Presentamos un breve balance de este año en torno al movimiento de mujeres, los debates en el mismo, la política del gobierno y la derecha, así como las perspectivas para las socialistas.

Este 2021 estuvo lleno de sorpresas. A pesar de las tensiones y diferencias internas en el Morena, bajo el gobierno de la 4T el aborto fue despenalizado a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente al caso Coahuila. Por primera vez, la despenalización del aborto se concretó de forma obligatoria para todo el país, con una resolución del principal órgano judicial que orilla a la modificación de todos los códigos penales para eliminar el carácter delictivo de la interrupción del embarazo por cualquier motivo antes de las 12 semanas.

En medio de la marea verde que significó la demanda de aborto legal, esta conquista moraliza enormemente al movimiento de mujeres y plantea la posibilidad de arrancar más. Para empezar, aun tenemos que hacer efectiva esta conquista, con la modificación de los códigos penales y obligando al gobierna a brindar este servicio de manera efectiva en todas las clínicas y hospitales, con personal que pueda realizar el procedimiento y de la mano de un programa integral de anticonceptivos y educación sexual.

Pero derechos por arrancar, sobran: aun falta acabar con el cáncer del feminicidio, con la brecha salarial, la violencia para migrantes, lgbt+’s y la precarización laboral que enfrentamos a diario, muy a pesar de los programas sociales. Es por esto que el movimiento de mujeres es una piedra en el zapato para la 4T. Las expectativas de cambio en torno a la situación de violencia y precarización que vivimos las mujeres en México, se incrementaron con la llegada de la 4T, solo para chocar con que estas demandas contrastan con la política del gobierno de AMLO. Lejos de disminuir, aumentó la violencia, siendo el 2021 el año más violento para las mujeres en lo que va del sexenio. Y en relación al mundo del trabajo, la precarización, los recortes salariales , los despidos y la inflación, convirtieron un aumento salarial histórico en una conquista que pesó muy poco.

Frente a las demandas de las mujeres, la política del gobierno ha sido zigzagueante, ajustando el diálogo cada tanto para no perder base social, mientras la derecha intenta ganar terreno montándose en las demandas del movimiento de mujeres; ambos coinciden en que lo más peligroso sería que se forjara en México un movimiento que mantenga las acciones masivas en las calles y desarrolle las tendencias más progresivas que ha expresado, como el cuestionamiento a las políticas más conservadoras del gobierno y a la responsabilidad del Estado en la situación general de violencia que enfrentamos.

El gobierno ha tenido que otorgar importantes conquistas, como vía para evitar el desarrollo de la movilización y la masificación del movimiento, buscando pasivisarlo. Por eso, además de otorgar algunos derechos y apoyarse en sus programas sociales, el gobierno ha lanzado una política de contención, desvío y cooptación expresada por distintas vías. Sin embargo, las movilizaciones de mujeres continúan, denunciando el feminicidio y exigiendo derechos como el aborto legal.

El recuento de conquistas y agravios

Este 2021 inició con el escándalo generado por el anuncio de la candidatura de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, que valió duras críticas al gobierno federal y el partido en el gobierno. AMLO se mantuvo firme en su apoyo a Macedonio mientras sectores amplios del movimiento de mujeres, fueran o no simpatizantes a la 4T, llamaban a AMLO a “romper el pacto patriarcal”. Esta crítica devino en una serie de denuncias que mostraron que el caso de Macedonio no era aislado, y todos los partidos del régimen estaban implicados. Su candidatura fue declinada gracias a las sanciones del INE, que nada tuvieron que ver con las denuncias por violación contra el funcionario.

Acto seguido, el 8M, día internacional de las mujeres, vimos la movilización de mujeres más grande durante la pandemia. La respuesta del gobierno federal a la marcha fue inaudita: un día antes, Palacio Nacional amaneció rodeado de vallas y ya podía verse el desmedido operativo policial, la muralla del Palacio fue ampliamente repudiada, y dio pie a imágenes impactantes provocadas por las pintas con cientos de nombres de mujeres representando a las víctimas de feminicidios, recordando una realidad que el gobierno intenta ocultar.

Por su parte, la oposición conservadora, en un cinismo rampante pues siempre se ha opuesto a mayores conquistas y derechos para el movimiento de mujeres y ha sostenido una posición clerical y conservadora frente a las demandas del movimiento lgbt+ y por el derecho a decidir, intentó colarse a través de la brecha que se abrió tras el cuestionamiento a AMLO y la 4T tanto por lo de Macedonio como por el operativo policial de cara al 8M. Aprovechando la movilización realizaron una pinta con la leyenda “nos vemos en las urnas”, dejando en claro que iniciaba la carrera electoral y que nuevamente los partidos patronales buscarían usar a las mujeres y sus demandas como botín electoral. Rumbo a las elecciones, destacó como política el posicionamiento de figuras femeninas de parte de todos los partidos del Congreso como un claro gesto hacia el movimiento de mujeres. Como si, por el hecho de ser mujeres, realmente representaran los intereses de las grandes mayorías.

Por si fuera poco, esto se dió en el marco de una situación muy violenta en el país, con el fortalecimiento del narcotráfico y la ampliación de la militarización con la Guardia Nacional a la cabeza, lo que ha generado un aumento en los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Según cifras oficiales, si comparamos los periodos de enero a octubre de 2020 y 2021, hubo un aumento del 5 %, con 842 feminicidios y 2104 homicidios dolosos hasta octubre. Por otro lado, continúan los crímenes de odio, según el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT+, se han registrado 79 en lo que va del año, de los cuales 32 son trans feminicidios.

Esto es algo crucial para entender el gran alcance de las demandas que levanta el movimiento de mujeres y la población que repudia la violencia feminicida. Aún con la política y medidas implementadas por el régimen, como las fiscalías especializadas en feminicidio y “la justicia con perspectiva de género”, la violencia, las desapariciones y el feminicidio continúan. Esto ha sido duramente cuestionado por sectores de la “sociedad civil” y comités de familiares de víctimas, y motoriza una parte permanentemente activa del movimiento de mujeres en México, aunque, en la mayor parte de los casos, prima la política de direcciones reformistas que concentran en el plano jurídico las peleas por justicia, con medidas como la tipificación o las reparaciones económicas que son insuficientes frente al carácter estructural de la violencia, y no están puestas al servicio de combatir al Estado mexicano, un estado burgués forjado bajo el dominio del imperialismo estadounidense, responsable de la preservación y reproducción de dichas condiciones estructurales de exploración y opresión que generan la violencia.

Las consecuencias de la subordinación al imperialismo y sus intereses, a sus políticas de expoliación, despojo y explotación, han marcado profundamente a la clase trabajadora y los sectores populares, y muy profundamente a las mujeres de estas franjas. Siendo el patio trasero de Estados Unidos, las políticas de seguridad, como el Plan Mérida o el Rápido y Furioso, y económicos, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio y su actualización con el T-MEC, han significado ataques a las condiciones laborales, mayor flexibilidad, menores salarios y super explotación como ventajas productivas del país; la militarización del país, la proliferación del crimen organizado y una tendencia a mayor descomposición social, trajeron desapariciones forzadas, violaciones a derechos humanos, represión, tortura, ejecuciones extrajudiciales y tasas de homicidio dolosos no vistas, secuestro de migrantes, redes de trata y prostitución, tráfico de armas, drogas, juvenicidio y un agravamiento muy significativo del femincidio.

La respuesta del gobierno a la violencia ha sido continuar con la militarización del país, con un aumento del 66 % a la Guardia Nacional (GN).Lejos de lo que sostenía AMLO sobre la diferencia entre su política de seguridad y la militarización implementada por Felipe Calderón, lo cierto es que la GN se ha visto cada vez más implicada en violaciones a DDHH, lo que tiene un correlato con el feminicidio, y ha jugado un rol activo en la persecución, detención y violación de derechos humanos de personas migrantes en su paso por México y de activistas sociales defensores de derechos laborales, humanos y del territorio.

Las políticas hacia las mujeres han sido insuficientes frente a la enorme crisis que enfrentamos, y se dan en completa oposición a la política laboral que ha sostenido, que en la mayor parte ha atacado las conquistas laborales de la clase trabajadora. Por ejemplo, el aumento salarial ha sido el mayor en cuatro décadas, y el gobierno ha invertido en infraestructura y promovido la recuperación de empleos, sin embargo, la mayoría de los trabajos han sido precarios y, de conjunto, las condiciones laborales de las mujeres y del conjunto de la clase trabajadora no han mejorado en tres años de “transformación”. Luego de que en medio de la pandemia el 70 % de los empleos perdidos fueron de mujeres, la recuperación de los empleos es lenta, los trabajos son sin contrato ni derechos o temporales, y el aumento salarial, comparado con la inflación y el aumento del costo de la vida, se desvanece en el aire. El gobierno ha decidido plantarse firme con su política patronal y tener una línea dura frente a todos los conflictos obreros, como la huelga del Sutnotimex -sostenido por mayoría de mujeres- que a casi dos años sigue sin ser resuelta, u otros sectores de trabajadores que no solo han sido ignorados, sino que sufrieron una fuerte represión como en Dos Bocas.

A esto se suma, la continuidad de la política de la austeridad republicana, que en estas fechas se aproxima a su tercera oleada de despidos, tanto por los cambios de administración, como por la precarización que impera en sectores estatales, como es el caso de los programas de cultura en la CDMX, donde son decenas de miles de trabajadoras las que no gozan de seguridad social, estabilidad en el empleo, guarderías, prestaciones, vacaciones, sindicato o derecho a organizarse, además de soportar hostigamiento y acoso laboral de jefas y supervisoras. O el caso de las trabajadoras del sector salud, que enfrentaron en primera línea las carencias de insumos médicos y de bioseguridad y el riesgo de contagio, y desde ahí empujaron protestas y paros en decenas de hospitales para exigir insumos y mejores condiciones laborales.

La austeridad y las políticas de tecnificación y precarización aplicadas al sector educativo en todos sus niveles, también han golpeado a un sector enormemente feminizado. Con la pandemia y las clases en línea, primero, y la imposición de la normalidad “post” pandemia y las clases presenciales, después, aumentó la carga laboral del personal docente, que en muchos casos tuvo que cubrir los costos de la educación virtual. Miles de estudiantes abandonaron sus estudios, en varios casos por obtener empleos mal pagados, y cientos de casos de contagio y muertes fueron ocultadas por las autoridades educativas, como consecuencia de acelerar el regreso a aulas sin la vacunación de toda la población.

La despenalización, un paso necesario pero insuficiente en la lucha por aborto legal

El resultado electoral mostró contradicciones en la fortaleza del gobierno, con el retroceso en la Ciudad de México y una pérdida de votos en franjas juveniles y femeninas, mismo que contrastó con la conquista de nuevas gubernaturas. La 4T destacó mucho el triunfo de seis gobernadoras a nivel nacional: en Colima, Baja California, Campeche, Tlaxcala, Guerrero ganando la coalición del Morena y en Chihuahua la coalición del PAN, presentándolos como un avance en la “paridad” y por ende, en las condiciones de vida de las mujeres. La realidad es que, pese a que sean mujeres, no es que representen los intereses de las grandes mayorías, y menos los de las mujeres trabajadoras y de sectores populares.

La oposición conservadora no logró recomponerse, pero la apuesta le valió una gubernatura y el respiro para sobrevivir hacia las presidenciales. Esto expresa que el régimen tomó lectura de la importancia del electorado femenino y, por la vía de los hechos, del movimiento de mujeres como factor en la realidad nacional, tanto por las expresiones de movilización y descontento, así como por el peso electoral.

Es evidente que luego de las elecciones hubo un giro muy claro por parte de la 4T hacia las mujeres y la comunidad LGBT. Con las despenalizaciones del aborto en Hidalgo y en Veracruz, que son una importante conquista en el camino de la legalización, así como una serie de aprobaciones de matrimonio igualitario y leyes de identidad de género en distintas entidades, el Morena puso en juego la mayoría que ya poseía desde el 2018 en cámaras locales. Posteriormente, el fallo de la SCJN que declaraba inconstitucional la penalización del aborto, fue un gesto muy importante hacia el movimiento de mujeres al significar un paso sustancial en la lucha por aborto legal y seguro, otra enorme conquista que abre nos acerca a la posibilidad de conquistar el aborto legal, y que generó confianza en el gobierno y la pasivización de franjas amplias del movimiento de mujeres, como se vio en la acción global por la despenalización del aborto del 28S.

Pero también le permitió a AMLO y el Morena evitar una mayor confrontación con las alas conservadoras del partido y la base electoral, pues la decisión de la SCJN es obligatoria para los congresos, imponiendo de facto una medida que pareciera por fuera de todo alcance para el partido. Esto se expresa en las despenalizaciones en Baja California y Colima, a partir de la sentencia de la SCJN por el caso Coahuila y Sinaloa, lugares en los que Morena ya tenía mayoría. Independientemente de los cálculos del régimen, la despenalización implica una enorme conquista, que para volverse efectiva en todas las clínicas y hospitales, y ponerse al servicio de conquistar muchas otras demandas, debe motorizar la organización y movilización de más mujeres y personas gestantes, superando la trampa de pasivación y preparándose para enfrentar nuevas maniobras y ataques de la derecha.

Y es que las conquistas arrancadas al gobierno han generado un aumento en la expectativa, y una mayor presión institucional por parte de organizaciones feministas y de disidencias sexogenéricas, que cuestionan la lentitud de las despenalizaciones, y otras políticas de ampliación de los derechos de personas LGBT+, como el matrimonio igualitario y las leyes de identidad de género. Es necesario impulsar la más amplia movilización para poder extender estas conquistas y avanzar por más derechos.

Todo esto se ha dado a la par de que AMLO ha tenido como política dividir al movimiento de mujeres entre feministas “buenas” (institucionales, que protestas con “buenas formas”) y “malas” (que han enfrentado la represión de la policía y la GN en el objetivo de protestar tomando las calles y exigiendo al gobierno con otras medidas de resistencia civil). Mientras AMLO criminaliza a las mujeres que salen a movilizarse, no tiene reparo en afirmar que el feminismo es impulsado por el neoliberalismo y se trata de “nuevos derechos”; reforzando la idea de que la única vía para acceder a derechos es por la vía institucional y subordinándose a la 4T, y de que cualquier crítica al gobierno viene de la derecha.

Independencia de clase y movimiento de mujeres

Provocaciones, ataques a derechos y condiciones de vida, pobreza, represión, violencia se enfrentan a la enorme aspiración de sentir la transformación prometida por la 4T y a la seguridad de que con la movilización y la lucha, se pueden obtener conquistas. Estamos ante una bomba de tiempo. El gobierno intenta contener a toda cosa el descontento y las movilizaciones de mujeres, tratando de adelantarse por la vía de conceder lo mínimo elemental, cooptando a activistas e intelectuales para posicionar referentes “feministas de la 4T” y fortaleciendo la confianza en la negociación y los mecanismos institucionales. A la par, las movilizaciones continúan, y las mujeres comienzan cada vez más a cuestionar en escuelas y centros de trabajo la situación de violencia y de precarización laboral que se vive, y que empeora bajo la 4T.

De ahí que la disyuntiva abierta sea si el movimiento de mujeres puede fortalecerse y masificarse, demostrando una recomposición tras pandemia, y continuar su experiencia de confrontación y cuestionamiento al gobierno; o si el gobierno es capaz de apaciguar y contener el descontento, desviarlo y fortalecerse por esa vía. Frente a este escenario, es necesario alentar y desarrollar su masividad y potencial, extender la creatividad y fortaleza del movimiento para no contentarnos con lo mínimo que puede dar el gobierno y arrancar todas nuestras demandas.

En esta perspectiva, la tarea de aquellas que nos reivindicamos socialistas, debe ser pelear por forjar un ala combativa dentro de ese movimiento, convencida de que para acabar con el patriarcado hay que acabar con el capitalismo, y que pelee por la auto organización y la independencia frente al gobierno y todas las variantes patronales, incluyendo las burocracias sindicales.

Frente a las políticas del progresismo tardío de la 4T y AMLO, que preservan la subordinación al imperialismo y los intereses de los capitalistas, consideramos indispensable mantener la independencia política y organizativa del movimiento de mujeres frente al gobierno y sus instituciones; enfrentar la cooptación de estos y la política de sectores feministas institucionales que buscan aumentar la integración del movimiento al Estado y sus instituciones.

Por eso, desde Pan y Rosas, hemos levantado una política que busca la coordinación de sectores en lucha, dentro del movimiento de mujeres y con otros conflictos, para fortalecer un polo de independencia política frente al gobierno, los partidos del congreso y la derecha. Que busque la más amplia movilización combativa para imponer nuestras demandas, necesaria para enfrentar a la derecha, y apostando particularmente a la acción revolucionaria de la clase obrera, bajo una perspectiva anticapitalista, antiimperialista y revolucionaria, que logre transformarlo todo; conquistar condiciones de trabajo y vida dignas, libres de violencia y con posibilidades de pleno desarrollo, sin opresión ni explotación.