El Gobierno acusó a 3274 personas por "disturbios" y hay 2.500 presos políticos, mientras solo 466 miembros de las fuerzas de represión son investigadas por violación a derechos humanos. Desde el estallido social se mantiene la impunidad en beneficio de las fuerzas represivas.
La Izquierda Diario @izquierdadiario
Viernes 17 de julio de 2020 22:21
Son 466 miembros de fuerzas como Carabineros o el Ejército los denunciados por el Ministerio Público por "presuntas vulneraciones" a los Derechos Humanos, en los meses en de las protestas sociales. En contraposición a este bajísimo número -en relación a las miles de denuncias por violencia, casos de torturas, violaciones, asesinatos, mutilaciones- son 3274 las personas acusadas por el Gobierno por supuestos "actos violentos".
De los miembros de las fuerzas represivas denunciadas por el Ministerio Público, Carabineros tiene 419 de los casos, le sigue la Policía de Investigaciones con 30 casos, mientras que 11 corresponden a miembros del Ejército, cuatro a la Armada y dos de otras instituciones.
Según información de Ciper, solo 64 han sido acusados formalmente hasta el día de hoy. Ante esto, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, argumenta “que estas indagaciones son complejas, porque son diversos los medios de prueba para seleccionar”. Este argumento demuestra la impunidad total que la ley tiene con las instituciones represivas en Chile.
¿Qué otro argumento se necesita para acusar formalmente a los cientos de represores, a quienes asesinaron, a los torturadores de las personas que salieron a manifestarse durante la rebelión? Los 64 agentes del Estado que han sido formalizados son una cifra irrisoria en relación a la cantidad de crímenes que se generaron en el estallido social, donde según datos de febrero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH= hubo 3.765 manifestantes que resultaron con lesiones, 445 de ellos por lesión ocular -30 perdieron la vista-, hubo decenas de denuncias de violencia sexual, torturas, y no olvidemos los más de 40 asesinatos.
La impunidad en el Chile heredado de la dictadura es tal que los asesinos, violentadores y torturadores siguen libres e impunes, y cuando son "acusados" reciben condenas que son una burla, como "darlos de baja", concederles la libertad condicional con firma mensual, o mantenerlos en cárceles de lujo por un tiempo menor.
Mientras para los sectores más empobrecidos les establecen mayores penas, van a las cárceles comunes, como así lo reflejan los 2500 presos políticos de la revuelta, donde la mayoría son jóvenes, y quienes llevan privados de libertad durante meses. Los asesinos están libres y quienes salieron a luchar por mejores condiciones de vida y contra la represión, están en la cárcel. Sumado a esto, el gobierno criminal de Piñera avanza con su agenda represiva, con querer darles más atribuciones a las Fuerzas Armadas, e incluso ha aplicado la Ley Seguridad del Estado, como sucedió con la acusación contra Dauno Tótoro y tantos más.
No más persecución política, juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de las violaciones de los derechos humanos, no más impunidad.
