Entrevista. Pere Ortega, del Centro Delàs: “El gasto militar de los Presupuestos Generales 2023 asciende a más de 27.000 millones”

Hablamos con Pere Ortega, presidente honorífico del Centro de Estudios por la Paz Josep María Delàs. Una entidad independiente que trabaja desde 1999 en la elaboración de investigaciones e informes sobre temas como el gasto militar o el comercio de armas. Su labor arroja luz sobre uno de los temas más opacos y laberínticos de las cuentas públicas. Ortega está además especializado desde hace años en el estudio de la economía de la defensa y el análisis del gasto militar en el Estado español.

El gobierno ha presentado un proyecto de Presupuestos con un aumento del gasto militar sin precedentes ¿De cuánto es el incremento para el ministerio de Defensa?

Solo el ministerio de Defensa presenta un presupuesto de 12.827 millones, 2.500 millones más que en 2021, lo que supone un aumento del 26,3% según el propio gobierno. Esto convierte a este ministerio en el que más aumenta de todos. Pero el aumento de gasto no se queda aquí.

Desde el Centro Delàs señaláis que esta partida es solo una parte del gasto militar, que el total sería prácticamente el doble ¿Dónde se reparten esas otras partidas de gasto y a qué están destinadas?

Para conocer el gasto militar total seguimos los modelos tanto del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo como la propia OTAN, que da las indicaciones a los 27 Estados miembros para calcular el gasto militar. Esto permite incorporar una serie de partidas que no están contabilizadas en la partida del ministerio de Defensa.

Por ejemplo, las pensiones militares, las clases pasivas del Ejército o las mutuas, que la OTAN las incluye como parte del gasto militar. Lo mismo con las inversiones en I+D militar, que en su mayoría salen del ministerio de Industria. También las contribuciones del ministerio de Exteriores para sufragar gastos de la OTAN y organismos militares internacionales.

Dentro de Defensa están también los organismos autónomos de Defensa y el CNI, cuyas partidas deberíamos sumar a la de los 12.700 millones. Pero además están las misiones en el Exterior, que tienen una cuantía muy pequeña de 314 millones en el ministerio de Defensa, pero cada año suponen entre 1000 y 1200 como demuestra la liquidación del presupuesto al final del año. Ahí vemos como hay transferencias de crédito desde el llamado fondo de contingencia a Defensa para cubrir este gasto y otras para la adquisición de armas por fuera de lo presupuestado inicialmente.

Por último, hay otra partida, con la que puede haber más controversia, es el gasto de la Guardia Civil que es un cuerpo militar. La OTAN lo reconoce como un cuerpo paramilitar, aunque se excusan para no incluirlo en que no toda la Guardia Civil tiene funciones militares. Una parte sí las tiene, se ocupan por ejemplo de las fronteras y las costas, pero en caso de conflicto actuaría toda ella como parte del Ejército.

Todo esto que queda por fuera de la partida de Defensa son otros 14.400 millones de gasto, y eleva el total de los 12.700 que nos han dicho a los 27.617 millones para 2023. El gasto militar de los Presupuestos Generales 2023 asciende a más de 27.000 millones

¿El Estado español alcanzaría ya su compromiso con la OTAN de dedicar el 2% del PIB al gasto militar en 2023?

Todo este aumento persigue justamente cumplir con el compromiso de Pedro Sánchez en la pasada reunión de la OTAN de junio en Madrid de llegar a la cifra mítica del 2% del PIB en gasto de defensa. Si toman solo la partida de Defensa dicen que pasamos del 1,1% al 1,4%, pero el aumento es mucho mayor. Con el gasto total, el gobierno español estará gastando ya el 2,13%, una cifra colosal.

No parecen, por lo tanto, unos Presupuestos sociales como venden desde el gobierno…

Claro, todo esto desdice el discurso de que estamos ante unos Presupuestos sociales. Dicen que 6 de cada 10 euros serán de gasto social, pero eso no lo convierte en un presupuesto social ¿Por qué? Porque el gasto militar no es social, al contrario, destruye bienes sociales.

Está demostrado, desde la economía crítica y economistas de prestigio, que por cada puesto que se crea en la industria militar, se podrían crear de 3 a 5 puestos de trabajo en la industria civil. Esto es así porque las armas no son bienes de consumo, no salen al mercado. Nadie se puede comprar un submarino, un portaviones o un avión de combate, solo los compran los Estados, en su mayoría para que ejerzan una función de disuasión, ya que no se llegan a emplear.

Todos estos recursos son, por lo tanto, improductivos económica y socialmente, es un gasto que no contribuye a la riqueza o el bienestar del país. Al revés, produce inflación y déficit público, y es una cantidad que se retrae de invertirse en carreteras, ferrocarriles, servicios públicos… inversiones productivas.

Uno de los “coladeros” de millones son los llamados Programas de Modernización que quedan por fuera del techo de gasto ¿En qué consisten exactamente?

Una gran parte de estos aumentos del gasto van a estos Programas de Modernización. En 2022 se han dedicado a inversión militar 4.583 millones y para 2023 se proponen 7.700. Esto supone que del total de inversiones realizadas por el Estado central, unos 25.000 millones, el 30% se dedicarán a armas.

Estos programas son los grandes proyectos militares puestos en marcha en la segunda mitad de los 90 por el gobierno de Jose María Aznar, que suponían la fabricación de diferentes equipos a 20, 25 y 30 años vista. Hablamos del submarino 2080, los aviones Eurofighter, las fragatas F110, los helicópteros de combate Tigre, entre otros. Grandes programas que endeudaron por años al ministerio de Defensa, que debe unos 25.000 millones todavía, y que se llevan una gran parte del I+D del Estado.

Son armas además que no entran casi nunca en combate. Acaban su vida útil, como termina la de una nevera o una lavadora, y se tendrán que destruir. Habrán servido solo para hacer maniobras y el principio de disuasión.

¿Qué relación tiene este aumento con el contexto abierto con la guerra de Ucrania y la escalada de gasto que mencionabas antes comprometida con la OTAN?

En primer lugar, es un gasto que no tiene mucho que ver con la reposición de stock enviado a Ucrania. El que ha enviado realmente armamento es EEUU, los países europeos y en particular España han enviado material militar en desuso. Por ejemplo, les querían enviar blindados, pero no lo han hecho porque repararlos costaba tanto que no merecía la pena.

Pero el aumento sí tiene que ver con la guerra en Ucrania. Es un conflicto muy importante, que tiene detrás un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Está aumentando el belicismo y el armamentismo a costa del argumento de que hay un peligro real, que Rusia pueda atacar a otros países…

EEUU ya en 2014 promovió un acuerdo en la OTAN para lograr el 2% del PIB de gasto. Esta presión ha sido constante desde entonces, con Obama y con Trump, pero con la guerra realmente ha conseguido que se comience a ejecutar. EEUU es el mayor fabricante de armamento del mundo y, por lo tanto, una aumento del gasto militar de sus socios, aunque haya industria armamentística nacional, beneficia a su complejo industrial militar. España misma no solo fabrica y exporta, también importa muchas armas y equipamiento de EEUU.

Además de comprar armas decías que también el Estado español exporta armas. Desde el Centro Delàs también denunciáis esto y como los principales clientes son las dictaduras del Oriente Medio. El discurso de una Europa democrática que vela por los Derechos Humanos se cae por su propio peso con las cifras de comercio de armas que son utilizadas en masacres como la que vive el pueblo yemení ¿Cuánto y a quien vende armas la industria militar española y cuál es el rol del gobierno en este negocio?

España es un gran exportador, el séptimo u octavo en el ránking mundial. No lo ha sido siempre, esto sobrevino a partir de la crisis de 2008. Con los planes de ajuste también se redujo el presupuesto de Defensa, que era el que compraba entre el 60 y el 70% de la producción de la industria militar española. El ministro de Defensa de entonces, Pedro Morenés, que había sido directivo de alguna de estas empresas, decidió promover la exportación para paliar esta caída de ventas.

Esta política de expansión de las exportaciones se hizo estableciendo agregados militares en más de 30 embajadas y consulados españoles, situadas sobre todo en los países con mayor gasto en armamento. Alguna en América Latina, en países de África, pero sobre todo en los países de Oriente Medio, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Catar. Estos militares están dedicados a promover la venta de armas españolas.

En esta operación jugó un papel muy destacado el rey emérito, Juan Carlos I, por sus excelentes relaciones con las monarquías árabes, a cambio seguramente de comisiones. Esta práctica corrupta está más que demostrada, con sentencias en Reino Unido e Italia contra la práctica de las comisiones.

Muchos de estos países se implicaron en guerras como la de Siria - unos apoyando a Al Asad y otros a los rebeldes - o en la guerra de Yemen que mencionabas. Esto incumple la ley española, que prohíbe la venta de armas a países implicados en conflictos o que violen los Derechos Humanos, pero se sigue pasando por alto. En 2021 de los 9000 millones que generó la venta de armas, 4.400 correspondieron a las exportaciones, es decir casi el 50%. De estas, un 20% están dirigidas a este tipo de países.