El discurso de odio hacia los inmigrantes por parte de Pichetto, Bullrich, Frigerio, Berni y los medios oficialistas como justificación de la represión del 24 de octubre. Buscan deportar a migrantes.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Martes 30 de octubre de 2018
La detención del cuatro personas extranjeras, dos venezolanos, un turco y un paraguayo, durante la represión en las (extensas) inmediaciones del Congreso el miércoles pasado mientras se desarrollaba la sesión donde Diputados dio media sanción al presupuesto del FMI, habilitaron que desde el gobierno y sectores de la oposición se lanzara un discurso xenófobo que alienta una política persecutoria. Fue el senador Miguel Ángel Pichetto el primero en reclamar dureza: "Espero que los cuatro extranjeros detenidos ya estén en Migraciones listos para la salida del país." A la zaga le fueron la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Interior Rogelio Frigerio que en conferencia de prensa pusieron el eje de sus declaraciones en la demonización de los migrantes.
Ni lerdo ni perezoso, un abanderado de la lucha antinmigrante salió a bancar las bravuconadas que reclaman la expulsión de los detenidos extranjeros. Esta vez, fue Sergio Berni, exsecretario de Seguridad del kirchnerismo, quien declaró en algunos medios como radio La Red: “Coincido plenamente con el senador Miguel Ángel Pichetto: los detenidos ya deberían estar camino a sus respectivos países”. Recordemos que fue Berni el mismo que en octubre de 2014 decía que "estamos infectados de delincuentes extranjeros que vienen a delinquir.”
Las declaraciones del coro reaccionario y transversal que acusa a los migrantes de delincuentes se caerían rápidamente si no fuera porque la gran mayoría de los medios reproducen esta línea política y las mentiras para justificar y alentar la xenofobia. No es casual que esto se exacerbe cuando se agudiza día a día la crisis económica y social que han provocado las políticas del gobierno y el FMI. Un discurso similar fue desplegado durante el menemismo cuando la política económica arrojaba a miles a la desocupación.
La brutal represión del miércoles 24 de octubre quedaría justificada por estos medios que nada dicen de la virulencia y las flagrantes prácticas ilegales de la Policía de la Ciudad de Rodríguez Larreta: la provocación policial incluyó el “plantado” de elementos como barretas para incriminar a personas detenidas a más de diez cuadras del Congreso; se siguen utilizando discrecionalmente, a pesar de las sucesivas denuncias, armas potencialmente letales y los policías que llevan adelante la represión carecen de la obligatoria identificación.
Todo esto, obviamente, sin contar las palizas y amenazas dentro de las camionetas y la gravedad que significa que durante varias horas los organismos de derechos humanos, los compañeros y familiares de los detenidos desconocieran durante varias horas el paradero de quienes fueron llevados presos el miércoles pasado. La mayoría de ellos, nada casualmente, pertenecían a sectores en lucha como el Astillero Río Santiago, Suteba, integrantes de La Garganta Poderosa, y otras organizaciones políticas y sociales. Las imputaciones policiales en casi todos los casos fueron “atentado y resistencia a la autoridad”, figuras penales muy leves que la policía utiliza para justificar detenciones sin causa.
La detención y posterior estigmatizan de los migrantes constituye un episodio grave. Las declaraciones de funcionarios del gobierno y sectores opositores, habilitan un discurso de odio que busca homologar migración con “delincuencia” y “violencia” y al mismo tiempo aislarlos y separarlos del conjunto de los trabajadores nativos. Así lo vimos con la brutal persecución y detenciones a los senegaleses que trabajan en la vía pública.
Hay que señalar que una serie de datos da cuenta de que una mínima porción de la población carcelaria es extranjera y que las deportaciones han sido mínimas. Por ejemplo, según la base de datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (SNEEP), con respecto a quiénes estaban en las cárceles en 2017: de 85.300 personas, solo 5.100 eran extranjeras. Entre los argentinos, 55 % estaban condenados y 45 % procesados. Entre los extranjeros, 40 % estaban condenados y 60 % procesados.
Asimismo, los datos de la Dirección Nacional de Migraciones desmienten a Frigerio que aseguró que “hubo más deportaciones este último año que en los últimos diez años”: en lo que va de 2015 fueron 150 los extranjeros expulsados, cifra que demuestra que a pesar de la vigencia del Decreto 70/2017, las deportaciones por haber sido encontrados culpables o con procesamientos firmes no aumentaron respecto de años anteriores. No significa laxitud de la justicia sino que los presuntos delitos cometidos por extranjeros no han podido ser demostrados. Miente miente, que algo quedará.
Sueñan con la ley Cané
El gobierno de Cambiemos, con la intensión de llevar adelante esta política, publicó en enero de 2017 el Decreto De Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, con la firma de todo el gabinete, que modifica la Ley de Migraciones (Ley 25871) y que constituye una grave amenaza para los que “quieran habitar el suelo argentino”, como reza la Constitución Nacional.
Este DNU fue amplia y fuertemente rechazado por las organizaciones que nuclean y defienden los derechos de los migrantes, así como por organismos de derechos humanos. Más de 150 organizaciones solicitaron al jefe de Gabinete una reunión, pero el DNU fue publicado sin siquiera pasar por el Congreso.
Sobre las consecuencias graves que este DNU supone, el CELS señaló que se “habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal y también de quienes hayan cometido faltas administrativas en el trámite migratorio, como, por ejemplo, no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado. Ahora una persona migrante que subsista de la venta callejera, puede ser denunciada penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública y ello implicará su clasificación como ‘expulsable’. Los jueces y fiscales tienen la obligación de notificar a la Dirección Nacional de Migraciones”.
En marzo de este año, el DNU fue declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Resta aún el pronunciamiento de la Corte Suprema por lo cual el DNU sigue vigente.
Sin embargo, a pesar de esto, la justicia debe al menos, procesar e iniciar un juicio de deportación. “Bullrich está cometiendo delitos: abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, querer deportar a los extranjeros sin juzgarlos es inconstitucional y denigrante", señaló el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
Pichetto, Bullrich, Berni pretenden retrotaernos a 1902 cuando Julio A. Roca impulsó la Ley de Residencia, redactada por Miguel Cané, ley que nació como respuesta a las luchas de una joven clase obrera –en su mayoría inmigrante– e integraba un corpus legal que buscaba regular la conflictividad social. Permitía deportar extranjeros sin juicio previo y fue utilizada por distintos gobiernos, hasta su derogación en 1958.
La resistencia a estos ataques y campañas criminalizadoras contará con miles de luchadores en las calles para impedir que se consume esta política xenófoba.
