Las cuentas suben, la calidad del servicio baja. Mientras las empresas eléctricas prestan pésimos servicios a la población estas seguirán aumentando los costos gracias a una ley votada en abril.
Jueves 27 de junio de 2024
Este próximo lunes, primero de julio, en todo el país veremos alzas en las cuentas de luz, debido a que durante el mes de abril el Congreso aprobó la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas.
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Esta ley pretende que en un periodo de 9 años seamos los usuarios del servicio los que respondamos a la deuda acumulada con las empresas eléctricas mediante una serie de alzas a las cuentas de luz que se aplicará de manera escalonada en los meses de julio, en donde se estiman alzas de hasta un 30%, octubre y enero del 2025, pudiendo llegar, entonces, a un 60% en las cuentas de luz según se prevee.
Ya en el mes de febrero se estimaba que las alzas regionales superarán el 40% en regiones como Valparaíso y Atacama, detrás vendrían Tarapacá con 27%, Arica y Parinacota con 31% y Los Lagos con 30%. La Región Metropolitana, en tanto, se estima un aumento de un 36%.
Esta alza viene tras que el 2019, en medio de las movilizaciones del estallido social, el gobierno de Piñera, buscando calmar las aguas, dispuso el congelamiento de las tarifas de electricidad mediante el Mecanismo de Precios Estabilizados al Cliente, un subsidio que buscaba contener el alza de la luz, la cual mediante diversas medida fue extendida durante la pandemia.
Sin embargo, el 2022, con el inicio de la ofensiva Rusa en Ucrania, a nivel mundial los precios de la energía se dispararon y con ello se generó una deuda con las empresas generadoras de electricidad que actualmente alcanza los 6.000 millones de dólares, esto es lo que deberemos pagar los usuarios. Un verdadero escándalo para salvar el negocio de un puñado de transnacionales chinas, españolas e italianas que se llenan los bolsillos entregando un pésimo servicio y subiendo las tarifas de la luz, que ya es una de las más caras del continente.
Para tratar de bajar la magnitud del alza esta ley votada en abril, la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, faculta para la creación de subsidios focalizados para las familias y que hasta el momento se habla de un subsidio para el 40% de los hogares más pobres, lo que claramente puede ser un alivio para los sectores más precarios de la población, sin embargo, se conserva el negocio millonario (que además ahora serán receptores de estos subsidios) y el servicio deficiente.
Es inentendible que las cuentas de luz sigan subiendo mientras el servicio sigue siendo el mismo, ineficiente, con múltiples fallas, todos sabemos que cuando se corta la luz las empresas nunca responden, pero cuando nos atrasamos en las cuentas inmediatamente nos cortan la luz, porque si para algo son buenos es para cobrar.
Llama la atención la timidez del gobierno y de sus partidos ante este escándalo. Ante el alza, proponen pagar subsidios y por más que hoy pretendan reclamar contra el alza, no olvidemos que ellos mismos la votaron en abril.
El sistema de generación y distribución eléctrica en manos de los privados fue un regalo que se hizo en dictadura. Estas empresas fueron privatizadas y entregadas por Pinochet a sus empresarios amigos mediante procesos obscuros y en cuatro paredes que empezaron a salir a la luz cuando se conocieron los casos de las empresas Chispas, donde el UDI José Yuraszeck y el entonces senador Sebastián Piñera recibían pagos superiores al resto de accionistas cuando vendieron Enersis a empresas españolas.
Las fallas y deficiencias del sistema eléctrico son plena responsabilidad de estas empresas que ponen sus ganancias por delante, esto ya que tienen la enorme comodidad de contar con la administración de un monopolio natural que es asegurado por el Estado y que nadie le pone freno, ni siquiera sus trabajadores, que por ley tienen impedido llevar adelante una negociación colectiva para reclamar sus derechos y exigir mejoras en el servicio.
Esta deuda de 6.000 millones de dólares es espuria, es completamente ilegítimo que lo pague la población, que ya está acogotada con la inflación y cansada de trabajar por bajos sueldos mientras a los empresarios se les aseguran sus negocios. Esta deuda debiera ser desconocida y ser asumida por las empresas de generación eléctrica y no por las familias.
Si no quieren asumir la deuda, entonces corresponderá llevar adelante una medida de soberanía nacional mínima, la nacionalización del sistema energético organizado bajo control de sus trabajadores y comités de usuarios, para que deje de ser dependiente de grupos empresariales y capitales extranjeros, a los que no les interesa entregar un buen servicio, sino que solo les interesan sus bolsillos.
Sabemos que esto es una medida de fondo que requiere un mayor desarrollo para pelear por ella, sin embargo, desde ya se debería proponer planes de inversión y de coordinación de los sistemas y una planificación para que la producción de energía tenga como primera prioridad las familias del país y no las necesidades grandes empresas.
