Hasta un 43% subirá el precio de la luz desde el mes de julio entre las regiones de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Se trata del descongelamiento de las tarifas de electricidad que avanzarán por 6 meses, mientras que las empresas eléctricas ya han hecho de lo suyo con cobros de seguros y donativos hacia sus clientes. ¿Qué bolsillo protege el gobierno de Boric?
Sábado 29 de junio de 2024
Desde el lunes 1 de julio iniciará el descongelamiento de tarifas del suministro eléctrico, medida que no se había implementado desde las movilizaciones de la revuelta del 2019 antes de la pandemia por COVID-19 y que podría afectar a cerca de 5 millones de familias a lo largo del país.
Se trata de un incremento por tramos a la tarifa de la luz, hasta un 60% al llegar al 2025 desde Arica a la región de Los Lagos. La medida avanzará por precios por región y se calculan a partir del promedio de las comunas que lo componen, a través del promedio ponderado por energía de cada región.
Las regiones de Atacama, Valparaíso, Ñuble, Bío Bío y La Araucanía serán una de las más afectadas en esta subida de precios. Se considera un consumo para el grupo 1 de 180 kWh, para el grupo 2 de 400 kWh y para el grupo 3 de 550 kWh. A grandes rasgos, es posible observar que el grupo 2 será el que perciba las alzas más importantes.
“La experiencia que yo he tenido en el Gobierno, es que deuda que no se paga sale más cara. Por lo tanto, el ajuste que hay que hacer es difícil, es un ajuste necesario porque, si no, sería irresponsable de nuestra parte. Sé que no es popular, sé que es difícil, pero insisto en que deuda que no se paga sale más cara después”, afirmó Gabriel Boric el miércoles pasado.
Esta acción fue respaldada por el propio Congreso el que en abril aprobó la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, que es la que permitirá pagar la deuda en un plazo aproximado de nueve años, y cuyo trámite fue liderado por el ministro de Energía de Boric, Diego Pardow.
Sin embargo, las empresas eléctricas ya han cobrado la deuda a "su manera": a principios del mes de mayo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó con más $2.300 millones a las empresas CGE y Enel, por incumplir con la normativa que regula los procesos de facturación de consumos, es decir, de las boletas que reciben mes a mes las familias del país. La sanción incluía la usura por “incluir el cobro de seguros de vida, de asistencia y similares, dentro de las boletas de consumo eléctrico, lo que no corresponde, pues son empresas de giro exclusivo de distribución”.
¿Cuál bolsillo se defiende?
Para el analista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, "el Gobierno había empezado bien la semana con los resultados de una encuesta semanal que mostraba el aumento de la aprobación al Presidente". "Sin embargo, rápidamente aparecieron nubes en el horizonte que tenían que ver con el tema de el efecto que puede tener el alza en los precios de las tarifas eléctricas que son trasladados directamente a las familias, y eso evidentemente en un año electoral, a 120 días de la elección de alcaldes, concejales y gobernadores, encendió las alertas en el oficialismo", sugirió el experto.
La salida al problema de parte del Gobierno es un subsidio eléctrico para las familias inscritas en el 40% del Registro Social de Hogares con un bono semestral con un monto máximo de 81 mil pesos, un pequeño calmante. Traspasan a clientes, el pueblo trabajador, todos los costos, además de tener ganancias aseguradas por contrato.
En tanto, el abogado y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios de Antofagasta, Daniel Vargas, señala "Si no quieren asumir la deuda, entonces corresponderá llevar adelante una medida de soberanía nacional mínima, la nacionalización del sistema energético organizado bajo control de sus trabajadores y comités de usuarios, para que deje de ser dependiente de grupos empresariales y capitales extranjeros, a los que no les interesa entregar un buen servicio, sino que solo les interesan sus bolsillos".
