ribera, vicepresidenta tercera.
Encuentro con el presidente del Consejo de Ministros y la Canciller de Perú. Hemos conversado sobre las relaciones 🇪🇸🇵🇪 y las relaciones UE-América Latina durante la Presidencia española.
España seguirá reforzando la cooperación iberoamericana para hacer frente a retos globales. pic.twitter.com/3ISOaOYPSd
— José Manuel Albares (@jmalbares) June 5, 2023
Los intereses en el país del capitalismo español son importantes, como la ministra peruana Gervasi remarcó al hablar de los más de 2.500 millones de dólares que supuso el comercio con las empresas españolas. El propio presidente Pedro Sánchez ya fue en su momento de los primeros mandatarios en mostrar el apoyo al gobierno golpista y autoritario de Boluarte.
Acabo de conversar con @DinaErcilia, tras su nombramiento como presidenta de Perú. El pueblo peruano y sus instituciones han sido un ejemplo de fortaleza democrática.
Le he trasladado el apoyo de España en la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 8, 2022
Mientras tanto, AI ya denunció en febrero la venta de armas y material antidisturbios a Perú por parte de los fabricantes y el Gobierno españoles. Entre ellos, gases lacrimógenos de la empresa española Falken o perdigones de goma de Maxam que han armado a los cuerpos represivos responsables de las muertes de manifestantes. De hecho, el Laboratorio de Pruebas de AI verificó vídeos de la represión en Andahuaylas del día 12 de diciembre que "muestran a policías disparando proyectiles de gas lacrimógeno directamente al cuerpo de un pequeño grupo de personas mientras huían".
El Estado español es el séptimo exportador de armas del mundo, un negocio en crecimiento y que genera a la industria armamentística grandes ganancias. Uno de sus clientes es Perú, al que ha vendido armas por valor de 184 millones de euros entre 2017 y 2022, de los cuales cerca de 40 millones correspondieron a material antidisturbios, según datos de la propia AI.
