Basados en un decreto de la “Revolución Libertadora”, jueces del TOF N.º 6 dispusieron una escandalosa multa contra el abogado por ejercer el elemental acto de defensa.
Martes 12 de diciembre de 2017 17:58
En el marco de los ataques a las libertades democráticas y garantías procesales que se están viendo en los últimos tiempos, se suma un feroz ataque a los abogados defensores de causas eminentemente políticas.
Este martes Myriam Bregman y los abogados de Centro de Profesionales por los Derechos Humanos presentaron un recurso ante la Justicia Federal en defensa del abogado de la CTEP Juan Grabois. Lo hicieron para rechazar las exorbitantes sanciones pecuniarias que le impuso el Tribunal Oral Federal N.° 6 por sus dichos vertidos en el alegato que pronunció en defensa de Lito Borello en la causa conocida como “toma de la comisaría de La Boca” ante la muerte de El Oso Cisneros en 2004.
En su alegato, Grabois cuestionó fuertemente al Poder Judicial, los privilegios que detenta y el trato reverencial que impone a los abogados y demás participantes en las audiencias.
Al momento de conocerse la sentencia, los jueces dispusieron una sanción “de multa que alcance el 15 % del sueldo de juez de primera instancia” por haber manifestado legítimamente su opinión en un exclusivo e inalienable acto de defensa como es el alegato. Para aplicar la sanción, el TOF N.° 6 se basó en el decreto-ley 1285/58, cuyo origen se encuentra en la autodenominada “Revolución Libertadora”.
Los jueces dicen en su sentencia que el alegato “tuvo como única finalidad un inequívoco propósito de agravio y descalificación a los miembros del Tribunal como integrantes del Poder Judicial de la Nación...” y que “no se trata ya de una mera desobediencia a las formas o a los modos que impone la ley, sino, antes bien, de un ataque elaborado y planificado…”.
Mencionan allí las expresiones que tanto los ofendieron, señalando que el defensor ha vertido dichos como que el juicio llevado a cabo por el Tribunal se había tratado de “una pantomima de debate”, que existía “una bancarrota moral de una Justicia servil al poder de turno”, “que se hable de usted, que se tome mate, que se pare cuando entran tres señores que parecieran pertenecer a una casta privilegiada que encima no paga impuestos”, “por tener entre sus filas a magistrados que han convalidado el terrorismo de Estado o, como pasa acá, convalidado apropiaciones de niños durante la dictadura militar”, “es raro que todas estas condenas del mismo sector político vengan todas juntitas, es raro…”.
Uno de los pasajes más bochornosos e insólitos de la sentencia se encuentra en el voto del Dr. Martínez Sobrino, quien se creyó en la necesidad de aclarar su participación en el Poder Judicial durante la dictadura cívico-militar. Esta aclaración termina con más apreciaciones directas y explícitas contra la persona del Dr. Grabois, dejando en claro que en su voto hay más de encono personal que de análisis técnico-jurídico. Dice el magistrado: “Las resoluciones que adopté en todos los legajos seguidos no solo por ante este Tribunal, sino por ante otros de este Fuero, en contra de funcionarios públicos y civiles imputados por el delito conocido como ‘apropiación de menores’, antes de soltar en público, con una ligereza e irreflexión impropia de quien se dice representante de sectores sociales desprotegidos, tamaña infamia, lamento haberlo tenido como más cuidadoso y responsable. Creí que en eso había seguido las huellas de su padre, a quien conocí, traté y respeté. Me equivoqué, qué pena”.
“La sanción es absolutamente nula. Los dichos vertidos en el alegato que tanto ofenden a los jueces son claramente opiniones políticas. Se ve que lo que los molestó son los cuestionamientos a sus privilegios y orientación política. Pero eso de ningún modo puede ser motivo de sanción para un abogado defensor, porque así estamos todos en peligro”, señaló Bregman.
Asimismo, recordó que recientemente también se sancionó a los abogados de Milagro Sala. A fin de octubre, el juez jujeño Pablo Pullen Llermanos impuso una sanción de cuarenta mil pesos contra los abogados Luis Paz y Paula Álvarez Carreras al considerar que los defensores de Sala lo recusaron en forma maliciosa.
“Estamos en el marco de una coacción inaceptable. Para nosotros es de principios elementales enfrentar este ataque al derecho de defensa y lo vamos a hacer. Peleamos siempre por defender los derechos democráticos en general y del pueblo trabajador y los sectores más pobres en particular, por eso denunciamos que a pasos agigantados el Poder Judicial y un Poder Ejecutivo con rasgos cada vez más autoritarios, apoyados por las corporaciones mediáticas, apuntan hacia una ‘democracia carcelaria’. Como este sistema no puede siquiera alimentar a millones de personas, quieren encarcelar a una buena porción de ellas para disciplinar al resto. Por ese camino pugnan desde hace años los sectores más reaccionarios de la sociedad, y mucho han avanzado. Es por eso que ahora van por el derecho de defensa”.
El escrito que apela esa arbitraria resolución fue presentado en la mañana de este martes, y en los próximos días el tribunal deberá decidir si revoca su vergonzosa resolución o pasa la cuestión para que sea resuelta por la Cámara Nacional de Casación.
