Genocidio. Perpetua y cárcel común para ex militar en el juicio Contraofensiva II

La lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, logró que ayer el ex militar, quien durante la dictadura ejerció el cargo de jefe de la Segunda Sección de Ejecución en el Destacamento de Inteligencia 201 con asiento en Campo de Mayo, sea condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad que cometió contra 47 militantes de la Contraofensiva Montonera entre 1979 y 1980.

Los jueces Esteban Rodríguez Eggers, María Claudia Morgese Martín y Matías Alejandro Mancini declararon que los hechos juzgados en esta causa conocida como Contraofensiva II y que lo tenía como único imputado, constituían crímenes de lesa humanidad.

Ocampo fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por abuso funcional agravada por la duración de más de un mes, tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidios con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en 43 hechos.

En concurrencia con estos crímenes se lo condenó por la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por abuso funcional agravada y tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en cuatro hechos.

Este genocida estuvo prófugo durante siete años entre 2012 y 2019, hasta que fue localizado en un country ubicado en la provincia de Buenos Aires, donde vivía cómoda e impunemente.

La condena establece además la revocación de la prisión domiciliaria al condenado, y que sea trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal para que cumpla con la pena. A su vez, ordenó comunicar la sentencia al Ministerio de Defensa para que dé inicio al proceso de baja por exoneración y de la suspensión de todo goce, retiro o jubilación del condenado, lo que no había hecho todavía a cuarenta años de los crímenes, lo que muestra otro ejemplo del amparo estatal para éste y tantos genocidas.

En este juicio conocido como “Contraofensiva II”, Ocampo fue el único imputado, pero al estar prófugo desde 2012 hasta 2019, no fue incluido en la causa “Contraofensiva Montonera”, que abordó los mismos hechos y en el que el mismo tribunal condenó a prisión perpetua a otros seis ex militares de inteligencia.

En junio pasado, el mismo tribunal condenó a prisión perpetua a Roberto Dambrosi, exjefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia; Juan Firpo, exjefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601; Jorge Bano, quien integró la Sección Operaciones Especiales (SOE) de la guarnición de Campo de Mayo; Eduardo Ascheri, también integrante de la SOE de Campo de Mayo; Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201.

Los imputados recibieron condenas por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 94 víctimas, cometidos por el aparato de inteligencia del Ejército que utilizó como base el predio militar de Campo de Mayo, donde funcionó un centro clandestino de detención ilegal.

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Ocampo está siendo juzgado en otra causa en la que se lo acusa por la desaparición del soldado Félix Ordenes Velázquez, ocurrido en 1976 cuando la víctima se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII. En ese momento Ocampo cumplía funciones en Mendoza y era el tercero en la cadena de mando del destacamento, en el que se desempeñaba frecuentemente como “Jefe Accidental” del departamento.

Campo de Mayo fue uno de los principales centros clandestinos del país, donde además funcionó una maternidad en la que nacían los bebés de las detenidas que luego eran arrancados de sus brazos para ser apropiados por militares, policías y personas cercanas a los genocidas. En este plan sistemático de robo de bebés, la iglesia jugó un rol central a través del Movimiento Familiar Cristiano.

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La impunidad de casi medio siglo para los genocidas tanto militares, como de las fuerzas de seguridad y los civiles responsables de estos crímenes, ha sido garantizada por todos los gobiernos constitucionales y por todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial y su tribunal supremo, la Corte.

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