Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país superan los 5 millones 700 mil, de las cuales cerca de medio millón habita en Ciudad de México. A nivel mundial existe una población del 15% que vive con algún tipo de discapacidad.
Sergio Abraham Méndez Moissen México @SergioMoissens
Martes 24 de mayo de 2016
Las personas con discapacidad son esa parte numerosa de la población a las cuales se les han negado sus derechos y quienes enfrentan diariamente la problemática de integrarse plenamente a la vida social, ya sea por sus condiciones físicas o mentales.
Ese porcentaje se incrementa en las personas adultas mayores; sin embargo, un gran porcentaje nace con ellas, otras las adquieren producto de algún accidente en general o por accidentes laborales; mientras que el sector mayoritario las adquiere como producto de alguna enfermedad (38.5%).
La realidad es que la situación a la que se enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad siempre está cruzada por la condición de clase. Además, dentro de los sectores más pobres, las más cruentas condiciones son enfrentadas por las mujeres. Ellas sufren violación o abuso sexual, maltrato, explotación laboral, abandono o indigencia, discriminación, entre muchas otras.
Pobreza, clase y discapacidad
Según las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), realizadas con base en el Módulo de Condiciones Socio-económicas de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2012), la población con discapacidad en situación de pobreza “moderada” aumentó de 36.3% en 2010 a 38.5 en 2012, sobre un universo de 0.9 millones de personas con discapacidad.
Los números exponen además el tipo de carencias sociales de este amplio sector de la población en donde por lo menos 2.1 millones de personas presenta tres principales carencias, a decir: el rezago o déficit educativo con 3.8 millones de personas, carencia de acceso a la seguridad social con aproximadamente 3.1 millones de personas, además de las 4 millones de personas que viven con un ingreso muy inferior a la “línea de bienestar” contemplado por el CONEVAL que incluye acceso a una vivienda, alimentación e ingresos.
A esta situación se le añade las condiciones de extrema precarización laboral o semiesclavitud en centros de trabajo y empresas. Para ello se implementó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) en el 2011, que lejos de fomentar una armoniosa “inclusión laboral” es una política más del gobierno mexicano y de sus instituciones para reducir impuestos a los capitalistas por incluir dentro de sus plantillas de trabajadores a personas con discapacidad. Así mientras este sector se ve orillado a trabajar en pésimas condiciones laborales y con los salarios más precarios por la carencia de oportunidades, las empresas reducen sus impuestos y las ganancias son mayores.
Plenos derechos para las personas con discapacidad
En un país como México, además de que las grandes urbes están pensadas bajo lineamientos que discriminan una y otra vez al sector de personas con discapacidad, no existe tampoco el respeto al derecho a la autonomía de vida. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores tenemos que conquistar ese derecho.
El gobierno y las autoridades lejos de legislar a favor de este sector de la población, aprueban medidas que atentan aún más con sus derechos y calidad de vida. La bancada perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se ha pronunciado sobre este aspecto con la propuesta de agilizar un registro estadístico para la elaboración de mejores políticas públicas que garanticen la inclusión de este grupo en la sociedad.
Pero su fin es llevar a cabo un método de credencialización que atomizaría aún más las condiciones de desigualdad entre el sector, en donde además se propone que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) instrumentaría la expedición de un certificado que permita determinar el tipo y grado de discapacidad, cuando tendría que considerarse de acceso irrestricto para toda aquella persona que lo requiera, no importando su edad, condición económica o sexo.
Pero hay más. Existe en el país el llamado “juicio de interdicción” que violenta los derechos humanos de las personas con discapacidad. Dicha medida es un juicio civil o declaración legal que se realiza a partir de los 18 años, permitiendo el nombramiento de un tutor o encargado que lo represente legalmente. La polémica medida se ha dado a conocer como un mecanismo para poder manejar bienes y recibir pensión, entre otras cuestiones.
Para garantizar una vida digna, plena e independiente en el sector de personas con discapacidad es necesario que se garantice el derecho a una salud integral misma que debe estar a cargo del Estado. A diferencia de los programas de “donación”, como el Teletón, donde los centros de rehabilitación se manejan bajo un modelo de elitización, la salud y los programas de rehabilitación deben ser de acceso irrestricto y de manera gratuita. Para ello se debe contar con mayor presupuesto para solventar todo tipo de programas relacionados con rehabilitación, tratamientos, cirugías o prótesis.
También es necesario garantizar su acceso a la educación y cultura; con materiales accesibles en todos los niveles educativos para el pleno desarrollo intelectual y físico, mismos que deben ser impartidos de manera gratuita, especializada y de calidad en el sistema de Lengua de Señas Mexicanas, braile, etcétera.
Se debe contar con derecho a apoyo económico, determinado según las necesidades de cada persona. Hoy por ley, se establece que en la Ciudad de México las personas con discapacidad tienen el derecho de contar con un apoyo económico de la mitad de un salario mínimo, pero no se cubre y se mantiene en el olvido el aumento a este rubro dentro del presupuesto. Además, hay una larga lista de espera para obtener dicho apoyo económico, regularmente pasan de 4 a 5 años mientras se va sumando gente nueva y otros mueren.
A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, el Estado debe adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás; el acceso a escuelas y universidades; a la comunicación, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información; además de su libre acceso a servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas deben de incluir la identificación y eliminación de obstáculos, así como barreras de acceso.
Finalmente se debe garantizar el cuidado a cargo del Estado bajo condiciones óptimas y con personas especializadas desde la infancia hasta la edad adulta y vejez.
Las personas con discapacidad contribuyen diariamente con su esfuerzo, trabajo, producción material e intelectual, por ello, visibilizar estos problemas hasta lograr su inmediata solución y continuar ampliando un programa político para el cumplimiento cabal del conjunto de sus demandas, será también una tarea del conjunto de las organizaciones sociales y de izquierda.
Desde la Plataforma Anticapitalista, fórmula 5, nos proponemos luchar por el derecho a una vida plena de las personas con discapacidad. Danos tu apoyo. Escribamos juntos una nueva historia.
