AJUSTE LABORAL. Perú: trabajadores se movilizan contra medidas de ajuste de Martín Vizcarra

Este martes los trabajadores y el pueblo se movilizan en todo el Perú contra las medidas de ajuste que pretende implementar el gobierno de Martín Vizcarra, el cual se escuda en la lucha anticorrupción para arremeter contra los trabajadores a través de una serie de medidas que promueven el despido arbitrario y mayor flexibilidad laboral. Sectores estratégicos, como los trabajadores mineros de Cerro Verde, han asegurado su participación en esta jornada nacional de movilización, lo cual es importante ya que demuestra la predisposición para la lucha que existe en sectores de trabajadores.

El 31 de diciembre de 2018, el diario oficial “El Peruano” publicaba el Decreto Supremo Nº 345-2018-EF llamado "Política Nacional de Competitividad y Productividad" (PNCP), con lo cual el presidente Martín Vizcarra y 13 de sus ministros que, por sus funciones tienen vinculación directa con estos planes de recorte de los derechos de las y los trabajadores, le dieron el visto bueno a esta iniciativa pro patronal. Con esto queda claro que es el gobierno en su conjunto, y no sólo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que está detrás de estas iniciativas. Esto es importante precisarlo ya que algunos sectores del neo-reformismo pretenden señalar que el presidente Vizcarra ha sido “capturado por el MEF” y que por tanto este gobierno no es un gobierno pro-empresarial, sino que los pro-empresarios están solo en el MEF.

Este no es el único recorte a los derechos de las y los trabajadores en lo que va del gobierno de Martín Vizcarra. El presidente, en el mes de septiembre de 2018, promulgó los Decretos Legislativos (DL) 1442 y 1450, con los cuales omitía la negociación colectiva a los trabajadores del sector público en materia salarial. Cabe mencionar que la negociación colectiva permitía a las y los trabajadores públicos negociar sus salarios con el Estado.

Vizcarra se ha venido valiendo de la popularidad y aceptación que ha logrado en estos tiempos a partir de la lucha contra la corrupción para llevar adelante esta contra-reforma laboral que tiene por objetivo central hacer que la crisis económica internacional abierta en el 2008, y que en nuestro país se empezó a sentir a partir del 2013, la terminemos pagando las y los trabajadores y no los empresarios. Para ello, este gobierno busca legitimar el régimen del 93 y su mandato con medidas cosméticas como el referéndum judicial y otras para que cuando impulse ajustes contra los trabajadores y el pueblo sus ataques se respalden en instituciones más fuertes.

La “Política Nacional de Competitividad y Productividad" estuvo en la agenda de este gobierno desde julio del 2018 cuando el MEF publicó en su portal web un texto titulado “Principales ejes para impulsar la competitividad y productividad”, en el cual señalan que “La competitividad de un país puede entenderse como su capacidad para producir bienes y servicios de manera eficiente, en mayor cantidad y a un menor costo que el de productores de otros países” .

Para lograr un menor costo en la producción, lo cual coadyuva a incrementar su tasa de plusvalía, los empresarios, de la mano del gobierno flexibilizan los salarios, el tiempo de trabajo, la contratación laboral y la organización del trabajo. Además de la flexibilización laboral han avanzado en eliminar las normas ambientales que eran pequeños obstáculos o barreras mínimas que establecía el Estado a las empresas cuando estas tenían que iniciar la ejecución de un proyecto minero o de hidrocarburos. Sin embargo, las direcciones de las grandes centrales sindicales a pesar de estar al tanto de estas medidas anti obreras no hicieron nada para organizar a los trabajadores y responder a este plan de ajuste.

Fueron los ejecutivos reunidos en el último Consejo Anual de Ejecutivos (CADE), los que a través de Fernando Zavala [1] sostuvieron que había que flexibilizar el despido, es decir, que las y los trabajadores despedidos no sean repuestos a sus puestos de trabajo, sino que había que pagarles una indemnización y con ello bastaba.

Hay una clara voluntad de este gobierno de implementar una (contra) reforma laboral ello, por ejemplo, se expresa en lo dicho por el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, quien en una declaración al Diario Gestión se manifestó en contra de las reposiciones de las y los trabajadores despedidos señalando que: "Las empresas que deciden resolver el contrato con el trabajador no es porque quieran [sacarlo] sino es porque a veces hay problemas en la producción y el que te repongan a un trabajador cuando ya no lo necesitas es un costo fijo y reduce tu competitividad y el que seas menos competitivo en el mercado en algún momento puede llevarte incluso a quebrar…”. Queda claro así de qué lado están estos funcionarios públicos.

Y si el gobierno ha podido llegar hasta donde ha llegado es responsabilidad de las direcciones de las centrales sindicales como la CGTP, SUTEP, CUT, entre otras, quienes se han comprado el pleito de Vizcarra y de los empresarios, en el sentido de asumir que las medidas anti corrupción del gobierno eran progresivas y que había que asumirlas sin chistar ya que hacer lo contrario era hacerle el juego al fujimorismo, ello llevó a crear confianza a nivel de los trabajadores en este gobierno con lo cual la posibilidad de articular espacios de lucha en defensa de los intereses de la clase trabajadora se han ido debilitando.

Frente a esto, urge poner en evidencia ante las masas el verdadero papel del gobierno de Vizcarra y la forma como este viene manipulando la lucha contra la corrupción para pasar su política a favor del empresariado, ello implica desde ya dar una dura batalla contra la burocracia sindical enquistada en las grandes centrales sindicales ya que esta se ha convertido en correa de trasmisión del gobierno y los empresarios. Así podremos avanzar en la perspectiva de articular un espacio nacional que nos permita, a las y los trabajadores y al pueblo en su conjunto, elaborar un plan nacional de lucha que se sostenga en la auto organización obrera y popular y que tenga como objetivo preparar un paro nacional, solo de esa manera podremos hacer retroceder a Vizcarra y sus políticas anti laborales.