La Fiscalía reclama medio millón de euros a 27 activistas por ocupar el rectorado de la Universidad Auntònoma de Barcelona en una protesta en 2013.
Pere Ametller @pereametller
Jueves 25 de mayo de 2017
Foto: #som27imés
Año 2013. Más de 150 personas llevaron a cabo un encierro en el rectorado de la Universidad Autònoma de Barcelona para exigir que se cumplieran los acuerdos tomados en el Claustro de marzo de ese mismo año. Dichos acuerdos tenían como objetivo la defensa de la universidad pública, la suspensión de los incrementos abusivos de los precios de las matrículas y la reprobación y no aplicación de los recortes. La respuesta del Rectorado ante esta protesta fue solicitar el desalojo por la fuerza, algo que fue llevado adelante de forma brutal por los Mossos d’Esquadra y la denuncia de la propia Vicerectora d’Estudiants de la UAB Silvia Carrasco contra los manifestantes.
Lo que viene después es ya conocido por muchos. La Fiscalía pide penas de prisión de entre 11 y 14 años a 25 estudiantes, un profesor y un miembro del Personal de Administración y Servicios. Entre los acusados se encuentra Ermengol Gassot, secretario general de la CGT Catalunya.
Después de más de tres años, el proceso judicial da un nuevo salto y se profundiza todavía más contra los activistas acusados, que se encuentran agrupados en la plataforma “Som 27 i més” que lucha por la absolución sin cargos de todos los acusados.
Esta semana se hacia pública la apertura de la fase del juicio oral del caso. Además se ha conocido la decisión del juez de proceder a la petición de una sanción económica en calidad de fianza de 511.835 euros, tal y como demanda el mismo informe del Minsiterio Fiscal. Lo más escandaloso, sin embargo, es que en caso de no poder hacer frente al pago, este importe será embargado a los acusados como seguro para cubrir la responsabilidad civil.
No obstante, es importante recordar que la propia dirección de la UAB cifró los daños en poco más de 10.000 euros. Aunque en un primer momento la UAB valoró los daños en 388.000 euros y así lo hizo constar en su denuncia. Después se retiró del procesó, pero la Fiscalía sigue por el camino de esta desorbitada petición, llegando incluso a aumentarla.
Ante tal situación, la plataforma de apoyo “Som 27 i més” declaraba que “queremos pedir una vez más al Equipo de Gobierno de la UAB que exija públicamente el sobreseimiento del caso y que renuncie a la responsabilidad civil hinchada por el anterior Equipo de Gobierno. A la vez, pedimos que se posicione en contra de las peticiones de la fiscalía, que chocan frontalmente con los principios que deberían regir una sociedad democrática donde la libertad de expresión sea una realidad y no sólo un ideal”.
Sin duda, todo el proceso que vienen sufriendo los 27 acusados es un paso más en el incremento de la persecución hacia cientos de activistas, estudiantes, profesores y trabajadores, con el poder judicial a la cabeza, para tratar de amedrentar al conjunto del movimiento estudiantil.
La política de mano dura que se viene llevando adelante tanto desde el Gobierno central como los autonómicos, y profundizada desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza, es la de inculcar el miedo a miles de activistas y luchadores que defienden sus derechos y libertades, con condenas escandalosas y dejando a cientos en situaciones extremas. Alfon, Andrés Bódalo, o los cientos de inculpados por las operaciones “Araña” son ejemplos claro de ello.
