OPINIÓN. Perú: ¿a quiénes sirve la reforma política de Martín Vizcarra?

El presidente Martín Vizcarra asumió el ejecutivo en medio de una profunda crisis del régimen a la que llevó el indulto de Fujimori, la difusión de audios que mostraban cómo jueces sentenciaban en función de “cuánto dinero había bajo la mesa” y como respuesta a estos hechos se generaron enormes movilizaciones que cuestionaban al congreso, al Poder Judicial y al ejecutivo. Frente a esto algunos sectores movilizados empezaron a poner en tela de juicio la constitución heredada del gobierno fujimorista y por tanto al régimen de 1993. Entonces, podemos decir que Vizcarra, desde que llegó al gobierno para reemplazar a PPK quien estuvo en el cargo menos de dos años, no tuvo un escenario favorable ya que se vio obligado a lidiar con las enormes movilizaciones que pedían “que se vayan todos”.

Vizcarra fue una pieza de recambio del gran capital y tenía como principal reto frenar las movilizaciones populares para salvar al régimen del 93 y la institucionalidad en medio de las abrumadoras denuncias de corrupción y la baja aprobación de las diferentes instituciones y poderes del Estado. Para ello, en el mensaje a la nación del 28 de julio de 2018, anunció que promovería un referéndum para llevar adelante una reforma política y con ello, según él, acabar con la corrupción, la cual fue entendida como un problema individual y se la asocio únicamente al fujimorismo.

La iniciativa logró gran aprobación popular y la aceptación de la imagen del presidente llego casi a un 70% de aprobación. Para la implementación de esta medida estuvo acompañado por la izquierda parlamentaria y la que dirige las centrales sindicales, quienes se jugaron el todo por el todo para hacer creer a amplios sectores del pueblo y los trabajadores que teníamos que confiar en la iniciativa presidencial y que había que dejar las movilizaciones para hacer campaña por el “Si” en el referéndum.

El 9 de diciembre se dio el referéndum y Martín Vizcarra logró imponer su propuesta “SI, SI, SI, NO”. Con votos por el SI, que en promedio no bajaron del 85%, se aprobó la no re-elección inmediata de congresistas, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y la regulación al financiamiento privado de los partidos políticos; el NO, que alcanzó el 90,3%, rechazó el retorno a la bicameralidad que era, para ese entonces, una iniciativa que había hecho suya el fujimorismo.

La campaña por el referéndum buscaba crear la sensación de que la democracia representativa se ampliaba y que no eran los congresistas los que esta vez legislaban, sino que ahora los propios “ciudadanos” decidían sobre la reforma política. Al menos, eso se encargaron de decir entre líneas sus promotores, así como que después del referéndum no solo se acababa la corrupción, sino que se abría paso a un ciclo de crecimiento y desarrollo en el país y con ello las desigualdades, la precariedad laboral, el corrupto Poder Judicial serían cosa del pasado.

Con esto se logró descomprimir el descontento social que amenazaba con poner en cuestionamiento todo el tinglado jurídico y político en el que se sostienen las clases dominantes para imponer sus intereses en desmedro de la clase trabajadora y el pueblo. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de los grandes medios de comunicación, la izquierda parlamentaria y la burocracia que dirige las grandes centrales sindicales, quienes desde julio a diciembre del 2018, se encargaron de generar confianza en un gobierno de empresarios que vía decretos supremos eliminó derechos laborales como el derecho a la negociación colectiva de las y los trabajadores del sector publicó, promovió la privatización de las empresas públicas prestadoras de servicios como el agua y la luz y el pasado 31 de diciembre aprobó todo un paquetazo anti laboral que recorta una serie de derechos para las y los trabajadores.

Los límites de la reforma política

A cuatro meses del referéndum, el 10 de abril de 2019 Vizcarra presentó 12 proyectos de ley para la reforma política. En ese contexto llegamos hasta el pedido y aprobación de la segunda cuestión de confianza presentada por el ejecutivo al Congreso el pasado martes 4 de junio.

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Son seis los proyectos que el ejecutivo ha decido priorizar: Proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, proyecto sobre impedimento para ser candidato, proyecto sobre democracia interna de las agrupaciones políticas, proyecto sobre inscripción de organizaciones políticas, proyecto sobre la paridad en listas de candidatos y eliminación del voto preferencial, proyecto sobre la tipificación de los delitos de financiamiento.

Sobre el proyecto relacionado a la inmunidad parlamentaria, se parte de modificar la norma y que sea la Corte Suprema de Justicia la que levante la inmunidad parlamentaria, lo cual contribuye a fortalecer a un poder judicial que a la fecha no es garantía de justicia ni idoneidad, sino veamos los vínculos de los jueces con la corrupción, de cómo dejan en libertad a violadores, feminicidas o, en causas laborales, sentencian a favor de los despidos de los trabajadores. ¿Quién nos garantiza que estos jueces no blinden a los congresistas investigados? Lo único que se hará es cambiar el lugar del blindaje, antes era el congreso y ahora será el Poder Judicial.

En relación al tema del financiamiento de los partidos políticos referido en el art 28 de la Ley de Organizaciones Políticas que actualmente dice “Los partidos políticos reciben financiamiento público y privado, de acuerdo a la presente ley” se le agrega “…Se rige por los criterios de transparencia y rendición de cuentas”. En la propuesta de Ley nº 4189/2018-PE, en el artículo 31 sobre “Fuentes de financiamiento prohibidas” llama poderosamente la atención el inciso “e”, donde textualmente dice: “Personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, excepto cuando los aportes estén exclusivamente destinados a la formación, capacitación e investigación” (Presidencia de la República, 2019). Por esa razón podemos decir que con esta medida solo se espera “mayor transparencia”, con lo cual no se acaba con la intromisión del gran capital en la política nacional, vía el financiamiento a los partidos políticos, sino más bien se cambia de modalidad, ya que ahora lo podrán hacer aduciendo “formación, capacitación e investigación”.

La incorporación del tema de paridad y alternancia, es una muestra de que las demandas de las mujeres ya no pueden seguir siendo invisibilizadas, por ello, con esta medida buscan ser canalizadas dentro del marco de lo establecido. Sin embargo, una vez más, se deja de lado un hecho objetivo de la realidad y que tiene que ver con que la poca participación política de las mujeres está relacionada directamente con la doble jornada laboral que realizamos (trabajo productivo y reproductivo), con los trabajos precarios que tenemos, los salarios más bajos, etc. De eso, esta reforma política no dice absolutamente nada, lo cual pone en evidencia el carácter cosmético de estas iniciativas.

Sobre la inscripción de las organizaciones políticas, el proyecto de reforma política del ejecutivo establece que en promedio se necesitarían 15 mil afiliados (as) para constituir una organización política nacional, sin embargo, la valla a superar es del 5% del total de electores y de no lograrlo las organizaciones políticas pierden inmediatamente la inscripción nacional. Esto hace que se mantenga el carácter proscriptivo impuesto por el fujimorismo y que está orientado a reducir al mínimo la participación política, con lo cual los más afectados terminan siendo siempre los trabajadores y el pueblo pobre. En el aspecto de la publicidad electoral, si bien es cierto que la propaganda de televisión y radio es financiada por el Estado, no hay igualdad en la distribución del tiempo en la franja electoral, siendo los partidos con mayor votación en la última elección los que tendrán más minutos en estos espacios.

Va quedando claro entonces que esta reforma política, como bien lo han señalado sus promotores, busca fortalecer la gobernabilidad y la democracia representativa, que hoy se expresan en el Perú a través del régimen del 93. A lo largo de la existencia de los estados, estos se han reinventado de acuerdo a las coyunturas políticas y económicas, es en ese sentido que esta reforma política busca oxigenar al régimen y al Estado que están al servicio de los grandes empresarios nacionales o extranjeros. En síntesis, podemos decir que con estas iniciativas se promueven cambios para que en realidad nada cambie.