Los trabajadores petroleros tomaron las calles de Puerto La Cruz este jueves para continuar protestando frente a la situación que viven en PDVSA, los bajos salarios, el fallecimiento de compañeros de trabajo por no contar con un seguro de salud, elevando esta vez su reclamo hasta el Ministerio Público.
Jueves 17 de octubre de 2019
Los petroleros se concentraron en la sede de PDVSA ubicada en Guaraguao para marchar hasta la Fiscalía ubicada en la Avenida Municipal de Puerto La Cruz. Se trata de la segunda marcha, luego de que el pasado martes lo hicieron desde la sede de Fedepetrol hasta el edificio de PDVSA como parte de un plan de movilización que han resuelto en la asamblea realizada el mismo martes, lo que han calificado como “el inicio de la lucha por la restitución de los beneficios laborales" y contra lo que llaman "las mafias internas dentro del sector petrolero”.
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Bajo la consigna ¡No queremos más muertes!, ¡Salarios dignos ya! y acompañados de cánticos como “Trabajador escucha y únete a la lucha”, reclamaron también por el contrato colectivo, por el seguro de salud Sicoprosa que fue suspendido hace dos meses y desde entonces, denuncian que se han contabilizado 21 muertes de trabajadores petroleros sólo en la región Oriente.
#17Oct Trabajadores petroleros en #PuertoLaCruz marchan desde Edif. #PDVSA Guaraguao hasta la #Fiscalia reclamando por el contrato colectivo, el seguro de salud (Sicoprosa), por no más muertes d trabajadores d la industria porque les niegan su seguro y contra las mafias en PDVSA pic.twitter.com/c9am5432CJ
— La Izquierda Diario Venezuela (@LaIzqDiario_VE) October 17, 2019
José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), manifestó que la situación de PDVSA ya es insoportable y no se puede continuar aceptando lo que impera en la industria petrolera para los trabajadores, declara que la ida al Ministerio Público era para dar formalidad a las acusaciones efectuadas en contra del gerente de Refinación Oriente, Jorge Sicat, y de Paula Malavé, quien es miembro de la directiva de Sicoprosa. “Todas estas muertes son responsabilidad directa de Sicat y Malavé; es por ello que exigimos sus renuncias y también queremos que asuman sus responsabilidades en estos hechos y para ello se hizo la denuncia formal ante el Ministerio Público de la entidad”, destacaba José Bodas.
Así también enfatizaba que “el contrato colectivo está vencido, ahora se ha desatado una represión contra los trabajadores a los cuales amenazan con despidos y jubilaciones anticipadas si continúan protestando por sus derechos. Conocemos de primera mano que Quevedo (presidente de PDVSA) pretende privatizar la industria al vendérsela a los chinos, a los rusos y a la Chevron norteamericana, nosotros no vamos a permitir eso, aquí estamos los trabajadores defendiendo la industria”.
Por su parte, Eudis Girot, director ejecutivo de la Futpv, sostuvo que la situación en Pdvsa ya rebasó “los límites de lo moralmente aceptable”. Denunció que el Sistema Contributivo para la Protección de la Salud de los trabajadores petroleros (Sicoprosa), no es aceptado en ninguna clínica privada pese a que mensualmente se lo descuentan de su salario, destacando que existe una larga lista de personas que han muerto por falta de atendimiento.
El director ejecutivo hacía énfasis en que “Aura Malavé, quien es la directora de Sicoprosa a nivel regional, cuando los trabajadores llegan a su oficina a pedir atención, ella simplemente levanta el teléfono y les dice a las clínicas que no los atienda. Esta señora maltrata y humilla a los trabajadores, el personal de la empresa simplemente se está muriendo”, argumentando que “el seguro Sicoprosa no es una concesión de PDVSA para con los trabajadores”, pues son ellos los que pagan el mismo producto de los descuentos que le realiza la empresa en su salario.
Al finalizar la jornada hicieron un llamado a los trabajadores petroleros de toda Venezuela, para que se sumen a las acciones de calle y reclamar por los derechos laborales de más de 70 mil trabajadores petroleros activos en Venezuela, de los cuales 18 mil pertenecen al estado Anzoátegui. Preparan nuevas acciones de protesta.
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