Procuraduría de Brasil evalúa suspender su colaboración con la justicia peruana para favorecer a los grandes empresarios que, día tras día, se ven comprometidos en nuevos casos de corrupción en el Perú.
Gastón Gurski Estudiante de Cs. de la Comunicación
Kevin Wright @kevouv
Sábado 8 de julio de 2017
Foto: peru21.pe
Con la delación premiada, el caso Lava Jato nace bajo la consigna de proteger penalmente a los empresarios culpables de incontables casos de corrupción en América Latina. El día 6 de junio, la procuradora de Río de Janeiro, Marisa Varotto Ferrari, suspendió la declaración de Jorge Barata ante la fiscalía peruana, con el argumento de que se habría transformado en un colaborador del caso Odebrecht que no cuenta con una protección jurídica clara.
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El acuerdo de leniencia suscrito por 77 ejecutivos de Odebrecht con Brasil, Estados Unidos y Suiza no incluye la protección para colaboradores como Jorge Barata. Por su parte, el Ministerio Público aclaró por Twitter (para otorgarle más seriedad a este remolino de corrupción capitalista) que no se habían cancelado las relaciones con Brasil.
Días atrás, el fiscal peruano Elmer Chirre Castillo sorprendió a la prensa local al descubrir un nuevo caso de corrupción de Odebrecht en el Perú que, por primera vez, fue resuelto sin colaboración de los procuradores de Brasil o de los fiscales de Estados Unidos y Suiza. En esta oportunidad, las pruebas incriminan directamente al gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, que al asumir su cargo, estrechó sus manos con la constructora brasileña por un acuerdo que le ofrecía el 3.5% del valor total de las obras que les dieran en concesión.
Nadie se quiere quedar sin su porción, y cuando se habla de los privilegios que les brinda la justicia burguesa a sus corruptos funcionarios la idea es la misma. Ahora todos quieren ser beneficiarios de la protectora e injusta delación premiada.
A raíz de esto la empresa tuvo que reconocer, aportando pruebas, de la entrega del dinero a través del testaferro Dirsse Valverde Varas. Apretada por las evidencias, dio a conocer que desembolsó 2 millones 628 mil dólares al detenido gobernador Álvarez Aguilar, a cambio de la construcción de la carretera "Callejón de Huaylas- Chacas-San Luis" (obra ejecutada en los años 2010-2013).
Sigue prendido el ventilador de los sobornos
Por otro lado, el ex integrante del Comité de Licitación del Metro de Lima, Edwin Luyo, que se encuentra en prisión desde enero y acusado por el Caso Odebrecht, confesó que durante el gobierno de Alan García hubo estrechas relaciones con empresas brasileñas, peruanas y españolas -todas ellas representadas por el mismo abogado, Rodolfo Piralé quien también recibía coimas-.
Los casos de corrupción que abarca la interminable lista de Odebrecht son utilizados por los grandes medios para teñir como un problema de “moralidad” algo que es inherente al sistema capitalista por su estructuración, como lo es la corrupción. La implicación de distintos funcionarios, de diferentes partidos políticos de variadas regiones del continente, demuestra que los sobornos no se solucionan con “clases de ética y moral” para los funcionarios. Los grandes beneficios remunerativos que reciben injustamente por sus cargos públicos y la evidente protección que poseen de la justicia internacional, son parte de la planificación de la clase burguesa en el poder, para perpetuar en la materialidad, la reproducción social de una clase dominante sobre otra.
