El expresidente peruano se suicidó este miércoles, momentos antes de ser detenido por su involucramiento en casos de corrupción vinculados a la constructora Odebrecht. La “justicia” jamás quiso abordar las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas en sus dos gobiernos.
Jueves 18 de abril de 2019 11:00
Foto: La República
Este miércoles 17 de abril, en horas de la mañana, el ex presidente peruano Alan García murió a los 69 años de edad en el hospital de emergencias José Casimiro Ulloa de Lima, tras ser ingresado por un disparo que él mismo se ocasionó en su domicilio.
El hecho se dio cuando un fiscal acompañado por policías de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) ingresaban a su casa para hacer cumplir una orden judicial que ordenaba su detención y el allanamiento de su vivienda y la de otras personas vinculadas a su segundo gobierno.
Su muerte deja pendiente la posibilidad que este ex mandatario sea juzgado y sentenciado por gruesos crímenes de lesa humanidad cometidos durante sus dos gobiernos, como por ejemplo la masacre a los indígenas del poblado de Bagua o la muerte de los presos políticos en el año 1986 ocurrida en penales como el Frontón, San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara.
Alan García fue presidente del Perú en dos ocasiones: de 1985 hasta 1990 y del año 2006 hasta el 2011.
Durante su primer gobierno, García implementó una serie de medidas redistributivas enmarcadas dentro de los lineamientos políticos del desarrollismo y el nacionalismo burgués. Las que más se recuerdan son el no pago de un porcentaje de los intereses de la deuda externa y el intento de nacionalización de la banca, las cuales, en líneas generales terminaron fracasando debido a que - por su orientación de clase - no expropió a la burguesía ni rompió con el imperialismo.
Su segundo gobierno fue neoliberal en toda la línea y se dio en un periodo de crecimiento económico condicionado por los altos precios de las materias primas a escala internacional. Esta segunda gestión también se caracterizó por la arremetida contra los trabajadores y el pueblo para favorecer la voracidad del gran capital extractivista, por esa razón el 5 de junio del 2009 su gobierno masacró a indígenas en la comunidad selvática de Bagua a quienes, Alan García, consideró ciudadanos de segunda categoría.
Este hecho es conocido como la masacre de Bagua en la cual, según informes oficiales de la Defensoría del Pueblo, murieron más de 10 indígenas y 200 terminaron heridos por la arremetida de las fuerzas policiales, que por orden del ex presidente Alan García reprimieron violentamente a los indígenas y a los pobladores de Jaén (departamento de Cajamarca) y de Bagua y Bagua Grande (departamento de Amazonas), cuando estos se encontraban protestando contra un decreto promovido por el ejecutivo que favorecería a grandes empresas transnacionales mineras para que puedan utilizar territorio de la selva peruana con el fin de explotar grandes yacimientos de petróleo, gas y otros minerales. Son también responsables políticos de esta masacre personajes como Mercedes Araoz, quien actualmente funge de vicepresidenta del gobierno de Martin Vizcarra y Yehude Simon, personaje vinculado a la izquierda reformista y líder del partido Juntos por el Perú, que durante la masacre de Bagua dirigía el gabinete ministerial de Alan García.
El ex presidente hoy fallecido también es responsable de la muerte de cientos de presos ocurrida entre el 18 y el 19 de junio de 1986 en penales como El Frontón, San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara (penal de mujeres). En esa oportunidad los presos vinculados a la organización Sendero Luminoso se encontraban protestando contra las condiciones carcelarias y aprovecharon que en Lima se venía desarrollando una reunión de la 2ª Internacional a la cual estaba vinculada el partido aprista de Alan García, quien no tuvo “mejor” idea que ordenar la intervención de la fuerza policial y militar con la que se reprimió este motín costando la vida de más de 300 presos amotinados, muchos de ellos ultimados después de haberse rendido. Por eso este hecho ha sido calificado por organismos de derechos humanos como el “asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva de la década de los años 1980” cometido por el primer gobierno de Alan García.
Paradójicamente, al expresidente Alan García en la actualidad no se le juzgaba por estos hechos de lesa humanidad ya que ello permitiría poner en evidencia la estrecha relación entre el Estado, los gobiernos y el gran capital. Esto pone de manifiesto una vez más el carácter parcial e instrumental de la justicia peruana, la cual, a tono con el interés de legitimar el régimen político de 1993, prioriza la “lucha contra la corrupción” olvidando intencionalmente que detrás de la corrupción de políticos y funcionarios públicos se encuentran los intereses de los capitalistas quienes no dudan en promover la violación de los derechos humanos más elementales con tal de concretar sus intereses económicos y empresariales.
Es por esa razón que Alan García, en la actualidad era investigado solamente por dos casos: el Decreto de Urgencia (DU) 032-2009 y los aportes de Odebrecht a su campaña presidencial del 2006. El primer caso hacía referencia al decreto que le permitió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones licitar la construcción de la línea 1 del Metro de Lima, a través del cual ganaron la licitación el consorcio formado por Odebrecht y Graña y Montero, quienes a partir de ello amasaron grandes fortunas. El segundo caso por el que se investigaba a García es el de los aportes de Odebrecht a su campaña presidencial en el año 2006, donde según información proporcionada por Jorge Barata (ex funcionario de la constructora), Odebrecht le otorgó al ex presidente aprista la suma de 200.000 dólares.
No nos cabe duda que Alan García y su segundo gobierno estuvieron vinculados muy estrechamente a la corrupción promovida por la empresa Odebrecht, así como lo estuvieron gobiernos como el de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán o personajes como Keiko Fujimori, entre otros servidores del gran capital. Sin embargo consideramos que los crímenes por violación a los derechos humanos cometidos por Alan García durante sus dos gobiernos no pueden quedar impunes y pasar al olvido como si nada hubiera ocurrido.
A pesar de su suicidio, García debe ser sancionado enjuiciando y castigando a sus cómplices por violación a los Derechos Humanos para impedir que triunfe la impunidad de los genocidas. Es urgente que los trabajadores, las mujeres y todas las fuerzas que se reclaman democráticas impulsen una gran campaña contra la impunidad y por el castigo a los responsables de todos estos crímenes.
