Este 5 de junio en Perú se dio una violenta represión policial contra la movilización popular en repudio al accionar del Congreso de la República y a las medidas de ajuste. La movilización terminó con la quema de un vehículo policial por parte de los movilizados expresando el fuerte malestar de la gente frente al ajuste y al legislativo.
Miércoles 6 de junio de 2018 10:43
Este 5 de junio miles se movilizaron en la ciudad de Lima cuestionando el accionar del Congreso de la República, el cual es visto por la mayoría de la población como un espacio que avala y promueve la corrupción. La policía respondió con una brutal represión contra los manifestantes que terminó con la quema de una movilidad policial ante el odio y la bronca de los movilizados por el accionar de la policía. Esta movilización hace parte de la nueva escalada de luchas sociales abierta en el Perú a partir del “paquetazo” implementado por el presidente Martin Vizcarra que buscaba que la crisis económica la terminen pagando el pueblo y los trabajadores. Sin embargo, esta movilización y las que se dieron el 30 y el 31 de mayo, han puesto en evidencia que, a pesar del clima de fiebre por el mundial de fútbol, el descontento social contra el gobierno y las instituciones del Estado sigue latente.
Movilización del 31 de mayo en Arequipa
Las razones que motivaron la bronca de los manifestantes para con el congreso tienen que ver con la forma como es que este poder del Estado, de mayoría fujimorista, ha venido imponiendo su voluntad de manera descarada, al grado tal que hace unas semanas atrás se aprobaron la compra de frigobares y rosas para todos los congresistas poniendo en evidencia así el despilfarro y el abuso de autoridad. Este descontento social también fue incubado por el rechazo al incremento del Impuesto Selectivo al Consumo ISC promovido por el presidente Vizcarra quien, debido al rechazo popular y a los paros de transportistas del pasado 30 y 31 de mayo, se vio obligado a retroceder, lo cual generó la renuncia del ministro de economía David Tuesta.
El Congreso de la República se ha convertido en la caja de resonancia de los intereses más pérfidos del gran empresariado nacional y extranjero. Desde este poder del Estado han salido diversas iniciativas legislativas que han favorecido a los capitalistas, dentro de ellas podemos destacar los beneficios tributarios que permiten que grandes empresarios no paguen impuestos o que el Estado termine comprando la deuda de privados, la cual termina sosteniéndose en los impuestos que pagamos los trabajadores y el pueblo. Así mismo, este Congreso – cumpliendo fielmente los mandatos del FMI - cada año aprueba un presupuesto público que reduce al gasto social, por esa razón sectores como educación y salud padecen una crisis crónica de desfinanciamiento y de calidad en relación a los servicios que brindan. A pesar de legislar de espaldas a las necesidades del pueblo trabajador, esta casta de políticos recibe una serie de emolumentos y gollerías como elevados sueldos que bordean los 6 mil dólares mensuales, además de gastos innecesarios como las últimas compras de frigobares, rosas, etc., lo cual ha contribuido a acelerar su deslegitimación social.
Actualmente el Congreso de la República está controlado por una mayoría alineada con el partido político de Keyko Fujimori, quienes, aprovechando su peso parlamentario condicionan la orientación del gobierno de Martin Vizcarra. Esta mayoría fujimorista en alianza con las otras fuerzas políticas que tienen presencia en el parlamento peruano, fueron las responsables de desviar institucionalmente el descontento social provocado por el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski al ex dictador Alberto Fujimori, el mismo que había provocado masivas movilizaciones de rechazo en todo el país, las cuales empezaban a cuestionar la legitimidad del régimen de 1993 impuesto a sangre y fuego por Alberto Fujimori. Con este hecho el fujimorismo dio un salto cualitativo ya que ahora no sólo manejan el Congreso de la República, sino también inciden directamente en el ejecutivo, por esa razón lo primero que buscó Martin Vizcarra desde que asumió el gobierno fue descomprimir el clima de conflictividad social para arremeter con las políticas de ajuste que – por su debilidad - Kuczynski no pudo implementar. A ello se debe el paquetazo decretado por el ejecutivo que buscaba incrementar el Impuesto Selectivo al Consumo ISC para que de esa manera los trabajadores y el pueblo pobre terminemos pagando el desbalance financiero provocado por los beneficios tributarios al gran capital, la fuga de capitales generada por el pago de la deuda externa y los elevados costos que significa mantener a esta casta de políticos y funcionarios públicos al servicio de los poderes facticos.
Este accionar del congreso peruano se sostiene en una legislación que no permite mecanismos sociales de fiscalización o sanción social a la gestión de los parlamentarios, a pesar que estos son elegidos por voto popular para – supuestamente – representar los intereses de sus electores, sin embargo, en la práctica esto no se da, por esa razón tenemos a parlamentarios que llegan con un discurso de izquierda y terminan en la derecha o sosteniendo medidas de la derecha. Así como ocurre con la figura del presidente de la República, esta democracia degradada promueve la estafa pública, ya que los representantes elegidos por voto popular a los cargos más altos dentro de la estructura del Estado (presidente y congresistas) no están obligados a cumplir sus promesas de campaña, eso ha llevado a que sea muy común en el Perú de los últimos años que los presidentes y los congresistas lleguen a sus cargos enarbolando sendos programas de reformas sociales y una vez allí terminen haciendo carne de esa frase tristemente célebre del ex presidente Ollanta Humala, que decía: “una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón”.
Lo que está en crisis entonces es esa democracia degradada que con el pasar de los años ha demostrado su entraña fraudulenta y su naturaleza anti popular. Esta democracia, a la cual arribamos, después de derrocar con la movilización a la dictadura de Alberto Fujimori, ha demostrado ser el instrumento ideal que ha permitido a los ricos hacerse más ricos a costa de la explotación de la clase trabajadora y del saqueo de nuestros recursos naturales. Esta democracia, es el manto perfecto en el cual se cubren los políticos y los empresarios corruptos, por eso ex presidentes como Alan García o Alejandro Toledo y ex dictadores como Alberto Fujimori, gozan hoy de libertad. Es gracias a esta democracia para ricos que miles de trabajadores viven en la informalidad y la precariedad trabajando 12 horas diarias, sin derechos sociales ni sindicales. Gracias a esta democracia las grandes empresas mineras contaminan el medio ambiente, despiden a sus trabajadores y reducen el pago de las utilidades y nadie puede hacer nada porque así lo establece el Estado de derecho. Esta democracia lo que ha hecho, en síntesis, es evitar que el poblador común y corriente tenga la posibilidad de incidir en las decisiones públicas, reduciendo así el quehacer político a los cenáculos del congreso y del ejecutivo donde lo que menos importa es la necesidad del pueblo trabajador.
Para empezar a cambiar este estado de cosas es necesario exigir que tanto el presidente de la República así como los congresistas puedan ser revocados directamente por la población cuando incumplen con la voluntad popular. De igual manera, para acabar con los beneficios y gollerías que se han convertido en las mejores formas de cooptación legal, peleemos porque los congresistas ganen como gana un profesor, de esa manera acabaremos con la instrumentalización y el envilecimiento mercantil de la política y podremos saber quiénes van al congreso a servir al pueblo o a servirse de él. Estas medidas y otras de carácter transicional deberán ser parte de la lucha por imponer con la movilización de los trabajadores y el pueblo una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la cual deberá tener plenos poderes resolutivos y estar compuesta por representantes electos por voto universal. Allí podríamos empezar a discutir y resolver los grandes problemas del país, empezando por la ruptura con el imperialismo, la necesidad de una nueva democracia, entre otros.
Desde Resistencia Sur consideramos que la resolución de todos estos problemas sólo será posible con un gobierno de las y los trabajadores, pero la lucha por esta Asamblea Constituyente Libre y Soberana puede facilitar la experiencia de las masas con los límites de la democracia y allanar el camino hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo.
Resistencia Sur de Perú es una organización con quiénes, desde la Fracción Trotkista Cuarta Internacional (FT-CI), venimos explorando posibles convergencias programáticas y estratégicas.
