El pedido formal fue realizado el pasado lunes ante Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de la Doctora Sandra Arroyo Salgado, por el abogado Edgardo Moyano, del Ceprodh.
Miércoles 26 de abril de 2017
El pedido formal fue realizado el pasado lunes ante Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, por el abogado Edgardo Moyano, quien junto a María Luz Santos Morón ejercen la defensa de los manifestantes detenidos en la jornada el Paro Nacional e integran el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.).
A modo de descargo, el documento presentado comienza afirmando que La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que "la manifestación y protesta social como ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión, reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco aún más restringido para justificar una limitación de este derecho".
A su vez, sostiene que en la jornada nacional de protesta, los 6 manifestantes detenidos sufrieron la represión, privación ilegal de la libertad y lesiones como consecuencia del accionar ilegal de Gendarmería Nacional (GNA), que llevó adelante una orden ilegal proveniente del Gobierno Nacional, con fines de impedir que ese día las personas pudieran reunirse y manifestarse libremente en las calles de este país, siendo que se trata de un derecho constitucional.
La defensa afirma que fue “con el fin de demostrar ante la opinión pública que el Gobierno Nacional será “duro” frente a “grupos” que protestan, lo cual resulta de suma gravedad, pues la estigmatización de “grupos” (de izquierda, piqueteros, desocupados, organizaciones sociales, etc), constituye un trato discriminatorio aplicado a gran escala en violación de Derechos Humanos Fundamentales”.
Las propias declaraciones que realizaron los agentes de la Gendarmería cuando fueron citados a declarar en el Juzgado sustentan lo denunciado, allí ellos mismos afirmaron que el plan de acción de la GNA era “que los manifestantes no logren subir libremente a la traza principal de la autopista” en el marco del paro nacional y que siguieron ordenes de actuación de la “Superioridad”, pese a que ya estaba interviniendo el Juzgado Federal N° 1 desde las primeras horas de la jornada y no había dado ninguna orden de que se realizara tal impedimento ni que se desaloje a los manifestantes de la autopista, donde incluso las colectoras estaban liberadas y había carriles libres en el marco de que, por el Paro Nacional, la circulación era mucho menor a la habitual.
La defensa agregó que “tampoco cabe justificación del accionar de la GNA en el llamado ´Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas´, tal ejercicio del derecho de reunión no debe admitir restricciones, mucho menos de resoluciones administrativas”.
La propia causa judicial demuestra la ilegalidad con la que actuó la GNA y el poder político reprimiendo a quienes reclamaban contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional.
En el documento se reclamó el sobreseimiento de los imputados por inexistencia de delito de los manifestantes sosteniendo que "es evidente que, tanto la represión como la detención infundada de los imputados, se trató de una medida política del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) contraria a los derechos constitucionales de miles de manifestantes y la clase trabajadora en su conjunto, una clara medida represiva y antisindical y contraria a los más elementales derechos democráticos. Mantener la imputación a mis defendidos, no puede más que considerarse como un ejemplo más de criminalización de la protesta social, resulta absurdo que por ejercer derechos constitucionales los trabajadores terminen procesados penalmente, despojándolos ’a priori’ de tales derechos”.
Al mismo tiempo, se solicitó que “el procesamiento de los agentes de gendarmería intervinientes en los hechos, su máxima autoridad, así como al Sr. Eugenio Burzaco y la Sra. Patricia Bullrich” por los delitos de abuso de autoridad (art. 248 CP), lesiones (art. 89 CP), abuso de armas (art. 104 CP), privación ilegal de la libertad (art. 144bis CP), incomunicación indebida durante la detención (art. 143 inc. 3º) en tanto no se les permitió a los detenidos entrevistarse con sus abogados mientras estaban en custodia de la Gendarmería, apremios ilegales (art. 144 bis inc. 2 y 3), discriminación política (art. 3 ley 23.592) y delitos contra la libertad de reunión (art. 160 del CP).-
Se destacó en el documento el repudio inmediato que genero el accionar de la GNA con el pronunciamiento de importantes luchadores por los Derechos Humanos de este país como el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo –LF- Elia Espen y Nora Cortiñas, la nieta restituida Victoria Moyana del CeProDH, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Carlos Lordkipanidse de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, SERPAJ, Carlos Propato, ex trabajador sobreviviente de la Ford, León Piasek de la Asociación de Abogados Laboralistas, el abogado Eduardo Tavani, Jorge Luis Elizondo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario (AALR) y docente universitario UNR entre muchísimos otros
A esta denuncia de la defensa de los 6 manifestantes detenidos, se suma la querella presentada por la abogada Myriam Bregman, diputada nacional (MC) del PTS–FIT, que reclamó también que se investigue el accionar de la Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad por la represión en Panamericana.
En este estado actual de cosas, no se puede considerar únicamente al Gobierno del Pro como el único en haber avanzado en políticas represivas: la UCR en Jujuy es abanderada de la impunidad, siendo escoltada -denunciadaante- la CIDH por su flagrante violación de los derechos humanos y donde recientemente 16 policías fueron detenidos por entrar a la Universidad y llevarse estudiantes detenidos. Sin perjuicio de la coalición gobernante, el Frente para la Victoria (FpV) en Santa Cruz, reprimió una protesta de trabajadores estatales y jubilados denunciando a los manifestantes por "alterar el orden constitucional” y “sedición".
Así es que, desde Jujuy a Tierra del Fuego, en la Argentina del ajuste, se blinda este ataque económico con represión, detenciones y causas penales contra los que ejercen el derecho a manifestarse.
Un paréntesis se cuela ante esta situación que, merece ser compartida. La autopista Panamericana cuenta con historia y ha sido un lugar donde los reclamos obreros se han hecho sentir. El paisaje ya conocido de la “197 ypana” no conoce exclusividad política para la represión y ello hay que tenerlo presente.
Lo ha visto a un carapintada -puesto por CFK - sobrevolando el área y a las balas de gomas tiradas en el asfalto y en la piel de quienes se atrevieron a manifestarse por sus propios reclamos luchando contra la complicidad del Gobierno, empresarios y burócratas sindicales. Aun siendo perseguido por el espionaje ilegal llamado “Proyecto X” utilizado por el kirchnerismo. Este cuadro lo ha reconocido Sergio Berni haciendo bandera de la violación al derecho de manifestación contando que en 4 años desalojó más de 2.500 piquetes.
En diálogo con La Izquierda Diario, María Luz Santos Morón expresó que: “El avance en las causas penales contra los manifestantes no solo implicaría un acto de gran injusticia sino que también legitimaría el accionar represivo e ilegal de la Gendarmería que actúo bajo la orden política del gobierno de Cambiemos".
Agregó que: "Frente al reclamo de amplios sectores de trabajadores ante el deterioro de las condiciones de vida y las medidas de ajuste de Macri y los gobernadores, la respuesta tanto a nivel nacional como provincial es la represión para intentar disciplinar a quienes salen a pelear por sus derechos.or eso es fundamental que se investigue el accionar represivo digitado por Bullrich y Burzaco”.
Para finalizar dijo que “junto a numerosas personalidades, organismos de derechos humanos, gremios como ADULP, organizaciones sociales y políticas, vamos seguir reclamando el sobreseimiento inmediato de los seis manifestantes y la no criminalización a la protesta social porque es un derecho elemental”.
