Violencia Institucional. Pergamino: “Mamá, vení rápido, la Policía nos mata”

Fotos: Joaquín Díaz Reck

La Plaza Merced aloja lo que toda plaza de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires tiene: una capilla en un lado, la Municipalidad por otro, y una Comisaría a pocos metros.

Merced es una palabra que tiene varios significantes diferentes dependiendo de la oración en que se use. Entre ellos hay uno especial para esta ocasión: el depender de la voluntad de otra persona.

El día 2 de marzo, siete pibes, siete familias, estuvieron a merced de una institución del Estado, la maldita Policía Bonaerense.

Siete meses de un agobiante dolor, siete familias que piden justicia por sus siete hijos masacrados por el calor del ¿fuego? que elevaba la temperatura a más de 600°.

¿Fue el fuego quien les arrebató la vida? La respuesta está a la vista de todos. La Policía Bonaerense quien estaba presente en la Comisaría 1° de Pergamino fue la responsable de esas muertes, no tuvieron merced con los siete pibes que estaban alojados en un calabozo no apto para la cantidad de personas que se encontraban en situación de encierro en condiciones infrahumanas.

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Así lo demuestran las pericias, las excusas de los implicados, tales como "no encontramos la llave del calabozo" y el llamado a los bomberos 45 minutos después de lo ocurrido. A los bomberos no lo llamó la Policía, los llamaron los vecinos quienes desde afuera escuchaban los gritos desgarradores de las golpizas propinadas por los efectivos policiales, porque si, antes del incendio hubo golpizas. Luego los otros gritos, gritos que quedaran en la memoria de las familias y de un conservador pueblo que aun no quiere oírlos.

La Izquierda Diario estuvo presente en la “Plaza Merced” donde comenzó la séptima marcha de familiares y amigos que piden aun hoy justicia por los siete pibes de la “Masacre de Pergamino”.

“El Comisario entraba con una faca a pelearle a los chicos”

Flavia Gradiche es mama de Alan Córdoba de 18 años, uno de los siete fallecidos en la Comisaría.

Cuenta que: “Mi hijo se había entregado por una causa de menores el 26 de enero. Estaba con un habeas corpus por resguardo físico por el maltrato que recibía constantemente por parte del personal policial en ese lugar”.

“Ya se venía manifestando muchas cosas. Yo misma venía denunciando muchas cosas, como por ejemplo que el Comisario Sebastián Donza entraba con una ‘faca’ a pelearle a los chicos”, sigue con el relato.

“Alexis Eva, uno de los policías que supuestamente está detenido en una Comisaría en la localidad de Rojas, también entraba con ‘facas’ a pelearles a los chicos. Se lo conté a una de las mamas, lo denuncié en una Fiscalía de menores pero nunca le dieron importancia. Nunca hicieron siquiera un papel, un acta de que me había presentado a denunciar este hostigamiento”, puntualiza.

Flavia se toma unos segundos y empieza el narración de nuevo: “Luego se desató para mi ese maldito 2 de marzo en donde primero me llegó un mensaje que decía: ‘mamá vení rápido, la Policía nos mata’. Yo trabajaba a cuatro cuadras de la Comisaría. Llamé a la Comisaría y pude hablar con Carolina Guevara la cual mintiéndome en todo momento me dijo que estaba todo bien, yo les decía que el abogado se iba a presentar porque ya había visto el mensaje que mi hijo me mandó”.

“De fondo del teléfono escuché música muy fuerte y tiros. Ahí salí corriendo a la Comisaría, llegué junto con mi abogado porque le fui reenviando los mensajes que mi hijo me mandaba, que estaba lastimado, ‘vengan rápido’,’ ya estoy quemado’, ‘nos matan’”, declara Flavia.

“Trabajaron malísimamente mal, a mi hijo y a los chicos los mataron en mi cara, el humo no se propagó como para matar a siete chicos y el fuego tampoco. La autopsia de mi hijo está fraguada, dice que: ‘el cuerpo de Alan Córdoba tiene 19 años’ cuando los cumplía este 6 de septiembre que pasó, faltan sus zapatillas, puedo comprobar en las fotos de los cuerpos que se viralizaron donde se ve a mi hijo que tenía zapatillas”, sostiene.

Sobre el actuar del Poder Judicial expresa: “Yo creo que hay muchísimas falencias por parte de Fiscalía, desde el primer momento le creyeron a la Policía. Sé que no son seis los involucrados, son muchísimos más que no están ni procesados ni los tienen en cuenta. Tampoco tienen ni detenido ni procesado al que ayudó a fraguar el libro de actas porque nunca hubo un llamado a los bomberos desde la Comisaría”.

“Los cuerpos fueron retirados de ahí y los llevaron hacia Junín, nosotros no dimos el permiso. La lista de los fallecidos la pasaron dos veces y ‘Crónica’ estaba sabiendo desde antes quienes habían muerto. Se enteraron los medios primero que nosotros, sus familias”, señala.

“Lo que sí puedo dejar claro es que no fue una pelea, no fue un motín, fue una masacre. Mi hijo tenía cuatro tiros en el cuerpo, estaba lastimado, eran punzantes las heridas que tenía, no eran de una faca o de una navaja como dicen para justificar la pelea”, detalla.

“Yo ya no quisiera marchar mas en verdad pero tengo que seguir haciéndolo, es muy fuerte para nosotros, yo le prometí a mi hijo justicia y hasta no llegar a conseguirla no voy a parar”, finaliza Flavia.

“Justicia por todos los pibes asesinados por el Estado”

Apenas a unos metros la marcha se detiene en la Comisaría 1° de Pergamino, que además de esta aberrante historia, también oculta entre sus muros otra: En la dictadura cívico-militar, fue un centro clandestino de detención. Las familias se hacen oir.

Luego se comienza a caminar por la peatonal, mientras la personas tomaban su café, se escuchaban los gritos de: Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Franco Pizarro, Alan Córdoba, Juan José Cabrera, John Claros y Federico Perrota ¡Presentes!

La marcha prosiguió hasta la Plaza 9 de Julio donde en el camino se fueron prendiendo antorchas. Posteriormente se hizo un acto final donde vía telefónica se escuchó la voz de Hugo Cardozo, sobreviviente de “La Masacre de Pabellón Séptimo”.

“Me toca muy de cerca el tema, todo lo que es masacre por parte del Estado con personas en contexto de encierro y principalmente con el tema de los chicos de la Masacre de Pergamino, aun es un delito más que esta impune. Quiero brindar mi total apoyo a todas las familias. Esperemos que todas estas muertes por goteo que suceden en contexto de encierro se terminen. Porque la verdad que son causas que van quedando sin tener justicia y eso es imperdonable”, empezó Hugo.

Además relató que “en la masacre pabellón séptimo ocurrida en el ‘78 en plena dictadura militar, murieron más de 60 compañeros míos que aun están a la espera de justicia. Por eso me hace carne todo este tema, me dejan sin palabras cuando ocurren este tipo de masacres. Más allá de que los Gobiernos la quieran disfrazar de motines, están son masacres perpetradas por los sistemas penitenciarios y policiales”.

Por él me levantaba y por él me acostaba

Silvia Rosito es mama de Fernando Latorre. Él estaba alojado en la Comisaría hacia meses. Un acto ilegal en el cual incurre el sistema judicial sistemáticamente. Nunca una Comisaría puede ser tomada como lugar de alojamiento estable, si no, de paso.

“Mi hijo fue masacrado en la Comisaría 1° de Pergamino. A Siete meses de la masacre hay seis policías imputados, entre ellos el Comisario Alberto Sebastián Donza que está prófugo. Estamos pidiendo que lo busquen y nadie lo busca. Hay cuatro policías que gozan un arresto domiciliario, a nuestros hijos no le dieron la posibilidad. Hay un policía que es Alexis Eva que evalúan darle un arresto domiciliario también”, empieza su relato Silvia.

“Fernando era mi único hijo, era mi vida entera. Por él me levantaba y por él me acostaba, siempre estaba pensando en él. A veces me siento enojada, no sé si con Dios o con la vida, porque yo digo que si la vida me dio algo tan hermoso como mi hijo y me lo quitaron esos seis policías, no entiendo a la vida. No entiendo porque tanta maldad. No entiendo por qué dejaron morir a los chicos”, describe.

“Mi hijo no vuelve nunca más. Solo saber que mi nieta Francesca, que tiene un año y tres meses, se va a criar sin el amor de su padre y su papá no puede disfrutar de su hija, me parte el alma. Hay días que digo ‘hasta acá llegue, no tengo más ganas de nada’ y hay días que te levantas y decís ‘no, yo tengo que hacer justicia por mi hijo’ porqué lo que le pasó a Fernando no le tiene que pasar a nadie más. No tiene que haber un pibe mas muerto por la Policía”, finaliza Silvia.

Acá hay responsables políticos

Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relata: “Estamos para acompañar a las familias en un reclamo de justicia que ya lleva siete meses y que si bien en la causa se ha avanzando en una dirección en la investigación inicial y en determinar que lo que ocurrió allí es responsabilidad estatal.”

“Hoy tenemos una situación muy grave y compleja, al menos el principal responsable de la Comisaría, sacando a los responsables políticos de este hecho, el Comisario Donza se encuentra prófugo. Esa es una de nuestras principales preocupaciones y también lo es el hecho de la doble vara que se utiliza al momento de dar los arrestos domiciliarios, porque si hay algo claro en este caso es que los siete y todos los que estaban detenidos en esa comisaria seguramente estaban en condiciones de acceder a otras alternativas. La mayoría, por no decir todos, estaban con prisión preventiva. Es decir, inocentes detenidos en una comisaria abarrotadas de personas en las peores condiciones. De manera tal que hoy el arresto domiciliario de los policías, que seguramente tengan muchas más condiciones para entorpecer el proceso para amedrentar y eventualmente fugarse, estén en libertad durante este proceso es parte de esa doble vara” problematiza Pomares.

Además agrega que: “Esperamos que llegue el juicio en muy poco tiempo y se pueda demostrar lo que nosotros venimos planteando desde el inicio, que es fundamentalmente que no hubo una negligencia, si no, una inacción dolosa que terminó con las muertes de siete personas”.

Sobre las responsabilidades Rodrigo relata que: “Hay responsables políticos. Hay una departamental que conocía de las circunstancias de esa Comisaría. Hoy no está siendo juzgado ninguno de los responsables jerárquicos que estaban por encima del Comisario Donza y también por supuesto hay un ministerio de Seguridad de la provincia que viene siendo alertado de estas circunstancias. Hay responsabilidades claras porqué quien conoce y omite acciones desde el poder político y desde una gestión también es responsable por esa omisión”.

“Por otro lado hay otras circunstancias que no están siendo investigadas pero que ya han sido denunciadas y tiene que ver con las torturas que sufrieron los sobrevivientes. Los sobrevivientes en el momento y luego del hecho sufrieron todo tipo de torturas y agresiones físicas que continuaron hasta su traslado a la unidad carcelaria. También entendemos que se debe investigar adecuadamente qué pasó con esas torturas y eso involucra a muchos más policías de la Comisaria”, detalla.

De Magdalena a Pergamino

La CPM estuvo desde el primer momento en las dos masacres perpetradas por el Estado, sobre esta situación y los puntos en común Rodrigo Pomares puntualiza: “Vemos que están las condiciones de posibilidad para que pasen estas cosas. Hay una decisión política de tolerar y avalar que los lugares de detenciones estén abarrotados, que no tengan ninguna condición de seguridad. En esta comisaria había colchones inflamables, cosa que también había en Magdalena. Entonces hay condiciones de posibilidad que tienen que ver con decisiones políticas estructurales que es detener cada vez más. Meter al sistema una gran cantidad de personas, fundamentalmente de los sectores más pobres y a la mayoría tenerlos con prisión preventiva abarrotando los lugares de detención”.

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“Hay un silencio del poder político en este caso, como también lo hubo en el silencio de la masacre de Magdalena. No hay ningún funcionario haciéndose cargo del deber político que se tiene cuando ocurre una situación de esta envergadura. Por otro lado hay un poder judicial que en el caso de Magdalena demoró un tiempo insoportable para avanzar en una causa que tendría que haber sido juzgada muchos años antes. Un poder judicial que mira para otro lado cuando tiene que controlar y custodiar no solo el accionar policial si no también los lugares de detención.”, prosigue.

“Hay un poder judicial que tanto en la Masacre de Magdalena como en la Masacre de Pergamino tiene una responsabilidad muy grande, por que debieran ser los principales custodios de que los lugares de detención sean los apropiados y en caso de que así no lo fueren, las personas transiten el proceso en un régimen de libertad atenuada, pero en un régimen de libertad”, finaliza el representante de la CPM.