Perú: voto de “casi-confianza” al gabinete de Humala

Martes 26/08.
A último momento y de manera agónica, el gabinete ministerial dirigido por Ana Jara recibió recibió el “voto de confianza” parlamentario que necesitaba.
Empatados en 54 votos a favor y otros tantos en contra, con 9 abstenciones, el voto afirmativo de la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano (del oficialismo), fue el que dirimió la cuestión en la tercera votación tras una semana de tensión, con febriles cabildeos y dos intentos fallidos de lograr su aprobación.
Los partidos de la oposición centraron sus críticas en tres puntos: el rechazo al aporte obligatorio de los trabajadores independientes a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensión); las imputaciones al ministro de Energía y Minería, Eleodoro Mayorga, de favoritismo hacia empresas petroleras; y las críticas a la ministra de Salud, Midori de Habich, que aplica reformas resistidas por los trabajadores del sector: una huelga de médicos hospitalarios que lleva ya más de 100 días.
El gabinete presidido por Ana Jara es el sexto en el gobierno del presidente Ollanta Humala (que asumió en 2011). El anterior, dirigido por René Cornejo, tuvo también serias dificultades para lograr el visto bueno parlamentario en marzo pasado y duró poco, debiendo renunciar en julio al destaparse un sonado escándalo: el dimitente fue denunciado por impulsar una campaña de desprestigio contra un diputado opositor que le acusó de beneficiar al Grupo empresarial Helios, propiedad del propio Cornejo.
La Constitución peruana establece el requisito del voto de confianza parlamentario para que el Consejo de Ministros, presidido por un Primer Ministro, desarrolle sus funciones. Los anteriores gobiernos de Fujimori, Toledo y Alan García contaron con la mayoría de los legisladores. En cambio, los partidarios de Humala son minoría en el actual Congreso, lo que obliga al gobierno a negociar con otros sectores.
El oficialismo logró la aprobación por la mínima diferencia para el ministerio de Ana Jara, pero el costo político que paga parece ser grande. Debió resignar una de sus principales reformas, como era la del aporte de los independientes a las AFP. Mientras, Eleodoro Mayorga queda al frente de Energía y Minas, pero debilitado, y no se descarta una probable renuncia.
Pese a los intentos del oficialismo por evitar nuevos remezones, la crisis política está lejos de haberse cerrado. De hecho, no sólo afecta al gobierno sino que también revela la erosión del sistema de partidos políticos burgueses en Perú.
Ollanta Humala, ex militar que actuó en la “guerra sucia” de los años 80 y 90 contra la guerrilla senderista, asumió en 2011 presentándose como un candidato sin compromisos con la vieja clase política, y hasta progresista, con el apoyo de sectores de la izquierda reformista. Pero su gobierno mantuvo un programa neoliberal, de apertura y entrega a las transnacionales mineras y petroleras, y los compromisos con el imperialismo, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Además, mantuvo la impunidad para la policía y los militares mezclados en brutales violaciones a los derechos humanos durante años anteriores: uno de sus ministros, Daniel Urresti, está acusado por el asesinato de un periodista en Ayacucho en 1988.
El desgaste del presidente, cuya popularidad ha descendido a un 25% según las encuestas, y los síntomas de inestabilidad política confluyen con tendencias a la desaceleración económica tras años de importante crecimiento. Todo esto con el telón de fondo de una situación social plagada de desigualdades y necesidades insatisfechas para la inmensa mayoría del pueblo peruano.