Entreguismo. Petróleo por deuda: el acuerdo que negocia Chevron con Maduro con aval de Biden flexibilizando sanciones

Los representantes de Chevron en los últimos meses habrían mantenido reuniones de alto nivel con miembros del gobierno de Biden. Lo describen como un hito en los esfuerzos de cabildeo de la compañía durante un año para obtener un cambio en su licencia para operar en Venezuela, y cobrarse la deuda a través de petróleo pero que podría incluir la entrega de activos.

La transnacional Chevron continúa operando en el país teniendo participación en las Empresas Mixtas Petroboscán (39,2%) y Petroindependencia (25,2%) en el occidente del país. En la Faja Petrolífera del Orinoco Chevron participa en los proyectos de crudo extrapesado Petropiar (30%) y Petroindependencia (34%).

En las operaciones de gas costa afuera, la compañía participa en los Bloques 2 y 3 de la Plataforma Deltana con participación exclusiva, además del 100% de Cardón 3 del Proyecto “Rafael Urdaneta”. Son grandes sus intereses y proyectos económicos estratégicos en el país.

No en vano el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha venido prolongando las autorizaciones de manera automática a empresas petroleras de origen estadounidense que siguen operando en Venezuela pese a las sanciones que ha impuesto a PDVSA, que en teoría tendrían que ser afectadas. Hablamos de firmas como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford International y Chevron. Aunque en abril del 2020 el gobierno de Trump emitió una licencia más estricta que prohíbe a Chevron perforar en el país o comercializar petróleo venezolano y solo “realizar operaciones extremadamente limitadas”.

Chevron tiene un posicionamiento estratégico en el país por las grandes reservas petroleras que tiene Venezuela, más aun sabiendo los nuevos cambios que se están operando en la industria petrolera con las nuevas leyes entreguistas del Gobierno de Maduro. Para ello Chevron procura que Estados Unidos restablezca los privilegios comerciales que disfrutó durante un tiempo bajo la administración del expresidente Donald Trump. A la compañía y a otros productores extranjeros se les permitió tomar y exportar petróleo venezolano para “recuperar dividendos y deudas” de empresas conjuntas con PDVSA.

Ese arreglo, que hasta mediados de 2020 permitía a Chevron comercializar entre 1 y 2 millones de barriles mensuales de crudo venezolano, fue suspendido por la política de sanciones económicas y petroleras de Trump durante la embestida golpista para imponer a su títere Guaidó en la presidencia del país. En su momento la política de Trump tuvo un gran impacto en los envíos de petróleo de Venezuela, pero recientemente no logró bloquear los ingresos del petróleo, lo que permitió un rebote de las exportaciones.

“La administración Biden tiene cada vez más incentivos para aliviar las sanciones a Venezuela tras la estrategia fallida de Trump”, es lo que se estaría discutiendo en Washington. Venezuela le debería cientos de millones de dólares a Chevron. "Es una práctica habitual reunirse con funcionarios del gobierno de EE. UU. para brindar perspectivas sobre temas energéticos importantes para la empresa", dijo el portavoz de Chevron, Ray Fohr, en respuesta a preguntas sobre el cabildeo de la empresa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha hecho declaraciones al respecto, pero es un secreto a voces las discusiones en curso. Como es costumbre también el Gobierno de Maduro y el Ministerio de Petróleo de Venezuela y PDVSA tampoco han comentado al respecto amparados el secretismo de la nefasta Ley “Antibloqueo”.

Aunque la semana pasada Maduro aprovechó su encuentro con el sector bancario para afirmar que mantiene un diálogo con los tenedores de bonos a los que han hecho una propuesta, que no detalló, para "honrar" la oprobiosa deuda externa. Basta recordar que al inicio de la crisis el Gobierno decidió "pagar hasta el último centavo" de la deuda, en vez de honrar l deuda con el pueblo, y luego de entregar más de 74 mil millones de dólares por pago, sangrando al país, se entró en una espiral de catástrofe económica.

En el caso con las petroleras transnacionales, la propuesta está en la entrega de activos, y no solo en las exploraciones y producción, para saldar las odiosas deudas, una política que ya hace mucho tiempo la han venido anunciando.

Si Estados Unidos decide no cambiar los términos de la licencia de Chevron, aún podría otorgar una exención a las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos para permitir ciertas exportaciones de petróleo, de acuerdo a voces desde el Gobierno citados por Reuters.

Las nuevas leyes de Maduro como la Ley “Antibloqueo” que permiten bajo el mayor de los secretismos avanzar en procesos de privatización de activos nacionales, y sobre todo en el área petrolera que, con los cambios en la Ley de Hidrocarburos que sin anunciarlos los aplican, la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, entre otras importantes, han venido permitiendo que sectores controlados por el Estado progresivamente vayan siendo traspasados a empresas extranjeras o grupos económicos locales, tal como se ve muy claramente en el área del petróleo, donde empresas estadounidenses, europeas, rusas, chinas y de otras latitudes avanzan en sus controles. Chevron, con su gran presencia en el país, no quiere dejar perder esta oportunidad para aumentar sus negocios en un país con las mayores reservas petroleras del mundo.

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Tanto el Gobierno como el grueso de los sectores de la oposición, empresarios y grupos concentrados económicos, tienen un gran acuerdo implícito, y es lo que están llevando adelante, que como salida a la brutal crisis es avanzar en el despojo nacional, para que los buitres del petróleo se apoderen de los campos con la promesa de la “recuperación” de la industria. Personeros que creen que de la mano de la rapiña internacional el país saldrá de la crisis, en que aún se está inmerso más allá de cierta recuperación en algunos sectores de comercio y servicios, con el argumento que traerán las “inversiones” para que nuevamente Venezuela salga de letargo, por lo que ofrecen a transnacionales condiciones inimaginables antes del inicio de la crisis.

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