Para descomprimir las movilizaciones y paros promovidos por campesinos y sectores populares golpeados por la crisis económica y por la continuidad de las políticas neoliberales, Pedro Castillo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que buscaría reformar la Constitución de 1993 e incluir la figura de la Asamblea Constituyente que permitiría cambiarla.
Martes 26 de abril de 2022 09:09
La propuesta de Castillo, que fue presentada al Parlamento este lunes 25 de abril, plantea que, en las próximas elecciones de octubre, donde se elegirá a los nuevos gobiernos regionales y municipales, se vote también la posibilidad de aceptar o no – vía referéndum – una reforma de la actual Constitución a través de una Asamblea Constituyente.
Para que esta propuesta pueda concretarse, Castillo necesita contar con la votación mayoritaria del Congreso que como se sabe, le es hostil como a cualquier posibilidad de cambiar la actual Constitución que fue promulgada de manera muy poco transparente después que Alberto Fujimori diera un auto golpe de estado el 05 de abril de 1992. Esta Constitución es el chaleco de fuerza jurídico del cual se han valido hasta ahora los grandes empresarios nacionales y extranjeros para saquear el país y para sobre explotar, en complicidad con los gobiernos de turno, a las trabajadoras y trabajadores peruanos en estos últimos 30 años de aplicación de neoliberalismo.
Esta iniciativa del presidente Castillo se da en un contexto de profunda crisis económica y política, donde lo nuevo está encarnado, en estos últimos días por las masivas movilizaciones y paralizaciones, sobre todo en el interior del país, las cuales fueron protagonizadas por campesinos empobrecidos de la sierra central y sur del Perú, por comuneros afectados por las mineras que gozan del apoyo del ejecutivo, como es el caso de las Bambas y Southern en Torata; y por trabajadores precarizados provenientes del sector agro industrial.
Cabe mencionar que la mayoría de los sectores que han empezado a movilizarse y a confrontar al gobierno central en estas últimas semanas, fueron los mismos que apoyaron con su voto a Pedro Castillo en las pasadas elecciones presidenciales porque veían en el docente cajamarquino una posibilidad de cambio, sin embargo, el derrotero continuista y neoliberal del presidente, el mismo que ha llevado a que se profundice la crisis económica de estos sectores, los estaría llevando también a perder la confianza en el mandatario que llego a palacio enarbolando el eslogan de que en su gestión “no habrían mas pobres en un país rico”. Es precisamente, para evitar que esta bronca social siga creciendo y para desviar el descontento popular, que Castillo apela ahora a esta iniciativa legislativa.
Según el proyecto del gobierno, antes de que se lleve a cabo la consulta popular de octubre, primero se debería realizar una reforma constitucional a fin de que se incluya el artículo 207, denominado asamblea constituyente, el cual contempla que: “La elaboración y aprobación del proyecto de nueva constitución está a cargo de una asamblea constituyente elegida por el pueblo, cuya propuesta de texto constitucional es sometido a referéndum popular ratificatorio”.
De esta manera, la suerte de la futura constituyente quedaría condicionada totalmente a voluntad de un parlamento que en su mayoría esta compuesto por fuerzas conservadoras y reaccionarias. Así mismo, en la propuesta de Castillo se considera a la Constituyente como un poder complementario de los poderes existentes, por tanto, esta no gozaría de la libertad ni de la soberanía necesarias para acabar con el legado político del régimen del 93. De concretarse la posibilidad de una Constituyente bajo el esquema del ejecutivo, los actuales poderes del estado, principales correas de trasmisión de los intereses de los capitalistas, seguirían funcionando como si nada.
Esto queda claramente evidenciado cuando se señala que la Asamblea Constituyente, de darse, “solo tendrá como tarea la redacción de la propuesta de nueva constitución. Para ello contará con un plazo de nueve meses desde su instalación, periodo que podrá prorrogarse únicamente por 120 días”. Y para que no queden dudas del carácter cosmético de esta iniciativa, el Premier Aníbal Torres dejó en claro que esta Constituyente “no podrá modificar el actual periodo del mandato para el cual fueron elegidos el presidente y los congresistas de la Republica”.
Para acabar con el régimen del 93: Asamblea Constituyente Libre y Soberana
Para que podamos acabar definitivamente con el régimen de 1993 impuesto por Alberto Fujimori y mantenido por los demás gobiernos neoliberales, es necesario impulsar la movilización y la auto organización obrera y popular y, desde estos espacios de lucha y auto organización, imponer una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana (ACLS) como tránsito hacia un gobierno de las y los trabajadores, sin depositar ninguna confianza en las corroídas instituciones del estado ni en los partidos políticos que hoy administran la presente crisis.
Esa Constituyente Libre y Soberana no puede estar condicionada por la voluntad o los intereses de los viejos poderes del E stado como el Congreso o el Ejecutivo quienes hoy - con justicia - son repudiados por la mayoría del pueblo trabajador, sino todo lo contrario: la nueva ACLS, cuyos miembros deberán ganar como gana un trabajador calificado y podrán ser revocados si incumplen el mandato para el cual fueron elegidos, deberá hacer las veces de poder ejecutivo y poder legislativo y deberá tener la facultad para imponer un plan de emergencia que evite que las consecuencias de la presente crisis la sigamos pagando los trabajadores y los sectores populares.
